Lesmes se plantea dimitir si Sánchez y Feijóo no renuevan el CGPJ en las próximas semanas

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no descarta dimitir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no llegan a un acuerdo para renovar el CGPJ en las próximas semanas. Por ello, ha emplazado a que “se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva” a la “situación insostenible” que vive el Consejo, apremiándoles a que el órgano de gobierno de los jueces “sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias” para que pueda efectuar los nombramientos pendientes pese a encontrarse en funciones.

De no ser así, ha advertido el presidente del Supremo en presencia de Felipe VI en un duro discurso durante el solemne acto de apertura del año judicial, “será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”. Y es que de hacer oídos sordos a este llamamiento in extremis, Lesmes podía barajar la dimisión. En el propio discurso ha precisado que “aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es, pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional”. Para el presidente del CGPJ una renuncia colectiva de los vocales “sería irresponsable, e inaceptable”, pero no ha cerrado la puerta a dar un paso atrás individualmente.

Un gran “estropicio”

Lesmes ha lamentado que la clase política esté en los últimos años “debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española”, refiriéndose expresamente al Consejo General del Poder Judicial y al Supremo. “El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial”, ha expresado en relación al bloqueo en la renovación del Consejo del Poder Judicial.

El presidente del Supremo y del Consejo ha afeado a la clase política “la falta de renovación en plazo” del órgano de gobierno de los jueces (en funciones desde hace casi cuatro años por la falta de acuerdo entre PSOE y PP) y “la limitación de sus funciones esenciales”, así como “la constante merma de efectivos que se está produciendo desde el pasado año, como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición”, en el Supremo (que acumula ya 14 vacantes sin cubrir), ante la imposibilidad del Consejo del Poder Judicial de hacer nombramientos con el mandato agotado (a consecuencia de la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos para forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ).

En su discurso también se ha mostrado muy crítico con la reforma que abanderaron PSOE y Podemos para forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ, y que desde marzo del pasado año impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos mientras esté en funciones. Una iniciativa que, ha dicho, “ha resultado frustrada en sus propósitos, puesto que no ha conseguido la renovación del Consejo, aunque sí ha provocado un enorme debilitamiento de su legítima función constitucional, como garante de la independencia judicial”.

Lesmes ha hecho hincapié en que el mandato de cinco años de los vocales del Consejo no es “en ningún caso” meramente “orientativo”, por lo que el Congreso y el Senado “están obligados a respetar ese plazo”. Una obligación, ha recordado, “extensible a las fuerzas políticas allí representadas”, que deben huir -ha subrayado- de “razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean”. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha destacado.

“Paralización” del sistema judicial

El presidente del Supremo ha lamentado que, desde 2018 (cuando en diciembre llegó a su fin el mandato de los vocales del CGPJ) sus reiterados llamamientos para renovar la institución “no han surtido efecto alguno, con la grave consecuencia de que la paralización del Consejo se está trasladando a todo el sistema judicial”. De ahí que haya reiterado que esa renovación pendiente “debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”.

Lesmes ha matizado, no obstante, que el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ ha abocado al organismo a “una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales”.

Ese modelo, ha dicho, “genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia, percepción que, además, se ha incrementado exponencialmente los últimos años”. Por tanto, ha añadido, la reforma para que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces es “ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible”.

En contra de “desjudicializar” el “procés”

Lesmes ha defendido la independencia de los jueces y magistrados y se ha mostrado en contra de las voces que desde el Gobierno de Pedro Sánchez apuestan por la “desjudicialización” del pulso independentista en Cataluña en 2017. Así, ha lamentado que se hable “sin rubor alguno de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran éstos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad”.

Y ha advertido de que con ese planteamiento “existe el riesgo” de que “lo que se acabe produciendo es una huida de la ley o, lo que es más grave aún, del principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos”. De hecho, ha puesto en valor “la fortaleza de nuestro Estado de Derecho” ante el desafío soberanista “y la actuación posterior de los jueces a raíz de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado”, una actuación que -ha recalcado- sirvió “para preservar nuestra convivencia y garantizar la primacía de nuestra Constitución”.

Lesmes también ha censurado las “desafortunadas” críticas a la Justicia española del exvicepresidente Pablo Iglesias (al que sin embargo no se ha referido expresamente) tras los pronunciamientos de las Justicias belga y alemana en contra de la entrega de Carles Puigdemont y de los exconsellers huidos. “Descalificó a la Justicia española, afirmando la existencia de una supuesta humillación, en relación con la interpretación y aplicación de la Orden Europea de Detención y Entrega realizada por el juez instructor en un caso por todos conocido”, ha referido.

Lesmes ha asegurado que “tal vez ignoraba aquel dirigente político al realizar tan desafortunadas declaraciones que el Derecho Europeo se interpreta en última instancia y con carácter vinculante por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que se acudió a través del procedimiento prejudicial para que resolviera la controversia”.