Aunque en el BOE se hizo oficial este fin de semana, Rafael Fernández Valverde lleva semanas haciendo cajas para despedirse de su despacho en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En realidad, es un doble adiós porque también es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y ahí ha tenido que hacer otra mudanza, muy a su pesar, por su jubilación. Bajo el cartón muchos libros, pero la sabiduría se la lleva él que ingresó en la carrera en 1976 y ha pasado por el Tribunal Superior de Canarias, la Audiencia Nacional y casi 20 años en el Supremo. Además, fue miembro de otro CGPJ entre 1996 y 2001 del que recuerda con especial horror el Pleno tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Del presidente del órgano entonces, Javier Delgado, aprendió a ser prudente; del actual, Carlos Lesmes, «a mandar con habilidad». A Lesmes y al resto de sus compañeros les hace un roto importante. Es la primera baja del Poder Judicial sin renovar desde 2018 y sin capacidad de nombrar un sucesor en el alto tribunal.

¿Confía en que la renovación del CGPJ vaya a producirse en esta legislatura?

Creo que sí, el problema es que así lo vengo pensando desde hace tres años y medio.

¿Cuál sería, a su juicio, la solución para desencallar esta situación?

No me corresponde hacer indicación alguna a las Cortes Generales acerca de cómo deben cumplir el mandato constitucional de la renovación, pero lo que sí es cierto es que el deterioro de la institución es evidente. Un poder del Estado no puede tratar así a otro, pues el necesario equilibrio entre ellos se pierde. Lo que está en juego es el propio sistema constitucional, pues se está produciendo una mutación constitucional por la vía de hecho o de la inacción política cuya repercusión puede ser perjudicial para todos.

Creo que las respuestas del CGPJ siempre han sido independientes, razonadas y motivadas. Hasta hemos tenido que decidir sobre la gestión de la pandemia supervisando decisiones de los diversos Poderes ejecutivos. Esto es, que tiempos de crisis entiendo que hemos cumplido con nuestra función jurídica. Tengo la sensación de que la sociedad y otras instituciones, en tal situación de crisis, han mirado hacia nosotros, y, sinceramente, creo que hemos transmitido la confianza y la seguridad jurídica que la sociedad necesitaba y nos demandaba. Por ello, no me parece razonable que hayamos llegado a esta situación de bloqueo. No creo que el Poder Judicial lo merezca. En realidad, se le está privando de seguir dando las respuestas que la sociedad demanda y necesita.

¿Las Salas del Supremo están en apuros? ¿Cómo es su visión desde dentro?

El daño ya está hecho, y la recuperación tardará años pese al acertado empuje del presidente de la Sala, César Tolosa. Los Magistrados del Tribunal Supremo no surgen como setas con la lluvia, necesitan un periodo de adaptación y acoplamiento… una vez que se les nombre, claro. Al menos, en esta situación, el Ministerio de Justicia debía ser generoso con los medios que se le han solicitado. A quien hace daño esta situación es a los ciudadanos que verán irremisiblemente retrasada la resolución de los conflictos; daño que también es para el propio Estado, pues el bloqueo de fondos públicos es incalculable.

¿Qué cambiaría del funcionamiento del CGPJ?

Necesito cierta perspectiva para responderle, pero creo que lo que se ha puesto de manifiesto con el funcionamiento del Consejo del que me marcho, es que veinte vocales, con dedicación exclusiva, pueden resultar innecesarios.

Por otra parte, la Unión Europea tiene un claro déficit judicial, como en su día lo tuvo el Parlamento Europeo. No tiene mucho sentido acudir a la Comisión Europea con nuestros problemas internos, pues es acudir al ejecutivo europeo, que no al judicial que, en realidad no existe. Ya tenemos Fiscalía europea y algún organismo judicial sería necesario, pues los Tribunales de los Estados miembros no siempre se han movido con respuestas adecuadas a las exigencias del propio derecho de la Unión Europea. Creo que los ejemplos no son necesarios. Este avance judicial europeo tendría su repercusión en la propia cohesión interna tan necesaria en estos momentos.

Usted ha pasado toda su vida dedicada a la Justicia ¿Cree que es justo que los magistrados que se van a la política y vuelven no pierdan antigüedad en el escalafón, pero no ocurra lo mismo con la empresa privada?

La situación actual no es satisfactoria en ese sentido, si bien quienes asumen una excedencia voluntaria no cuentan con tal privilegio; tampoco lo son las puertas giratorias privadas. Entre otras cosas este país necesita una regulación de los lobbys, que en el diccionario de Oxford se definen como aquellos grupos de presión formados por personas con capacidad de presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas. Curiosamente el diccionario de Oxford no contempla la presión sobre los tribunales, y los ingleses entienden de esto.

Algunos hablan de intercambio de cromos en los nombramientos de las cúpulas de los tribunales. Incluso la Asociación Francisco de Vitoria ha judicializado el asunto. ¿Hay intercambio de cromos?

Yo los cromos sólo los cambiaba de niño. Los nombramientos podrán gustar más o menos, pero el mérito y la capacidad siempre han estado presentes. Son nombramientos de veintiuna personas a la que llega toda la información sobre los candidatos. Cualquier nombramiento tiene muchos perfiles y puntos de vista pero el eje central es el mérito y la capacidad.

Avaló -como miembro del CGPJ- el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General, pero fue uno de los firmantes -en el Supremo- del texto que pedía que el recurso sobre la validez de su nombramiento se llevara a pleno. ¿Está de acuerdo con la decisión que se adoptó de rechazar los recursos porque el recurrente no tenía legitimación?

Voté en el CGPJ el dictamen en favor de la viabilidad jurídica del nombramiento de la persona por la que se me pregunta, porque entendía que no es al CGPJ a quien le corresponde la valoración política del nombramiento, sino sólo la jurídica. Tal valoración correspondía al Parlamento y al Gobierno. Pero en el voto concurrente que realicé, en compañía de la vocal Ángeles Carmona, advertíamos de que tal nombramiento afectaría a la percepción de la independencia del Poder Judicial, como así aconteció.

Esto de la legitimación de los partidos recurrentes también ha sido el motivo de rechazo para revisar los indultos el procés. ¿Tiene este argumento el peligro de convertirse en un precedente que anule de plano la capacidad de recurrir de algunos grupos?

El tema de la legitimación para la impugnación de los asuntos por los que se me pregunta daría para escribir varias tesis doctorales universitarias. La valoración de la afectación de los derechos o intereses, en los que se apoyaría la legitimación, es muy casuística. Las discrepancias y votos particulares a los que se refiere, así lo pone de manifiesto. Cualquier decisión razonada y motivada podría ser aceptable, pero yo siempre he entendido que resolviendo las cuestiones de fondo se satisface mejor el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española.

¿Cree que el Poder Judicial sufre ahora más críticas por parte del poder político que antes?

Creo que el tono medio es el habitual y conocido. Ante una resolución judicial que no gusta disparemos sobre quien ha aplicado la ley. En algunas ocasiones he entendido que se trataba de autocríticas de los propios autores de las normas. Bienvenida sea toda crítica, razonada en derecho. Pero la misma no puede llegar al insulto o a la descalificación personal de alguien que lo más normal es que ni responda. Para eso, justamente para eso, está y es necesario el CGPJ.

Muchos señalan a Vox por haber “judicializado la política” por la cantidad de recursos que han interpuesto tanto en el Supremo como en el Constitucional desde que han conseguido más de 50 diputados. ¿Considera que la política se ha judicializado o es bueno que exista este control por parte del otro poder?

La Constitución Española prohíbe la arbitrariedad en la actuación de los poderes pública. La arbitrariedad política debe tener su respuesta en sede parlamentaria o electoral; a los tribunales sólo les corresponde la arbitrariedad jurídica, que ya es bastante.

A lo largo de su carrera… ¿Ha recibido alguna vez presiones por parte de alguno de los otros poderes del Estado? (o ha visto compañeros que las hayan recibido)

No, nunca.

¿Considera necesario modificar nuestra constitución?

En algunos aspectos sí, pero para ello hace falta un período de estabilidad política que no se vislumbra en el horizonte político español. Ojalá. Recuerde aquello de que en tiempos de tribulación no hacer mudanza, aunque muchas veces una buena mudanza abre muchas perspectivas.

¿Se arrepiente de alguna sentencia que haya firmado?

Nunca, aunque en los Tribunales colegiados no estuviera conforme con la mayoría.

Alguna que le haya marcado...

Tuve la obligación de dictar, en septiembre de 1981, la primera sentencia de divorcio desde la Segunda República. Creo que han sido muchas las sentencias en materia de extranjería, adaptándonos a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la apatridia de los saharauis, el asilo político del líder guineano Severo Moto. Pero, por su continuidad en el tiempo, creo que han sido importantes las sentencias sobre urbanismo, medio ambiente, costas u otras infraestructuras del Estado.

La doctrina que el Tribunal Supremo estableció en relación con el control de los indultos (Asunto “kamikaze”) creo que fue un impulso importante en relación con el control jurisdiccional de las arbitrariedades de los poderes públicos proscritas por la Constitución aunque se dictara con una apretada votación.

Tengo la sensación de haber contribuido, humildemente, junto a mis compañeros del Tribunal Supremo, a la transformación jurídica de este país desde la doble perspectiva constitucional y europea.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?

Posiblemente, el trato diario con los compañeros.