Historia de un desencuentro: Sánchez y Feijóo, seis meses sin hablarse

El 25 de abril de 2022. Esta es la fecha clave, la última vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mantuvieron una breve comunicación. Breve y alejada, ya que fue vía Whatssap. El jefe del Ejecutivo se ponía en contacto con el presidente del PP para informarle de que el interlocutor del Gobierno en materia de justicia sería el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mientras que al frente de la negociación económica pondría al frente a la titular de Hacienda, María Jesús Montero. La respuesta de Feijóo no se hizo esperar y vía Whatssap, de nuevo, le trasladó que sus interlocutores serían los vicesecretarios Esteban González Pons (justicia) y Juan Bravo (economía).

Casi seis meses después, con los canales de comunicación prácticamente rotos, tanto entre ellos como entre sus “elegidos”, vuelven a verse las caras más allá de sus rifirrafes en la Cámara Alta. El 7 de abril, durante su primer encuentro en La Moncloa, Sánchez planteó a Feijóorenovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) en dos meses, antes del 12 de junio. Apenas dos semanas después, rompían cualquier vía de comunicación personal y se limitaban a cruzar reproches y acusaciones en sus distintas comparecencias.

Tampoco ayudó mucho la llegada de elecciones en 2023. Lejos de tender puentes, el propio Sánchez se encargó de hacer pública la agrietada relación entre el PP y el PSOE, asegurando que el cambio experimentado por el PP con la llegada de Feijóo «ha sido a peor». En un viaje oficial a Bogotá, el presidente español llegó a manifestar que no tenía ninguna relación con Feijóo y relató que cuando él era líder de la oposición hablaba mucho más con el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Objetivo: anular a Feijóo

El jefe del Ejecutivo acusó al líder del PP de mantener una actitud «contraria al sentido común», que va contra el interés general y atacó duramente al PP: «De dos años a esta parte sufrimos una oposición negacionista que carece de sentido de Estado y que no cumple con sus obligaciones constitucionales». Lo que vino después fue la aprobación del decreto energético del Gobierno, de la mano de ERC, PNV y Bildu, y otra oportunidad fallida de reconstruir los puentes rotos con el principal partido de la oposición.

Y es en este punto, el de las “obligaciones constitucionales”, donde ambos líderes se echan la culpa el uno al otro. Sin lugar a dudas, el bloqueo del Poder Judicial se ha convertido en el principal escollo en las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Y ha tenido que ser un ultimátum, el del presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el que haya provocado que Sánchez y Feijóo se reúnan este mismo lunes para abordar un tema que trae de cabeza no solo a las instituciones españolas sino a las europeas. Ayer, Lesmes anunciaba su renuncia: “Mantenerme en esta responsabilidad solo serviría para convertirme en cómplice en una situación que aborrezco y que es inaceptable”. Una decisión provocada por la incapacidad del Gobierno y del PP de llegar a un acuerdo para elegir a los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces.

A través de un comunicado, señala que durante estas semanas se ha dirigido “de forma reservada” y “en varias ocasiones a los responsables políticos” para intentar “alcanzar la urgente renovación del Consejo” o la devolución de las competencias para hacer nombramientos, pero no tuvo éxito en su cruzada. Así, tal y como adelantó el pasado 7 de septiembre, durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, renunciará hoy a su cargo.

Un final anunciado, con un telón de fondo clave: la falta de comunicación entre los dos grandes protagonistas. Condenados a no entenderse, Sánchez prioriza el relevo en el Consejo y Feijóo supedita dicho relevo a una modificación del sistema de elección de los vocales que dé más voz a los jueces. Pero laposibilidad de efectuar nombramientos requiere una reforma legal como la que impulsó el Gobierno para permitir al CGPJ nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (que junto a los dos que elegirá el Gobierno dejarán un TC de mayoría progresista).

Desde el PP insisten en culpar al Ejecutivo de Sánchez de este bloqueo judicial. Aseguran haber enviado ya varias propuestas por escrito –en julio y en septiembre– «para adecuar nuestro modelo a los requisitos y preferencias de la Comisión europea», sin obtener respuesta alguna del Gobierno. Tanto es así, que tras la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, a nuestro país, Bruselas ha decidido imponer un sistema para monitorizar la despolitización de nuestra Justicia. El plazo termina en diciembre y no se descarta un posible expediente a España.