“Caso Miguel Ángel Blanco”: la incomparecencia de la Fiscalía obliga a aplazar la declaración de “Kantauri”

La declaración de José Javier Arizkuren Ruiz, “Kantauri” prevista para hoy en relación a su supuesta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 se ha aplazado finalmente por la incomparecencia de la Fiscalía, pues según fuentes jurídicas los dos fiscales asignados al caso están de baja, por lo que la comparecencia -que se traslada al próximo día 28- ni siquiera se ha llegado a celebrar.

No se espera mucho de esta cita, pues previsiblemente el exdirigente etarra esgrimirá su derecho a no declarar porque Francia no le entregó a las autoridades españolas por estos hechos, acogiéndose por tanto al principio de especialidad (que obliga a la Audiencia Nacional a solicitar el permiso del país vecino para interrogarle en relación a esta acción criminal), al que solo podría renunciar de forma voluntaria, algo que no sucederá.

La incomparecencia del Ministerio Público se produce después de que el pasado julio las discrepancias entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el fiscal del caso, Vicente González Mota, en cuanto a la prescripción de los hechos acarrearan el relevo de este último en la comparecencia de otros dos exjefes de ETA investigados -Mikel Albisu, “Mikel Antza”, y Soledad Iparraguirre, “Anboto”-. Su sustituto, Pedro Rubira, desinfló los indicios recogidos por la Guardia Civil en su informe de inteligencia y anticipó que la posible responsabilidad de los imputados habría prescrito.

Una actuación fiscal bajo la lupa

Ahora, tras la incomparecencia por baja médica del fiscal Miguel Ángel Carballo, que se ha hecho cargo del caso junto a Rubira (que tampoco ha podido suplirle por un asunto personal grave, según las fuentes consultadas), García Castellón no ha tenido más remedio que aplazar la cita. Tras la polémica en torno a la prescripción -el fiscal González Mota llegó a recurrir el archivo de las actuaciones respecto a otro de los querellados, Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”, al cuestionar que su posible responsabilidad haya prescrito-, fuentes de las acusaciones han mostrado a LA RAZÓN su extrañeza por lo sucedido. Algunas, incluso, van más allá y consideran que esta demora que achacan a la Fiscalía “no hace sino entorpecer la tramitación de la causa”. Además, añaden, consideran que tras el polémico relevo del fiscal del caso “lo que tocaba era normalizar la situación y no avivar los recelos con una situación anómala”.

En todo caso, el exjefe de ETA iba a comparecer por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el tiempo imprescindible para que el instructor ratificara, como era de esperar, que sin el aval de Francia “Kantauri” no está dispuesto a ser interrogado sobre este asunto.

En su auto de imputación, el magistrado recordaba que en 1996 el secuestro de un concejal del PP “era una prioridad absoluta” para la dirección de ETA, que a través de su cúpula apremió a llevarlo a cabo en verano “y lo antes posible”. Un propósito que, señaló, queda acreditado por anotaciones manuscritas atribuidas a “Kantauri”, entonces responsable de los “comandos ilegales”, y enviadas a los integrantes del “comando Vizcaya”.

Para García Castellón no hay duda de que “partiendo de esa fuerte jerarquía reinante en ETA, en la que imperaba la disciplina y la organización”, existió en su seno “una cadena de mando de tipo vertical y “militar” en la que las órdenes emanadas desde su comité ejecutivo llegaban a los integrantes de los comandos operativos de la organización terrorista para ser cumplidas”.

“Suficiente capacidad de decisión”

Según el magistrado, los imputados pudieron haber evitado el asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) al ostentar “suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización”. En su calidad de integrantes de la cúpula terrorista, defendió en su auto de imputación, no solo decidieron, planificaron y ordenaron esa operación criminal, sino que se responsabilizaron de su secuestro a través de un comunicado de la dirección etarra “justificando la acción terrorista”.

El instructor se negó a investigar a otro exjefe de ETA, Ignacio Gracia Arregui, “Iñaki de Rentería”, y archivó las actuaciones respecto a él al entender que su posible responsabilidad ha prescrito, pero la Fiscalía y el resto de acusaciones recurrieron esa decisión.

“Anboto” y “Mikel Antza” comparecieron el pasado día 21 ante el juez (la primera por videoconferencia), aunque ambos se acogieron a su derecho a no declarar. “Mikel Antza” (investigado también por el asesinato de Gregorio Ordóñez) se limitó a decir que ya fue condenado en Francia por asociación de malhechores y ha cumplido su condena.

“Mikel Antza”, en libertad

El juez acordó su libertad provisional de “Mikel Antza” al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva, pero a petición de Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España, unas medidas que ya pesaban sobre él en la causa por el asesinato de Gregorio Ordóñez.

“Mikel Antza” fue entre 1994 y el 3 de octubre de 2004, cuando fue detenido en Salies de Bearn (Francia), el responsable del “aparato político” de ETA e integrante, por tanto, de la Zuba o comité ejecutivo de ETA.

Iparraguirre tampoco quiso responder a ninguna pregunta sobre el secuestro y asesinato del edil de Ermua y únicamente aseguró que no fue entregada por Francia por estos hechos, por lo que se acogió al principio de especialidad (que impide interrogarle en España por hechos ajenos a los que justificaron su puesta a disposición de la Justicia española).

Eran “plenamente conscientes”

“Anboto” fue la principal responsable de los “comandos legales” de ETA y dirigente de su “aparato militar” entre principios de 1993 y finales de 1998, cuando asumió la gestión de la tesorería de ETA y el control de los “zulos”. Para García Castellón, tenía una “participación en la dirección de las acciones terroristas y fijaba los objetivos potenciales de las mismas”.

Y es que según el instructor, los dirigentes etarras eran “plenamente conscientes” de su “posición de mando” y de su “amplia capacidad de actuación” en el seno de la organización terrorista, una preponderancia jerárquica que les permitía “ordenar la comisión de acciones terroristas concretas” o bien “evitar las mismas”, por lo que “pudieron haber evitado” el asesinato de Miguel Ángel Blanco dada su “suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización”.

García Castellón defiende que “tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, el asesinato de la víctima”, tal y como defendía en la querella contra la excúpula de ETA que reabrió la causa el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien considera responsables del secuestro y posterior asesinato a los integrantes de la Zuba como autores mediatos por el dominio que tenían en ETA, lo que en cualquier momento les hubiera permitido evitar la ejecución del edil.