El Supremo acelera la revisión de Mozo como presidente del CGPJ

El Tribunal Supremo no va a agotar el plazo de tres meses que tiene para revisar las medidas cautelares de los recursos contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes jurídicas del Alto Tribunal sitúan en unos “diez días” la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo que marcará si, por el momento, puede continuar la bicefalia tras la dimisión de Carlos Lesmes con Mozo al frente del CGPJ y Francisco Marín Castán con la batuta del Supremo.

El vocal Wenceslao Olea y el secretario general del Consejo, José Luis de Benito, tardaron apenas horas en impugnar la decisión adoptada por mayoría del CGPJ de que la jefatura de esta institución y la del Alto Tribunal, que siempre la había liderado una sola persona, se desdoblara de forma excepcional dejando a Mozo como un presidente “suplente” hasta que un pacto político renueve el mandato del Poder Judicial caducado. Ni Olea ni de Benito creen que esto sea legal porque, según alegan en sus recursos, la ley habla claramente de una sola presidencia.

Por eso pidieron a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativa -una especial que se conforma con los presidentes de las cinco secciones- que se pronunciara de forma urgente. Y así lo hicieron el pasado 18 de octubre, los magistrados no vieron motivo para admitir las medidas cautelarísimas (”inaudita parte”, es decir, sin escuchar a la otra parte) que pedían los recursos porque no apreciaron “circunstancias de especial urgencia”. Pero ahora llega el siguiente escalón, las medidas cautelares que, según juristas especialistas en contencioso consultados por este periódico, tienen más visos de prosperar.

La premura de tomar una decisión sin escuchar al Consejo no fue entendida por los magistrados (”no estaba en riesgo la demolición de una casa o la exportación de un extranjero”, indican los juristas consultados), pero ahora una vez dada esa opción el escenario cambia. El Supremo ha emplazado a los 16 vocales que votaron a Mozo como presidente a comparecer como codemandados, si bien según la información recabada por este periódico de momento ninguno lo ha hecho.

El escrito de Olea plantea que están en jaque «cientos» de decisiones porque si Mozo se sienta al frente de las comisiones y los plenos que adoptan acuerdos y, más adelante, el Supremo anula su designación todo quedará en papel mojado. De hecho pone el ejemplo de los dos magistrados que el CGPJ debe elegir para ir al Tribunal Constitucional. «De anularse la designación, y la forma en que debe desarrollarse del Presidente en funciones se verían afectados de nulidad de pleno derecho; es decir cientos de resoluciones (jubilaciones, permisos, comisiones de servicios en el órgano, nombramientos, etc.) se verían afectado por dicha nulidad. Pero sobre todo, este vicio de nulidad podría afectar a la designación de dos magistrados del Tribunal Constitucional y no parece necesario reseñar la relevancia que ello supondría», expone el recurso.

Se da la circunstancia de que dos de los miembros que componen la sección sexta sobre la que recae la decisión (Eduardo Espín, José Manuel Bandrés, Celsa Pico, Octavio Juan Herrero y José Antonio Montero) son candidatos del bloque progresista del CGPJ para ocupar una de las sillas en el Tribunal de Garantías. Se trata de Espín y Bandrés que junto a Pablo Lucas son las tres opciones que baraja este sector. Dichas negociaciones se retoman estos días. Aunque todavía no hay fecha para que se siente la comisión negociadora, este miércoles se reúne el bloque progresista de nuevo para empezar de cero después de que el pacto de la renovación entre el PP y el PSOE haya fracasado. “Tenemos que establecer una estrategia de carácter general”, señalan fuentes del Consejo. “Ahora se nos abre un nuevo periodo”, dicen, y los ánimos parecen proclives a pactar los candidatos al TC.

En el Supremo son conscientes de este extremo y, por ello, no quieren demorar la decisión sobre la legitimidad de Mozo para rubricar como presidente. Tras resolver la medida cautelar los magistrados deben decidir si entran o no en el fondo de la cuestión. Terreno virgen porque nunca en democracia se había producido una crisis institucional de este calibre en el ámbito judicial con dimisión del presidente incluida. Pero es bien sabido en tribunales que si la medida cautelar prospera, el sentido de la sentencia final suele ir en la misma línea. Nadie toma una decisión de ese tipo a la ligera, señalan citadas fuentes. Si por el contrario los magistrados no ven problema en la continuidad de Mozo todo parece indicar que será labor suya poner de acuerdo a unos y a otros para alcanzar un pacto en el Constitucional y que la anomalía que vive la Justicia tenga, al menos, uno de sus órganos renovado.