El Congreso revive el “procés” con el aval a la malversación

El Congreso de los Diputados sirvió ayer de teletransportador a dos lugares en los que han vivido momentos de máxima tensión e incertidumbre: al Parlament del 2017 donde se aprobaron las leyes de la desconexión de Cataluña con España y al golpe de Estado del 23-F.

La Cámara Baja aprobó ayer en un bronco debate la reforma del Código Penal, a modo de cajón de sastre, donde se incluyen las principales concesiones a independentistas como pago por el voto de los Presupuestos: la eliminación del delito de sedición, la rebaja del de malversación, una revisión de la ley del «solo sí es sí» y la polémica reforma para forzar la renovación del Tribunal Constitucional. Este último punto fue lo que tensionó sobremanera el pleno de ayer ante el riesgo de la paralización del debate en el Congreso a causa de la presentación del recurso del PP al Alto Tribunal, que finalmente decidirá el lunes sobre la suspensión o no de la reforma.

Un Congreso dividido en dos mostró la imagen de la ruptura definitiva durante toda la jornada. Hasta las seis y media de la tarde cuando en un ambiente irrespirable, saltándose los informes preceptivos de los consejos de Estado, Fiscal y del Poder Judicial, el Gobierno consumó su reforma exprés con 184 síes, 64 votos en contra y una abstención, la de Compromís, socio del Gobierno. Gesto que demuestra lo imposible que era aceptar el discurso que defiende Moncloa de que se endurecen los delitos de la corrupción, a pesar de que la malversación se abarata. Ni PP ni Ciudadanos quisieron formar parte de la votación, mientras Vox abandonó el debate.

Los partidos del bloque de la derecha trataron de paralizar la tramitación de la reforma desde que comenzó el pleno, una vez confirmada la decisión del TC de esperar. Si bien fuentes populares aseguraron «respetar» su posición, hubieran preferido una «respuesta rápida» al ver que el Gobierno vulneraba los derechos de los diputados de las Cortes y comprometía las garantías del sistema parlamentario. Es por ello que PP, Vox y Cs usaron las herramientas a su alcance, tratar de frenar el debate apelando a la Constitución y a los recursos que los grupos presentaron a la mesa del Congreso y que todavía no están resueltos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, desoyó sus peticiones y dio inicio al debate «en defensa de la potestad legislativa» del Congreso.

A partir de entonces, las acusaciones de «golpe de estado», «actitudes antidemocráticas» o, incluso, «demolición del estado», fueron una constante y de manera cruzada se las arrojaron entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, fue la encargada de retratar al Ejecutivo por sus pactos con los independentistas. Los sentenció por «plegarse a la hoja de ruta» de los secesionistas con la convicción de que lo volverán a hacer. Acusó al PSOE de «creerse que la democracia es suya» y de dejar el camino limpio a «quienes en 2017 dieron un golpe contra la democracia». Más beligerante que nunca, Gamarra censuró el hecho de que el presidente del Gobierno no acudiera al Pleno y le criticó por «falta de valentía» y le tildó de «cobarde». El presidente del Gobierno se encuentra de viaje oficial en Bruselas, pero se llevó el reproche también de otros partidos. Su compromiso era ineludible por celebrarse el Consejo Europeo, pero cierto es que la foto de las concesiones a los independentistas no la quisieron protagonizar tampoco los ministros. Solo la ministra de Hacienda y la de Igualdad siguieron de inicio a fin el debate. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que sí presenció parte de las intervenciones, se fue antes de la votación.

Desde Cs, Inés Arrimadas pidió a Batet «lo mismo que a Forcadell (presidenta del Parlament» en 2017. Es decir que paralizase el pleno. «No repita esto», suplicó. Advirtió de que Moncloa «repite» lo que hizo el separatismo. «Van a aprobar leyes claramente inconstitucionales, haciendo un Código Penal a medida de delincuentes en solo 48 horas». Desde Vox, Santiago Abascal denunció el «golpe institucional» al Estado de Derecho que se está llevando a cabo en la Cámara Baja y que tildó de «inconcebible e inaudito».

Ante todas las críticas, desde los partidos del Gobierno se respondió con más confrontación. «Hace 41 años la derecha ya quiso parar un Pleno y la democracia con tricornios y ahora lo intenta de nuevo con togas», dijo el portavoz del PSOE Felipe Sicilia que insistió en que «la democracia sólo ha estado en peligro con la derecha: en el 36 con un golpe militar, después con Tejero en el 81 y ahora con el PP». Este vínculo que quiso hacer entre el PP y el golpe de Estado de Tejero desató la indignación entre los populares y Gamarra quiso pararlo tomando la palabra y contraargumentando al diputado socialista: «El golpe de Estado del 81 se dio contra un gobierno de centroderecha (UCD)», señaló, desmontando que la derecha sea un «peligro» para la democracia.

Desde ERC, Gabriel Rufián alertó de la posibilidad de que apareciera «Tejero con toga» en el Pleno, como censura al PP y Vox por sus recursos. «Ya no entran con pistolas, ahora lo hacen con togas», dijo. Se congratuló de su reforma y de desjudicializar el conflicto catalán. «Hay dos millones de personas en Cataluña que votan opciones independentistas y, guste más o guste menos, existen unas mayorías absolutas en el Parlament a favor de esta opción», defendió. En la misma línea que Rufián, se expresó el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, quien dijo que los intentos de frenar la reforma legal a través del TC es el «episodio más grave desde el 23-F».

La tensión que se vivió durante todo el pleno no dio ningún respiro: las poco más de dos horas que duró se convirtió en un cruce constante de descalificaciones que han hecho revivir los plenos más incendiarios del «procés» en Cataluña, como los de las leyes de ruptura. Sí que matizan en el PSOE que la diferencia es que todo lo que se ha aprobado ahora es legal, a diferencia de lo que se aprobó en los plenos del «procés» y lamentan la actitud de los grupos de la derecha.

La polémica y el culebrón continuarán con la decisión del TC del próximo lunes (si decide paralizar la ley o no) y en su tramitación en el Senado, que se votará definitivamente el próximo jueves, donde en el Gobierno creen que ya será más difícil el varapalo al hurtar así a los diputados de su poder de decisión, según fuentes gubernamentales.