El comisario de Justicia de UE, Didier Reynders, ha dirigido una carta a la eurodiputada de Cs y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua en respuesta a la que ésta le remitió en la que le trasladaba sus preocupaciones en relación con la «ejecución de una decisión judicial que reconoce el derecho de los estudiantes catalanes a recibir parte de su educación en español».

En dicha misiva Pagaza alertaba a Reynders del pacto reconocido por Pere Aragonès con el Gobierno de Pedro Sánchez para burlar las sentencias del Supremo sobre el 25% y le reclamaba que la Comisión Europea «actuara ya». Pagaza se dirigió al comisario europeo de Justicia tras «las graves afirmaciones» del presidente de la Generalitat en TV3 donde aseguraba que existía un acuerdo con el Gobierno central que implica que no impugnaran la ley del catalán en la escuela, es decir que el Ejecutivo no la recurriera ante el TC.

Estas declaraciones, indicaba Pagaza, «revelan comportamientos contrarios a los deberes tanto del presidente del Gobierno como del de la Generalitat, su confianza, profesionalidad y responsabilidad quedan afectadas y comprometidas». Mientras esto es así, subrayaba Pagaza cómo en Cataluña se viola el derecho a la igualdad de trato, a la educación, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de asociación y la libertad de cátedra. «Una situación cronificada después de 40 años de gobiernos independentistas que está tomando, de forma paulatina, naturaleza sistémica», agregaba.

Ante esto Pagaza preguntaba al Comisario de Justicia, antes de la reunión que iba a mantener con Aragonés -el pasado 20 de octubre– sobre «¿qué medidas iba a tomar a nivel europeo ante estas nuevas revelaciones? Y, si “¿piensa reivindicar la aplicación de las sentencias judiciales, firmes también en el territorio catalán, para así proteger los derechos de las familias que reclaman una educación en español?» Advertía así de que, el pacto revelado por Aragonés alcanzaba también a «otras sentencias graves, por malversación de fondos, por los hechos acaecidos el 1-O. Según Aragonès, se trabajaba en modificaciones legislativas que se iban a aprobar antes de fin de año», como así ha ocurrido.

Pagaza le recuerda a Reynders en su carta las palabras que él mismo pronunció en su visita a Madrid donde aseguraba que es el Estado el que debe garantizar que se cumplan las sentencias, pero de no ser así, «quizás haya que empezar con una advertencia en el informe del Estado de Derecho y ver qué pasa, pero de momento son las autoridades nacionales las que tienen que garantizar una aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales». Además, apuntaba que las revelaciones de Aragonès eran la muestra de que había llegado el momento de que la Comisión Europea «actúe en la medida de sus posibilidades contra los ataques al Estado de Derecho en uno de los Estados miembros, la vulneración de la separación de poderes y la politización en la aplicación de la Justicia».

El Comisario de Justicia responde a Pagaza y recuerda que, según el artículo 165 del TFEU, «los Estados miembros siguen siendo responsables del contenido de la enseñanza y de la organización de sus sistemas educativos». No obstante, resalta que la Comisión «tiene conocimiento de la ley aprobada por el Parlamento regional catalán que regula el uso de las lenguas en los centros educativos de Cataluña» y que también son conocedores de que se había presentado «un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que está estudiando el asunto».

Asimismo, Reynders resalta «la importancia de que las instituciones públicas respeten y apliquen las resoluciones judiciales con pleno respeto al Estado de Derecho y al ordenamiento constitucional español». Por ello, garantiza a la eurodiputada de Ciudadanos que puede tener la seguridad de que «la Comisión sigue comprometida con la defensa del Estado de Derecho».