Reforma de sedición y malversación en un mes: la votación final será este jueves

Esquerra ha conseguido lo que se propuso: reformar el Código Penal para suprimir la sedición y rebajar las penas de la malversación para beneficiar a los políticos independentistas condenados y encausados por el “procés” antes del 31 de diciembre. A cambio, han facilitado la tramitación de los presupuestos. Todo ello se ha producido en apenas cuatro semanas: Pedro Sánchez anunció la reforma legal el 10 de noviembre, se registró al día siguiente en el Congreso y la Mesa la tramitó el 17 de noviembre. La primera votación se celebró el 24 de noviembre y la votación final tendrá lugar este jueves 15 de diciembre en un nuevo pleno extraordinario. La semana que viene pasaría al Senado y podría entrar en vigor a inicios de 2023. La ley ha superado este mismo martes el último trámite en la Comisión de Justicia, con un resultado bastante estrecho (19 votos a favor, 17 en contra y una abstención).

Esta velocidad en la tramitación ha recibido reproches de varios grupos y ha generado escenas particulares (por ejemplo, la propia diputada de la CUP, Mireia Vehí, se ha visto obligada a pedir que se repitiera una votación de una enmienda porque era incapaz de atender todo el volumen de documentos). En este sentido, el PP ha reclamado a la Mesa del Congreso que frene la tramitación urgente de la ley, que se pidan informes a los órganos consultivos (Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado) y que la Mesa de la Comisión de Justicia tumbe enmiendas relacionadas con el cambio de mayorías para la elección del Tribunal Constitucional. A esas peticiones se ha unido también Vox. Hasta JxCat, partido independentista, ha criticado que se ha “hurtado” el debate con esta velocidad de tramitación. También Joaan Baldoví, de Compromís, ha considerado que se necesitaba más tiempo para esta reforma legal.

En esta reforma del Código Penal (ya van más de una decena en esta legislatura), destacan sobre todo dos cuestiones: la supresión del delito de sedición, por el cual fueron condenados los políticos independentistas; y, la rebaja de penas por la malversación “política” (administración desleal) de doce a cuatro años de prisión. Además, junto a estas reformas del Código Penal, en la proposición de ley se ha introducido una enmienda para el cambio de mayorías (pasa de tres quintos a mayoría simple) para la elección de los dos miembros del Tribunal Constitucional que corresponde al Consejo General del Poder Judicial (además, la proposición de ley incluye otras materias, como la transposición de directivas europeas en materia económica o penas por ocultación de cadáver o contrabando con material de Defensa).

Lo cierto es que la reforma ha sido tan delicada que no todo el bloque de la investidura la ha apoyado. Así, Bildu se ha abstenido (en el PSOE restan hierro a este punto y lo atribuyen a que no han presentado ninguna enmienda) y ha evitado participar de esta reforma penal, tratando de ponerse de perfil. Además, Podemos ha apoyado finalmente esta modificación legal con muchas dudas y ha evitado formar parte de la negociación de la malversación, aunque luego Gabriel Rufián (ERC) ha puesto esto en cuestión: “Hay gente que ha estado llevando la negociación y, de repente, dice que no la lleva”, ha dicho. Los republicanos, envalentonados, consideran que esta reforma penal permitirá beneficios para los independentistas condenados y han dado un golpe de efecto presentando ya su nueva hoja de ruta hacia un nuevo referéndum de independencia.

Luis Santamaría (PP) ha señalado que Pedro Sánchez va a “pasar a la historia por deconstruir España y demoler el pacto de la Transición” y ha acusado al PSOE de “tender un puente de plata a Junqueras para que sea candidato a la Generalitat”, en referencia a que, con esta reforma legal, podrá ser candidato en 2025, previsiblemente. “Cataluña está más cerca que nunca de un nuevo referéndum”, ha afirmado, antes de advertir de que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta reforma, apoyados jurídicamente en las advertencias de los letrados del Congreso, que han alertado de la “antijuricidad” de hasta nueve enmiendas (37, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62 y 82).

Entre esas nueve enmiendas, están la 61 y la 62, relacionadas con el cambio de mayorías para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Los populares recriminan que “no existe la necesaria conexión de homogeneidad” entre la reforma penal y el cambio en el régimen de nombramientos del TC y advierten de que, con ello, se “contraviene la jurisprudencia consolidada” del propio TC sobre esta cuestión.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado duramente la celebración del pleno extraordinario para este jueves porque “pisotea” todas las “garantías del proceso legislativo y los derechos de los diputados” al haberse tramitado tan rápido: en menos de un mes y sin contar con informes de los órganos consultivos ni comparecencias de expertos que permitieran un debate “con plena información”. Gamarra se ha mostrado de acuerdo con las críticas de Emiliano García-Page a la reforma del Código Penal, pero también le ha pedido que pase de las palabras a los hechos y que los nueve diputados del PSOE por Castilla-La Mancha se opongan a la ley en la votación de este jueves.

En el PSOE, Patxi López, ha salido más tarde en rueda de prensa a hacer una defensa cerrada del acuerdo con ERC porque asegura que sigue blindando la lucha contra la corrupción pese a los cambios en la malversación y ha reivindicado que desinflama la situación política en Cataluña. “Este Gobierno está arriesgando, pero lo que está haciendo funciona”, ha señalado, aludiendo a las encuestas que dicen que el independentismo ha dejado de ser una preocupación de los españoles. “Ahora lo que se ha roto en todo caso es el independentismo. Se han quedado sin el victimismo que era lo que aglutinaba al independentismo”, ha afirmado, y ha subrayado que todavía permanece el delito de rebelión y el 155 para frenar los desafíos a la ley del independentismo.