La Fiscalía Europea y el problema de sus competencias tras algo más de un año en España

La cuenta atrás para sustituir a la cabeza de la Fiscalía Europea en España ha comenzado. En julio de 2023 la fiscal Concepción Sabadell volverá a su puesto en la Fiscalía Anticorrupción después de un corto pero intenso mandato, liderando a un equipo de siete profesionales que mantienen con celo sus investigaciones. Poco se sabe del trabajo que hacen en la segunda planta de un edificio cedido por el Ministerio de Justicia en el barrio de Prosperidad de Madrid y hasta febrero no harán público el recuento de los casos que tienen en su haber después del primer año completo de trabajo. Lo que es seguro es que las consecuencias de la Covid-21 les han mantenido ocupados y a lo largo de 2022 se han conocido varias operaciones en las que la Fiscalía Europea analiza cómo se han gestionado los fondos comunitarios destinados a la pandemia: algunas salpican a gobiernos autonómicos, como el canario, y otras a exministros como Salvador Illa. Uno de los mayores desafíos de la Fiscalía es delimitar hasta dónde puede llegar su actuación en los Estados miembros.

“Un reto que tenemos en la práctica totalidad de los países es la falta de detección de los delitos que son de nuestra competencia”, explica a LA RAZÓN la supervisora de esta Fiscalía en España. Concepción Sabadell señala que “depende de la circunstancia” la Fiscalía podría indagar incluso en países que no estuvieran dentro de la Unión Europea (UE) aunque no revela si ya hay alguna pesquisa en marcha. Desde que la Fiscalía Europea se activó el 1 de junio de 2021 en 22 países (que podrían ampliarse si se confirman las intenciones de Suecia), las operaciones se han ido conociendo a cuentagotas esparcidas por los territorios. En España todavía no hay ninguna condena, pero países como Croacia ya cuentan con los primeros éxitos de los fiscales comunitarios. “Solo el primer año ya la Fiscalía Europea tenía órdenes de embargo por cuatro veces nuestro presupuesto”, aclara sobre un presupuesto total de más de 40 millones de euros.

La web de la Oficina de la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés) explica paso a paso qué debe hacer un ciudadano para denunciar que los fondos que inyecta Europa se han utilizado mal que es la labor de esta institución, supervisar si hay delitos de malversación, blanqueo de capitales, corrupción, organización criminal... con perjuicio económico para la UE. Prácticamente el 50% llegan por este canal y la otra mitad a través de las autoridades nacionales. “En España está costando mucho que nos comuniquen procedimientos de nuestra competencia”, lamenta Sabadell. Tanto la Guardia Civil, como la Policía Nacional o la Agencia Tributaria han tenido que cambiar el ‘chip’ para que sus alertas ante desvíos de fondos lleguen también a esta institución si creen que puede haber un mal uso del líquido de la UE.

“Lo primero es cuando nos lleva un caso hay una fase que se llama de verificación y esa fase de verificación lo único que se hace es determinar si somos o no competentes”, explica. Y en cualquiera de los casos hay que informar a la Fiscalía General del Estado. Uno de los episodios que puso a los fiscales europeos en el mapa este año fue, precisamente, el choque con la exjefa del Ministerio Público Dolores Delgado sobre si avocar a la Fiscalía Europeael procedimiento que indaga en un supuesto fraude de mascarillas a la Comunidad de Madrid. “Hemos encontrado que hay Estados miembros que consideran que un delito es competencia de la Fiscalía Europea, mientras que en otros consideran que no. Por eso nosotros siempre decimos que tenemos que ir al Tribunal de Justicia de la UE para que dé una interpretación uniforme porque es la única manera de dotar de seguridad jurídica nuestra actuación”, remacha Sabadell.

España tiene una peculiaridad y es que los fiscales, que normalmente no son instructores sino que lo son los jueces, llevan por primera vez la batuta de las causas. “Desde luego lo que se está haciendo es demostrar que un fiscal independiente puede ser instructor con agilidad, plena garantía de los derechos fundamentales y con jueces de garantías actuando como una autoridad imparcial”. Los magistrados de garantías se ubican en la Audiencia Nacional, a no ser que haya algún aforado en cuyo caso serían los de los tribunales superiores o los del Tribunal Supremo. Por ejemplo, el juez Santiago Pedraz supervisa si el Ministerio de Sanidad (cuando lo dirigía Illa) pudo cometer delitos de prevaricación y malversación cuando pagó 11 millones de euros por 500.000 batas desechables. “Si se declara el secreto, el juez tiene que autorizarlo, igual que las prórrogas. Si hay unas entradas y registros, ese juez de garantía tiene que autorizar las entradas y registros. Si hubiera prisiones, ese juez de garantías tiene que también acordar las prisiones”.

Pero todo lo demás lo llevan ellos y, por eso, hacen gala de su independencia. “Te pongo un ejemplo: si aquí en España llevamos un asunto y los fiscales europeos delegados están practicando las dirigencias, tienen que informar periódicamente a la Sala Permanente. Yo durante toda la vida del procedimiento los superviso, digamos, de una forma más directa. Pero luego la Sala es la que puede tomar decisiones e incluso dar instrucciones a los fiscales europeos”, apunta Sabadell. -Ella vive en Luxemburgo, donde está la sede central y donde se ubican las 15 Salas Permanentes. Cada una está formada por tres fiscales jefes, por ejemplo, España comparte con Grecia y Bulgaria y esta Sala no puede revisar procedimientos de los países integrantes.

Así, se han ido destapando fraudes como la Operación Admiral. “Es un fraude de IVA carrusel que se investigaba por la fiscalía Europea de Portugal, pero que afectó a más de 14 países. Yo creo que es un hito muy importante porque lo que demostró es que encontramos conexiones en todos los Estados miembros que de otra forma no hubiéramos podido encontrar”, marca la fiscal. La fiscal general Europea, LauraCodruța Kövesi, solicitó en diciembre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili acusada en el “Qatargate” o confirmó en octubre la apertura de un procedimiento a la Comisión Europea sobre contratos en la época Covid.

Así y con los primeros traspiés sobre la competencia, la Fiscalía Europea parece haber venido para quedarse. ¿Es posible incluso que se amplíen los delitos que pudiera ver? “Nosotros estamos preparados y podemos decir qué medios necesitaríamos para poder asumir más competencias”, concluye Sabadell.