La Fiscalía Europea quiere asumir la investigación sobre el hermano de Ayuso

La Fiscalía Europea quiere quedarse con la investigación que hay abierta en Anticorrupción sobre el contrato de mascarillas por el que, supuestamente, el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión. Cree que puede haber una malversación de fondos comunitarios en esa transacción y ha solicitado avocar las diligencias, es decir, quedárselas. Algo que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha negado porque considera que los delitos de corrupción que hay bajo la lupa son nacionales. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tiene la última palabra y ha convocado el lunes la Junta de Fiscales de Sala para decidir.

El asunto se inició hace unas semanas, según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes fiscales a LA RAZÓN, cuando la representante de la Fiscalía Europea en España, la fiscal Concepción Sabadell, reclamó a Anticorrupción las diligencias que se estaban llevando a cabo tras la denuncia de los grupos de la izquierda madrileña PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. El Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitió un informe a la Fiscalía Europea sobre este asunto porque en el contrato de esas mascarillas se invirtieron fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), con los que trataron de contrarrestarse los efectos de la pandemia. La fiscal europea expuso a Anticorrupción que podía existir un delito de malversación que traspasara la frontera y, por “conexidad” también se quedaban con el resto de la investigación.

El fiscal jefe Luzón contestó que no. Que los delitos que él estaba investigando sobre posible corrupción -en torno a las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso- no tenían nada que ver con Europa y no estaban “indisociablemente vinculados” con el asunto de los fondos Europeos. De hecho, en ese departamento consideran, además, que no hay “ni el más mínimo indicio” que pueda hacer pensar que se malversaron fondos. Sobre todo, aclaran, porque es un hecho que el dinero destinado a mascarillas terminó en la compra de mascarillas.

Así que como se produce una cuestión de competencia, Luzón lo ha elevado a la fiscal general del Estado para que sea ella quien decida. Delgado ha convocado para este lunes una reunión de los más altos representantes de la carrera. El cónclave es asesor, es decir, todos los fiscales de Sala discutirán sus pareceres que, lógicamente se tendrán en cuenta, pero la decisión final es única y exclusivamente de la jefa del Ministerio fiscal.

Las fuentes consultadas indican que hay dos salidas posibles: Que la causa se divida en dos, y entonces Anticorrupción se quede indagando en la falsedad documental, el tráfico de influencias y los demás delitos de ámbito nacional, mientras que la Fiscalía Europea dilucide qué pasó con los fondos de los Estados miembros; o que sea ésta última la que finalmente asuma todo el asunto.

La investigación que se sigue desde el pasado 22 de febrero en Anticorrupción se basa en conocer cómo fueron las comisiones que Tomás Díaz Ayuso cobró por una serie de contratos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Por qué si su nombre no aparece vinculado al contrato sí se ha reconocido una comisión, si existió alguna intermediación de la presidenta madrileña para que la adjudicación recayera en empresas con vinculación a su familiar, etc. Las diligencias están todavía en una fase en la que no existe ningún investigado concreto.

En cualquier caso, Anticorrupción no puede impedir que la Fiscalía Europea se lleve un trozo de las diligencias. Fuentes fiscales indican que esto ha producido un choque dentro del Ministerio Público. Se da la circunstancia de que Sabadell estuvo en Anticorrupción hasta 2020 cuando fue designada por el anterior Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para ocupar el puesto en Europa. A ella le correspondió, entre otras cosas, liderar la acusación en el juicio de “Gürtel”.