Transparencia
El Gobierno degrada a “informal” la Mesa de Diálogo con la Generalitat
Moncloa minimiza el foro con la Generalitat y niega dar más detalles públicos sobre las reuniones
El Gobierno siempre ha buscado relativizar al máximo la Mesa de Diálogo porque es consciente del coste electoral que tiene ya que es una cesión impopular y es consciente de que la Generalitat ha aspirado siempre a proyectar este foro como si fuera un espacio de negociación entre dos países distintos. El simbolismo que rodea la Mesa de Diálogo es enorme, pero también lo es el secretismo: en este sentido, uno de los compromisos entre ambos gobiernos es que negociarían con máxima discreción y solo convocarían reuniones cuando fuera para anunciar algún acuerdo. Si bien, los tres encuentros que se han celebrado hasta ahora, se han saldado sin ningún acuerdo con entidad, según lo que se ha hecho público. Los grandes acuerdos han sido entre Gobierno y Esquerra y se han hecho públicos por otros cauces.
Ante el secretismo, una persona anónima decidió dirigirse al Ministerio de Presidencia en febrero de 2022 para saber con mayor detalle el contenido de esas reuniones. Cabe decir, también, que en aquel momento era una incógnita saber qué negociaban los gobiernos español y catalán porque no trascendía nada y, más allá de los indultos, apenas había habido grandes acuerdos. En todo caso, la solicitante de información obtuvo una respuesta por parte del Gobierno, en mayo, que decía lo siguiente: «Dado que la denominada ‘Mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político’ no es un órgano de cooperación interadministrativa, sino un foro informal de diálogo entre ambos gobiernos, la información obrante es la que se ha hecho pública a través del portal en internet». Es decir, el Gobierno trata de degradar la Mesa de Diálogo a algo «informal» para evitar dar mayores detalles sobre el desarrollo de este foro de diálogo. También es cierto que es lo que ha buscado siempre: minimizar la Mesa, algo que ha conseguido, en parte, porque apenas ha arrojado fotos con acuerdos.
Y la actitud del Gobierno tampoco ha sido nunca muy entusiasta con la Mesa: siempre ha acudido arrastrando los pies. De hecho, siempre es la Generalitat quien estira de la cuerda para lograr una foto de la Mesa: ahora es lo que está ocurriendo nuevamente, con el Govern exigiendo una nueva reunión tras el pacto de «desjudicialización» en el Congreso, que ha permitido suprimir el delito de sedición y abaratar la malversación para beneficiar penalmente a los responsables del «procés». Este pacto de «desjudicialización» se ha materializado entre PSOE, Podemos y ERC en el Congreso, aunque también es cierto que las conversaciones previas a lo largo de varios meses han transcurrido por cauces muy discretos.
En todo caso, no conforme con la respuesta del Ministerio de Presidencia, la solicitante anónima se dirigió posteriormente al Consejo de Transparencia para que el Gobierno diera más detalles de la Mesa de Diálogo. Y el Consejo de Transparencia emitió una resolución el pasado 3 de noviembre dando la razón a la solicitante y daba diez días hábiles a Presidencia para que cumpliera. No obstante, tampoco ha cumplido Presidencia, aunque, desde el Ministerio restan importancia a esta cuestión porque se remiten a la respuesta que ya le dieron y porque la información que reclama la solicitante es pública ya.
En concreto, según la resolución del Consejo de Transparencia, Presidencia tiene que informar sobre lo siguiente: los integrantes actuales de dicha mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo; relación de reuniones convocadas y realizadas, o pendientes de realizar, desde su constitución hasta la fecha; acuerdos adoptados en dicho foro; e, informes, manifiestos o pronunciamientos políticos y/o jurídicos adoptados en dicha mesa o al amparo de la misma.
El único acuerdo que ha trascendido fruto de la Mesa de Diálogo (aunque fue posteriormente y revelado por Pere Aragonès) es que el Gobierno se ha comprometido a no impugnar la Ley aprobada en el Parlament para sortear la sentencia del 25% de castellano. Es decir, que la inmersión lingüística siga siendo el eje de la educación catalana.
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