La Fiscalía afina la cuantía malversada en el «procés»

El escrito ya tiene el visto bueno del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tras haber revisado con detenimiento la propuesta de los cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo que se encargaron del «procés», el jefe de la Fiscalía ha dado luz verde para que se cambie la condena de sedición de los líderes independentistas por una de desórdenes públicos agravados. Además, el Ministerio Público sostendrá que lo sucedido en Cataluña encaja en la malversación grave y no en el desvío de fondos «light» que ha introducido el Gobierno en el Código Penal.Las últimas reuniones se producen esta mañana para afinar las cantidades malversadas y, de acuerdo a las fuentes consultadas por LA RAZÓN, salvo imprevistos en los próximos días se presentará el documento final en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que tiene la última palabra.

Que la Fiscalía iba a buscar el encaje punitivo mayor para lo sucedido en Cataluña en 2017 era un secreto a voces. Hay que recordar que los cuatro fiscales de Sala (la más alta categoría) -Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena- acusaron desde el principio por un delito de rebelión que acarrea penas mucho mayores que las de sedición. El Tribunal no les dio la razón en ese punto y condenó por sedición, pero desde el pasado 12 de enero este delito dejó de existir en el ordenamiento jurídico español después de un pacto del Gobierno, precisamente, con Esquerra Republicana de Cataluña. Así que con el nuevo Código Penal en la mano, los fiscales han estado semanas releyendo los hechos probados de la sentencia de 2019 para reorientar los delitos. Claras eran sus intenciones, especialmente, después de interponer el recurso al auto del fiscal instructor Pablo Llarena que procesó al expresident Carles Puigdemont y a otros cuatro fugados de la Justicia por desobediencia y no por el nuevo delito del Ejecutivo: desórdenes públicos agravados.

La Fiscalía no está dispuesta a que la organización del referéndum catalán el 1-O quede despenalizada (la desobediencia no contiene penas de cárcel sino multa) y así lo dejó claro en su recurso. «La desaparición de los tipos penales de sedición no equivale a una despenalización de todos los hechos», dijeron en su recurso de reforma para que Llarena repensara los delitos de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

La Sala de lo Penal, que no prevé resolver al menos hasta mediados febrero como publicó este periódico, anda en un debate ciertamente intenso porque lo que decidan no puede salirse ni una coma de los actos que se declararon probados en la sentencia. Para la Fiscalía «el relato de los hechos probados de la sentencia recoge en diversos pasajes hechos tumultuarios con resultado de alteraciones graves del órden público»; para Llarena los acusados «desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ninguna llamada a la violencia».

El juez instructor también tardará unas semanas en resolver el recurso interpuesto no solo por la Fiscalía, sino también por la Abogacía del Estado, según fuentes jurídicas. Si persistiera en su criterio -y a la espera de que la Sala de lo Penal aporte el suyo- fiscales y abogada del Estado podrían recurrir a la Sala de Apelaciones que, dicen citadas fuentes, desechando a todos los miembros que participaron en el tribunal del «procés» quedaría formada por Miguel Colmenero, Eduardo Porres y Vicente Magro.

Si prosperara el encaje en la desobediencia y no en los desórdenes públicos agravados a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (condenada a 11 años y seis meses de cárcel), los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn (10 años y seis meses cada uno) y los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (nueve años cada uno) se le suprimiría directamente la condena de prisión.

El escrito que estos días presentará el Ministerio fiscal sí coincidirá con Llarena en la malversación. Que la cúpula política independentista desvió fondos es un hecho y aunque no se los apropiaran para su patrimonio, utilizaron el dinero para un fin ilegal. «Se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular», explicó Llarena. Esa será la línea que siga la Fiscalía, pero de nuevo en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal hay debate sobre si al haber estado la malversación en concurso con el delito anterior (es decir, este delito quedó «tapado» porque la sedición era más grave y por tanto mandaba sobre las penas mayores) ahora se puede acudir al tipo más agravado que contempla penas de hasta 12 años e inhabilitación de hasta 20. En ese caso, el exvicepresidente de la Generalitat (que fue condenado a 13 años por sedición y malversación) Oriol Junqueras no podría presentarse a las elecciones.