Ley de Seguridad Ciudadana: Más “impunidad” para los violentos en las manifestaciones

Cerco a Sánchez: los socios dejan contra las cuerdas al Gobierno y aplazan al martes los rechazos en frontera. Rectifican y la tenencia no autorizada de burundanga será “sanción grave”

Manifestantes intentado cortar la Gran Vía de Madrid quemando contenedores y formando barricadas tras una concentración organizada en el centro de la capital en una imagen de archivo.
Manifestantes intentado cortar la Gran Vía de Madrid quemando contenedores y formando barricadas tras una concentración organizada en el centro de la capital en una imagen de archivo. FOTO: Rodrigo Jiménez EFE

Los partidos del Gobierno se han visto forzados a prolongar una semana más las negociaciones para aprobar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley “mordaza”, según sus detractores). La intención de PSOE y Podemos era que este martes se diera el último paso en Ponencia para que quedara ya prácticamente lista para su aprobación definitiva en el Pleno, pero se han encontrado con el rechazo de sus principales socios (ERC y Bildu) a aceptar un texto que sigue sin enmendar cuatro preceptos que son imprescindibles para ellos.

En concreto, esos cuatro preceptos son: la prohibición expresa de las pelotas de goma (artículo 23), la supresión del rechazo en frontera (disposición adicional primera) y la desobediencia o resistencia a la autoridad (36.6) y las faltas de respeto a los agentes (37.4). Estos dos últimos preceptos representan el 80% de las multas que se imponen con la Ley de Seguridad Ciudadana, argumento que usan los socios para exigir al PSOE que se reformen. En cambio, sí se han acordado otros puntos.

En este sentido, se ha dado luz verde a una enmienda pactada entre el Gobierno y sus socios donde se insiste en dar una mayor “impunidad” para los manifestantes. Se modifica el apartado 1 del artículo 30 de manera que se especifica que “quedarán exonerados de responsabilidad” los organizadores o promotores de reuniones en lugares de tránsito público cuando “hubieran dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicación y cumplidos los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernamental”. Es decir: los que “revienten manifestaciones” no tendrán sanción ya que podrán alegar que cumplieron las medidas que les pidieron, la distancia requerida, etc. y que, si la manifestación deriva en acciones violentas, no fue culpa de ellos.

En un principio algunos diputados mostraron su empeño en rebajar la sanción por la tenencia de drogas en lugares públicos al retirar la infracción como grave. Ese retoque se mantiene de manera que el art. 36.16 queda por tanto reducido a una “infracción leve”. Sin embargo, en este punto estaba incluída como drogas la burundanga u otras sustancias similares que no son de consumo propio donde, es de sobra conocido su efecto hipnótico y sedante” en las personas que lo toman. Entonces la diputada del PP, Ana Vázquez alertó de este riesgo y en la Ponencia han rectificado de manera que en el artículo 36 que hace referencia a las infracciones graves, en su punto 36.17 sea considerado “grave” “la tenencia no autorizada de sustancias psicoactivas utilizadas únicamente para provocar la sumisión química de las personas”. Ya había antecedentes de los problemas que provoca una mala legislación como se ha visto con la Ley del “solo sí es sí” que ha rebajado la condena de más de doscientos agresores sexuales y violadores bajo la supuesta protección de la mujer.

Entre los socios, se toma con cierto optimismo que se haya dado una semana más a la Ponencia para continuar negociando y limando los cuatro preceptos que siguen sin acordarse. Según han expresado, si se hubiera votado el informe en Ponencia, muy probablemente hubiera sido rechazado porque no hubiera contado con apoyos suficientes. En todo caso, es un optimismo muy contenido porque se sigue viendo muy difícil que salga adelante la reforma de la Ley porque ni ERC ni Bildu están dispuestos a ceder con preceptos que consideran nucleares. Tanto las faltas de respeto como la desobediencia y la resistencia a la autoridad, o el uso de pelotas de goma. En este sentido, la prohibición del uso de pelotas de goma se había propuesto (por parte de Podemos) que se regulara por otros cauces legislativos (en otra ley), pero en Esquerra rechazan ese escenario porque creen que acabará en agua de borrajas por el poco tiempo que queda de legislatura. Es un punto en el que tampoco quieren ceder pese a que en Cataluña ya está prohibido su uso porque creen que es un riesgo si actúa la Guardia Civil o la Policía Nacional en la autonomía.

Por tanto, los socios de Sánchez siguen mostrando muchas dudas sobre el desenlace de la Ley y creen que será difícil que se apruebe porque el PSOE se está mostrando muy reacio por las presiones de los sindicatos policiales. Los socialistas ya se han encontrado con múltiples respuestas de los sindicatos policiales y la asociaciones de guardias civiles además de los problemas continuos a los que a diario se enfrentan en la valla. Pero no solo eso sino que el Interior ha aplicado en más de una ocasión las devoluciones en frontera que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor, por ejemplo tras la avalancha de inmigrantes en Ceuta y que los socios siempre han querido eliminar. De hecho, el propio Fernando Grande Marlaska ha defendido su aplicación a lo que, la izquierda, cuando está en la oposición denomina como “devoluciones en caliente” en referencia a esos “rechazos en frontera”. “Devolución en caliente no es un concepto jurídico. Rechazo en frontera es para aquellas personas que no han entrado en territorio nacional”, recordó en su momento el titular de Interior en una entrevista.