Los ocultos «rechazos en frontera»

Hay que recordar que las llamadas «devoluciones en caliente» se producen por unas condiciones muy específicas: el salto masivo y organizado de la valla de Ceuta y Melilla. Ahora bien, dicho rechazo deberá realizarse respetando el derecho de asilo o refugio que acoge a toda persona, algo que de no cumplirse iría en contra de los derechos humanos y de la legislación internacional. Y es ahí cuando a un gobierno se le pueden exigir responsabilidades, no cuando cumple con su propia política de inmigración, algo que depende de cada país. No hay que ir a los gobiernos del PP para hablar de estas devoluciones inmediatas o en caliente; de hecho, las primeras se produjeron en agosto de 2005, con los asaltos masivos, hasta entonces inéditos, a la valla de Melilla –300 personas en la primera ocasión–, en el que murió un camerunés tras una caída, o el que tuvo lugar días después, el 29 de septiembre, con cinco fallecidos por disparos de la policía marroquí. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes bajo un gobierno socialista, el PSOE ha hecho campaña de manera sistemática contra el PP por haber realizado devoluciones en los pasos de Ceuta y Melilla, y a pesar de ejecutarse cumpliendo la legalidad, tanto el derecho de asilo, como evitando la devolución en masa, que prohíbe el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La propaganda socialista acuñó un término eficaz, «devoluciones en caliente», y lo ha cambiado por «rechazos en frontera», lo que no modifica el sentido, como bien debería saber el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que lo fundamental es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció el 13 de febrero de 2020 que las devoluciones o lo rechazos, en caliente o en frontera, se ajustaban a la legalidad, incluida la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en la que se establece que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Además, fue también avalada por el Tribunal Constitucional en el recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana que sacó adelante el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tan denostada por la izquierda y ahora tan aprovechable para el Gobierno. La Fiscalía abre ahora una investigación sobre las devoluciones de hace unas semanas en Ceuta, algo que al Gobierno no le debe pillar por sorpresa; esto sí, si se ha cumplido toda la Ley. Por lo menos, se hará públicas las verdaderas cifras de devoluciones o rechazos que el Gobierno guarda con celo.