Una de las empresas registradas recibió un contrato que habría amañado Ábalos

Además del domicilio particular de José Luis Ábalos en Valencia capital, la Policía Judicial de la Guardia Civil registró ayer varias constructoras.

Este movimiento demuestra que, al menos a priori, la Unidad Central Operativa (UCO) da cierta veracidad a la parte de la confesión de Víctor de Aldama en que acusó al exministro socialista de haber percibido «mordidas» de estas compañías a cambio de recibir obras públicas.

Concretamente, los agentes irrumpieron en las sedes de Levantina Ingeniería y Construcción y Servinabar. Son dos de las empresas que recibieron alguna de las cinco adjudicaciones del Ministerio de Transportes que Aldama apuntó ante el Tribunal Supremo (TS) a que habrían sido objeto de amaños.

Primero, entregó en diciembre una relación de empresas-obras que habrían sido «amañadas». Más tarde el considerado como «nexo corruptor» volvió a hablar de la existencia de comisiones ilegales a cambio de la concesión de encargos públicos cuando acudió a declarar el pasado 16 de diciembre ante el juez Leopoldo Puente.

Aldama aseguró que por miembros de la trama habrían recibido como contraprestación lo equivalente a entre el 1 y el 1,5 por ciento del valor total (normalmente, millonario) de la licitación.

Según el empresario, el importe global de lo percibido por los miembros de la trama se situaría muy cerca de los cuatro millones de euros.

Como respaldo probatorio, entregó ese día a la Sala de lo Penal un documento de la Dirección General de Carretas, que dirigía entonces Javier Herrero, en que se recogía una lista de actuaciones de fomento licitadas en 2021, junto a una serie de anotaciones a bolígrafo que atribuyó al puño y letra de la que fuera mano derecha de Ábalos cuando era miembro del Gobierno, Koldo García.

Tal y como refirió en sede judicial se lo habría dado en los primeros meses de 2019 el asesor principal del también ex «número tres» del PSOE. Este último ha negado en todo momento que él fuese el autor de esas notas al pie, y el alto tribunal decidió someterle a una prueba caligráfica para comprobarlo.

Pese a que el afectado entregó una docena de informes médicos a fin de documentar que su caligrafía podría haberse transformado por una serie de operaciones a las que se sometió en un hombro, se certificó que lo que sostenía el comisionista era cierto: esa manera de escribir era la de Koldo.

Aldama, Levantina, al igual que otras empresas, abonaron una serie de comisiones fijar por obra a cambio de asegurarse el ser los elegidos para prestar el servicio.

El empresario explicó, en este sentido, que el dinero se lo repartieron entre el propio Ábalos, su asesor de cabecera y él mismo. Una porción, incluso, –según el expresidente del Zamora Club de Fútbol– fue a parar al Partido Socialista.

De las cinco actuaciones en carreteras del Estado que aparecen marcadas, a Levantiva, concretamente, se le habría «pre-adjudicado» una intervención en la A-12, la conocida como autovía del Camino de Santiago francés, que va desde Pamplona hasta Santiago de Compostela.

La empresa formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) para sacar adelante esta contratación pública con Ortiz Construcciones y Proyecto SA y Torrescamara y Cia de Obras SA.

Además de esta, señaló al instructor del «caso Koldo» en la Sala Segunda que otras cuatro obras cuyo destino habría sido garantizado para constructoras que, previamente, habrían pagado miles de euros al exministro, a su asesor de confianza y a Aldama.

La primera de las restantes se corresponde con una intervención en la A-11, específicamente en el tramo que va de las localidades vallisoletanas de Quintanilla de Arriba a Olivares de Duero.

El documento de la citada dirección general de Transportes aparece reflejado que sería para otra UTE formada por Avintia y San José. Pero, sin embargo, se la acabó llevando Ortiz, formando UTE con otras dos compañías, por 98 millones de euros en el verano de 2020.

Otra de las obras que habría sido «amañada» es de la misma A-11, pero en el siguiente tramo, el que va de Olivares de Duero a Tudela de Duero (Valladolid).

Tal y como aseveró Aldama en sede judicial, San José y Avintia fueron con las que tanto Ábalos como Koldo pactaron que serían las beneficiarias de los trabajos.

La penúltima de las licitaciones en las que –según el comisionista–habría habido irregularidades de por medio se corresponde con la implantación de un tercer carril y enlaces en la A-66.

Como se refleja en el papel, el contrato público, valorado en 22 millones de euros, quedó en manos de Lantania y otra constructora que se aliaron en una UTE.

En 2019 recibieron la obra en plena estancia de Ábalos al frente de Transportes, y, de hecho, en los documentos que entregó en diciembre ya aparecía como afectada por cobro de comisiones. La última era de un enlace entre la AP-7 y N-332.