Un cadáver en el mar y un crimen sin resolver en Cataluña llega al Constitucional

Vestido con una chaqueta acolchada naranja, unos vaqueros azules y unos zapatos negros, Martín (nombre ficticio) de 29 años salió de su casa en Figueras (Girona) el 13 de diciembre de 2020 y nunca volvió. En la denuncia ante los Mossos d’Esquadra cuatro días más tarde, su padre explicó que el chico tenía una discapacidad intelectual que suponía, entre otras cosas, que no conocía el valor del dinero. No llevaba documentación y su teléfono móvil daba apagado o fuera de cobertura.

Los agentes hicieron unas primeras comprobaciones: buscaron por la zona en la que solía frecuentar y comprobaron que no estaba en hospitales, ni hoteles de la zona. Su padre volvió a comisaría el día de Navidad explicando que unos conocidos habían visto a Martín con tres personas en un bar cercano a la estación de autobuses. Uno de los acompañantes era de nacionalidad argelina y le insistieron en que se sentaran a comer con ellos alardeando de que tenían mucho dinero y le invitarían. Todos tenían intención de marchar a Francia, dijeron.

Los Mossos pusieron entonces el asunto en manos del Juzgado de Primera instancia nº 4 de Figueres al considerar que si el joven no llevaba ropa de recambio, ni dinero y no podía cuidar de si mismo, una línea de investigación factible era su viaje a Francia. Pero para cuando los agentes solicitaron la intervención de las comunicaciones y la localización del teléfono de Martín, el juez ya había archivado el caso. El 13 de enero de 2021, un mes después de la desaparición, el magistrado decidió cerrar el asunto «por no constar debidamente justificada la perpetración de delito».

Por mucho que los agentes insistieron en la necesidad de geolocalizar el móvil y ver al menos cuál era la última fecha y hora de sus comunicaciones, el juez impuso que no había caso.

El giro de guion llegó seis meses más tarde. La Guardia Civil de Girona había localizado un cadáver flotando en el mar, en las proximidades de Port Bou sin documentación que permitiera identificarlo. Lo llamativo es que el cuerpo se encontró a las 15:40 del 29 de diciembre de 2020, es decir, 16 días después de la denuncia del padre de Martín, pero lo llevaba otro juzgado en Figueras (el número 7) y los datos no se cruzaron hasta junio.

Las pruebas de ADN del cadáver daban compatibilidad con la que los Mossos habían recogido de casa de Martín. Era él.

Ropa de Francia y ansiolíticos

El forense determinó que la persona fallecida, semidesnuda de cintura para abajo, llevaba prendas (un jersey interior marrón, otro negro y una sudadera) adquiridas en Francia. La autopsia reflejó la existencia de lesiones ‘post mortem’ «muy probablemente originadas por la acción de la fauna marina», pero descartó la existencia «de signos de lucha o defensa». Sin embargo, el informe del Instituto Nacional de Toxicología reveló la presencia de alcohol etílico, de alprazolam (un ansiolítico inductor del sueño) y gabapentina (un antiepiléptico).

El Juzgado que se quedó el cadáver había autorizado la amputación de las falanges de los 10 dedos de las manos para que se identificara la huella dactilar. Fue así como los Mossos se dieron cuenta de que el perfil cuadraba con las muestras extraídas de los familiares de Martín. Pero a pesar de que todo esto ocurrió durante los meses de inicio de verano, no fue hasta noviembre de 2021 cuando el Juzgado informó a los padres del fallecido.

Nadie investigó

El Juzgado de instrucción 4 (el que había iniciado el caso) se inhibió en favor del de instrucción 7 (el que había encontrado el cadáver) por entender que le correspondía al segundo investigar. Unos días después ocurrió lo mismo pero al revés. Ambos rechazaban la competencia y remitían el caso al juez contrario. Finalmente se lo quedó el primero, pero para archivarlo. Nadie investigó absolutamente nada.

La familia lo intentó una y otra vez esgrimiendo que Martín «fue encontrado muerto en circunstancias desconocidas», que la última vez que se le vio no estaba con gente de su entorno y que no tenía coche. Pero no solo el juez siguió en su negativa sino que incluso la Audiencia Provincial de Girona avaló que el cierre del caso.

La Fiscalía le da la razón

Más de dos años después, el asunto acaba de llegar al Tribunal Constitucional que lo ha admitido a trámite porque entiende que es de especial trascendencia. Los padres de Martín consideran que se ha vulnerado su derecho a tener una Justicia justa porque ha existido ausencia total de soporte judicial para descubrir por qué su hijo apareció en el mar muerto, dónde estuvo, con quién se fue, quién lo mató o cómo murió.

En el informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se habla de «insuficiente actividad investigadora o incluso pasividad o desinterés de los poderes públicos» por este caso. El fiscal de Sala Pedro Crespo expone que ha habido una «injustificada tardanza en trasladar a los familiares la información de que se había hallado el cadáver de su hijo» y que esto viola todos los estatutos de las víctimas.

«Pero es sin duda en el examen de la propia actividad -o mejor dicho, inactividad investigadora de los órganos judiciales implicados, y en la motivación de las resoluciones impugnadas en el presente recurso de amparo, por las que se decidió y confirmó el cierre de las actuaciones procesales pese a las razonadas peticiones de la representación procesal de la aquí demandante, donde se pone de manifiesto con mayor claridad la infracción constitucional denunciada», revela el fiscal jefe del Tribunal Constitucional. Años después de la desaparición de Martín, el Ministerio Público considera que se han vulnerado sus derechos y pide que se reabra la investigación.