Terrorismo
46 años del asesinato de un trabajador de Lemóniz por la ETA "ecologista"
La banda segó la vida de varios empleados, entre ellos dos ingenieros, hasta que logró la paralización de las obras
La central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya, más bien el proyecto porque fue una obra que nunca se acabó, es una de las pruebas de la influencia que ETA ejercía sobre la sociedad vasca de la única manera que sabía hacerlo: Con el asesinato y las bombas.
La banda terrorista, que causó daños evaluados en 6.000 millones de euros, una cifra estimada porque hay que sumar el lucro cesante y otras circunstancias, se apuntó el tanto “ecologista” de evitar la energía nuclear en “la verde Euskadi”. Resulta curioso que cuando se produjo el reciente apagón (del que ya nadie habla) fuera el País Vasco de los primeros en recuperar la energía gracias a la que llegaba de Francia y sus centrales nucleares; y que fuera en territorio galo donde se escondían sus pistoleros después de matar y destruir en España. Contradicciones sin importancia.
No fue Lemóniz la única hazaña “ecológica”. La Autovía de Leizarán tuvo que ser construida por el trazado que ellos dijeron, el más caro y peligroso: Y si los terroristas estuvieran operativos, lo que fue impedido por las Fuerzas de Seguridad y no por voluntad propia, las obras del AVE en Navarra a lo peor sufrían el acoso terrorista. Experimentan otro tipo de presiones, desde el mundo radical, aunque si se habla de obras públicas y Navarra, quién sabe si quedan sorpresas por conocer.
El intento de construcción de la central nuclear de Lemóniz costó, hasta su suspensión, la vida de varias personas asesinadas por ETA. Hoy se cumple el 46 aniversario de la muerte de Ángel Baños Espada, un montador originario de Murcia. A las 14:30 horas de ese día, momento en el que se producía el cambio de turno, una bomba colocada por ETA en el interior de la central nuclear de Lemóniz hizo explosión alcanzando de lleno a Ángel. trabajador de la empresa Tamoin. Se trataba de la segun da bomba y del tercer muerto provocado por la banda terrorista dentro de las mismas instalaciones. Quince meses antes, otro artefacto similar había segado la vida de otros dos trabajadores, Andrés Guerra y Alberto Negro.
Este nuevo atentado fue cometido por dos individuos armados que encañonaron a los dos operarios encargados del tanque de refrigeración, obligándoles, tras esposarlos, a abandonar el lugar. Los terroristas colocaron entonces una bomba, al parecer de escasa potencia, en la parte inferior del tanque. ETA dirigió sendos avisos telefónicos a Iberduero y a la emisora bilbaína Radio Popular, en los que daba cuenta de la colocación del artefacto, por lo que se activaron las sirenas con la señal establecida para proceder al desalojo de los distintos pabellones. Sin embargo, Ángel Baños no se percató del desalojo y tras recibir el impacto de la onda expansiva, cayó por la parte trasera del tanque, lo que le ocasionó la muerte. La víctima había nacido en Cartagena, tenía 46 y era padre de cinco hijos.
Los cuatrocientos trabajadores de la empresa Iberduero, encargada de las obras de la central nuclear de Lemóniz, hicieron público el 20 de junio un comunicado, después de reunirse en asamblea, en el que denunciaban la irresponsabilidad de la organización terrorista ETA, cuyas acciones contra la central habían provocado la muerte de varios empleados:
“Hacemos un llamamiento, en particular a ETA y a aquellos sectores del pueblo que piden goma 2 para Lemóniz, para que hagan un análisis de las irresponsabilidades que están cometiendo, porque, al atentar contra las instalaciones, están atentando también contra la seguridad del trabajador, dado que para mantener nuestro puesto de trabajo tenemos que estar continuamente en ellas”.
Los trabajadores, además, mostraban su extrañeza por el hecho de que ningún ayuntamiento hubiera condenado el atentado que costó la vida a su compañero, lo que fue interpretado como «un estado generalizado de indiferencia hacia nosotros». Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores (UGT), por su parte, hicieron públicos sendos comunicados de condena a ETA por los dos atentados perpetrados en el interior de la central en construcción (Vidas Rotas).
Hasta la suspensión definitiva de las obras, ETA perpetró otros asesinatos precedidos alguno de secuestro, lo que causó una especial conmoción en la sociedad. En nombre de una causa ¿ecológista?, se quitaba la vida al padre de cinco hijos tras mantenerlo maniatado en una “cárcel del pueblo”. Aquel hombre, cuya “culpa” era ser ingeniero de la central, se llamaba José María Ryan y fue asesinado en febrero de 1981, con la mayor vileza y traición posibles. No estaría de más que el aturdido Gobierno y partido que lo sustenta, tan antinuclear que se manifiestan al igual que sus socios procedentes del mundo proetarra, flexionaran sobre estos hechos. Porque fue el asesinato de otro ingeniero de la central, Ángel Pascual Múgica, el que condujo a dar el carpetazo final a las obras de Lemóniz.
El 5 de mayo de 1982, en Bilbao, Pascual Múgica conducía su propio vehículo para dirigirse a las oficinas centrales de Iberduero. En el asiento del copiloto iba su hijo Íñigo, de 19 años, al que llevaba a la parada del autobús escolar. Al llegar a la altura del número 5 de la calle Médico Pedro Cortés, dos terroristas se situaron en el lateral del coche, por el lado del conductor, y abrieron fuego contra él y contra su hijo. Ángel Pascual Múgica falleció en el acto y, aparentemente, su cuerpo protegió la vid de su hijo frente a los disparos de los etarras. Aunque detrás del coche de Múgica circulaban otros dos vehículos con dos escoltas cada uno, eso no impidió el atentado. El asesinato de Pascual Múgica se produjo el día en el que se formó la Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemóniz y el lehendakari Garaikoechea aseguró que seguirían los proyectos energéticos previstos. En cambio, los trabajadores de Lemóniz se negaron a volver a su trabajo mientras continuase el acoso por parte de ETA.
Por si faltaba algo, un niño, Alberto Muñagorri, de 10 años, resultó gravemente herido en un atentado contra un almacén de Iberduero en Rentería, también en 1982.