60.000 euros mortales

Montserrat Triana Martínez tuvo que dejar su plaza en la Diputación de León, por lo que recibió una indemnización de 60.000 euros, que la institución le reclamó posteriormente. Devolver esa cantidad provocó que perdiera su piso.

En 2007, la cercanía de las dos detenidas al Partido Popular y a la fallecida, Isabel Carrasco, facilitó que Montserrat Triana Martínez entrara a trabajar en la Diputación de León. Tras cuatro años como responsable de Telecomunicaciones y del Servicio de Asistencia a Municipios, la hija de la ya asesina confesa quiso ascender políticamente, subida de categoría que era factible con la dimisión en marzo de 2011 de uno de los seis concejales del PP y al ser Montserrat Triana Martínez la número siete en las listas del Ayuntamiento. Un ascenso a concejala que sería breve (en mayo de 2011 había elecciones municipales), y no contaba con el visto bueno de Isabel Carrasco. Éste sería el primer punto de inflexión de la enemistad entre ambas.

En 2010 ocurrió otro episodio determinante: la plaza de interina salió a concurso por orden de la presidenta. Aunque Montserrat Triana se presentó a las oposiciones no consiguió la plaza, ni siquiera cuando quien se había hecho con ella dejó vacante el puesto, porque Carrasco decidió suprimir la plaza de ingeniero de telecomunicaciones. La joven fue despedida en 2011.

Pero hay un tercer episodio que añadir al rencor que fue haciendo mella hasta llegar al asesinato, y es que Montserrat habría cobrado una indemnización de 60.000 euros que la institución provincial le reclamó posteriormente. El litigio judicial habría acabado de momento con la devolución del dinero por parte de la detenida, lo que le llevó a perder su piso, aunque la vista para la resolución del caso estaba fijada para el mes de julio. Y hay una segunda cifra en juego que quizá fue el detonante: 12.000 euros que Triana Martínez habría cobrado de forma irregular durante año y medio y el departamento de Recursos Humanos del ente provincial le estaba reclamando. Era un complemento salarial para los que se dedicaban en exclusividad a la institución, pero ella lo compaginaba con actividades privadas de asesoría como experta en instalación de sistemas de comunicación. El Boletín Oficial de la Provincia publicó en tres ocasiones – 25 de febrero, 1 de abril y 14 de agosto de 2013– los requerimientos de devolución de este dinero, que la detenida ignoró. El pasado viernes supo que debía pagar.