José Luis Ábalos vuelve al Tribunal Supremo dos meses después de declarar en el caso Koldo. Esta es la primera vez que declarará formalmente como investigado y que afrontará la posible imposición de medidas cautelares. El exministro del PSOE comparece en pleno impulso de la investigación por su presunto patrimonio en el extranjero y con el foco puesto en la implicación de otros cargos del Ejecutivo y del partido socialista.

Fuentes de su entorno confirman a LA RAZÓN que no va a modificar ni una coma de lo manifestado el 12 de diciembre ante el magistrado Leopoldo Puente. De hecho, si el instructor le pregunta si se ratifica en todo lo manifestado entonces, la respuesta será afirmativa. Ábalos negará que tenga cuentas fuera de España y tratará de desacreditar las pruebas aportadas por el comisionista Aldama, que le acusan de haber amañado adjudicaciones del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas.

Al igual que hiciera en su primera comparecencia, que se produjo a petición propia, Ábalos se centrará en las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción (representada en este procedimiento por su jefe, Alejandro Luzón). No se prevé que atienda las cuestiones de las partes personadas, especialmente de las acusaciones que litigan unificadas bajo la figura del Partido Popular.

Imposición de medidas cautelares

Más allá del contenido de esta declaración, lo novedoso lo constituye las posibles medidas cautelares que el magistrado pueda adoptar contra él al término de la misma. En su anterior visita no se efectuó el trámite de la "vistilla" puesto que compareció de manera voluntaria y el Congreso de los Diputados no había tramitado aún el suplicatorio. Sin embargo, una vez retirada su inmunidad parlamentaria, se abre la veda a que el juez le imponga medidas, previa solicitud de la Fiscalía o de las acusaciones personadas.

Cabe recordar que Koldo García y Víctor de Aldama -los otros dos cabecillas de la trama investigados en esta derivada del caso- ya contaban con medidas acordadas tras el estallido de la red hace ahora un año y que Puente ratificó en diciembre. Ambos tienen prohibido salir de España, el pasaporte retirado y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado ante los indicios de criminalidad que pesan sobre ellos.

En el caso de Ábalos se espera que se adopten medidas de naturaleza similar, si bien desde su entorno recuerdan que ni hay riesgo de destrucción de pruebas (dado que ya las podría haber eliminado tras doce meses de pesquisas), ni tampoco de fuga, toda vez que cumple con sus compromisos de diputado y sigue acudiendo al Congreso.

Confrontación con la UCO

Sin embargo, el magistrado mantiene el foco puesto en el presunto "papel principal" en esta red que se adjudicó contratos de mascarillas por valor de 54 millones de euros. Por ello, ordenó hace apenas semanas una investigación patrimonial exhaustiva centrada tanto en sus propiedades como en sus cuentas bancarias. De hecho, y como informó este medio, la Guardia Civil mantiene el foco puesto en un presunto desvío de su patrimonio en el extranjero; de ahí que las pesquisas se centren en él y en su entorno más cercano, como es su hijo Víctor Ábalos.

A falta de conocer los nuevos informes de la UCO encargados por el instructor, los indicios contra Ábalos giran en torno a cuatro asuntos: su papel en la adjudicación de los contratos covid, el disfrute de una vivienda vacacional en Cádiz, el alquiler de la casa de lujo de su expareja, Jessica Rodríguez, y la vivienda del Paseo de la Castellana que, según Aldama, le cedió para que, a cambio, facilitara la adjudicación de contratos de obra pública de su Ministerio a empresas amigas.

Sobre el primero de los puntos, el exministro ha negado cualquier acuerdo en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión y se ha escudado en numerosas ocasiones en el aval del Tribunal de Cuentas. En relación con la vivienda de La Alcaidesa que se adquirió desde la mercantil Have got time (administrada por la hija de la empresaria que asegura haber llevado bolsas de dinero a Ferraz), el exministro defiende que costeó el alquiler de la misma y que hay documentos que así lo constatan.

El patrimonio de Ábalos

Respecto a Jessica Rodríguez, la UCO desveló que vivió en los meses de pandemia en una vivienda de lujo en el centro de Madrid cuyo alquiler costeó también la trama. Los agentes sospechan que el exministro medió para 'enchufar' a su entonces pareja primero en Ineco y luego en Tragsatec, si bien Ábalos negó la mayor y delegó cualquier responsabilidad en Koldo García. En su descargo mantiene que la relación ya estaba rota cuando ella accedió a estos puestos en organismos públicos.

Finalmente, Ábalos también ha negado que se beneficiara de una vivienda de lujo que Víctor de Aldama pactó con él a cambio de adjudicar contratos de obra pública desde Transportes. El 'ex número tres' del PSOE no solo ha desmentido que se beneficiara de esta vivienda, valorada en cerca de 2 millones de euros, sino que asegura que no hay papel alguno que soporte las acusaciones de Aldama.

Precisamente, el comisionista se ha convertido en uno de sus principales enemigos desde que decidiera colaborar con la Justicia a finales del año pasado. El empresario ha defendido hasta en dos ocasiones en sede judicial que Ábalos cobró mordidas de más de 400.000 euros por facilitar que los contratos de mascarillas de Puertos del Estado y de Adif fueran a parar a Soluciones de Gestión y, también, por amañar contratos millonarios de obra pública del Ministerio que él dirigía.