José Luis Ábalos sufre una especie de ostracismo en el Congreso de los Diputados. Él, que antes de que estallaran los escándalos de corrupción era una figura habitual del patio de la Cámara Baja, ahora apenas se deja ver. Casi nunca sale de su despacho para evitar a los periodistas y a sus antiguos compañeros del partido, y si lo hace es sólo para votar. Sin embargo, muchas veces incluso opta por solicitar el voto telemático y ni siquiera tener que presentarse en el Hemiciclo, un terreno muy hostil para él ahora mismo.

Pero tener un escaño en el Congreso ofrece una serie de derechos y hay uno en concreto que a Ábalos sí le gusta ejercitar: el derecho a preguntar al Gobierno. La única actividad que Ábalos realiza actualmente como diputado, según la propia web de la Cámara Baja, es la de plantear preguntas por escrito al Ejecutivo. Tienen que ser por escrito porque en el Grupo Mixto al que pertenece no quieren compartir su tiempo para plantear preguntas orales o participar en debates, aunque él tampoco lo reclama.

Esta fórmula de las preguntas por escrito es a la que más recurren los diputados que tienen un perfil relativamente bajo en el Congreso. Suele utilizarse para interesarse sobre cuestiones que afectan a la ciudadanía en sus territorios y circunscripciones, o sobre ámbitos que les interesan políticamente. Sin embargo, Ábalos utiliza su derecho principalmente para preguntar por cosas que le afectan a él personalmente. No hay interés ciudadano detrás de sus planteamientos.

El exministro pasó al Grupo Mixto, tras negarse a entregar el acta, en febrero de 2024. Desde entonces, ha preguntado hasta en tres ocasiones "sobre un posible rastreo sin aval judicial sobre diputados y diputadas del Congreso (incluida mi persona) y nuestro entorno personal por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sin tener en cuenta nuestra condición de diputados en Cortes Generales y, por tanto, como cargos aforados". Esta pregunta se repitió en julio, agosto y octubre del año pasado y la respuesta del Gobierno fue concisa: las fuerzas y cuerpos, en labores de Policía Judicial, no pueden dar cuenta del resultado de sus pesquisas, salvo a los tribunales, no al Ejecutivo.

Este tipo de preguntas también las está usando Ábalos para dar oficialmente su opinión de algunos asuntos sin tener que comparecer ante los medios de comunicación, ya que se puede plantear una exposición de motivos en la que él puede desarrollar libremente lo que considere.

Por ejemplo, Ábalos usó su derecho a preguntar al Gobierno en noviembre y en septiembre del año pasado para arremeter contra la auditoría que realizó Óscar Puente en el Ministerio de Transportes y que sirvió para descubrir que su cartera había comprado cinco millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, a pesar de que su oferta era la peor de las presentadas al concurso. En dicho informe se recogía la participación de Ábalos en la adjudicación.

En sus preguntas al Gobierno, Ábalos denuncia, entre otras cuestiones, que la auditoría valore la legitimidad de las decisiones políticas adoptadas en el momento de la pandemia o que "habiendo un procedimiento judicial en marcha, se haya indagado la legitimidad y legalidad de expedientes administrativos que son objetos de una instrucción penal". Eso se podía leer en la pregunta parlamentaria de septiembre. En la de noviembre, directamente pasa a defenderse y a dar una respuesta por escrito a la auditoría, en una exposición de motivos de nada menos que 22 páginas. Es decir, lejos de interrogar al Gobierno por cuestiones que afectan a la ciudadanía, usa ese derecho como una estrategia de defensa judicial y ante la opinión pública. Meses más tarde, el pasado verano, Ábalos se acabó querellando contra el Ministerio de Puente por dicha auditoría.

Aunque el exministro concentró gran parte de su actividad parlamentaria el año pasado, este 2025 también ha vuelto a recurrir a las preguntas por escrito para marcar posiciones e, incluso, para defender a un amigo. Es el caso del policía Rubén Eladio, parte del círculo íntimo de Ábalos cuando todavía era ministro. El PP registró una serie de preguntas parlamentarias en julio de este año cuestionando un ascenso de Eladio dentro de la Policía y Ábalos registró otra pregunta, el pasado mes de septiembre, para denunciar la "intromisión" del PP en un proceso de "promoción interna".

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sacó a relucir hace tres semanas la pregunta de si es conveniente que Ábalos mantenga su escaño como diputado al estar investigado en un proceso penal. Aunque no los citó, estos ejemplos le habrían servido de argumento. Sin embargo, su idea no fue bien acogida por ningún grupo de la Cámara y Ábalos seguirá manteniendo su escaño hasta que él lo considere oportuno, o hasta que sea condenado.