Política

Operación Púnica

Al menos seis detenidos en empresas de Madrid y Valencia

La Guardia Civil ha detenido a cuatro altos cargos de la empresa energética Cofely, uno de los centros de la trama de corrupción investigada en la Operación Púnica, al entender que a través de esta sociedad los ayuntamientos implicados contrataban servicios a cambio de adjudicaciones. Fuentes de la investigación han indicado a Efe que los agentes han detenido a los directores general y comercial de la citada empresa, radicada en Madrid, así como a otros dos altos cargos.

Se trataría, según las mismas fuentes, de una de las empresas donde "pivotaría"toda la trama de corrupción municipal y autonómica investigada en la Operación Púnica, en la que han sido detenidas 51 personas.

La Fiscalía Anticorrupción ha explicado esta mañana la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías"de Madrid, León, Murcia y Valencia y lograba contratos públicos en "connivencia"de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.

De esta forma se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

Una de estas empresas que trabajaría para la trama sería Cofely, perteneciente al grupo GDF Suez, que en su página web se presenta como una experta en "soluciones globales e innovadoras"a fin de garantizar el máximo rendimiento energético de edificios e instalaciones; asegurar la producción y distribución de energías y reducir el impacto medioambiental.

El julio de 2013, según señala en su web, esta empresa resultó adjudicataria de un contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla, uno de los municipios investigados y donde ha sido detenido su alcalde, José María Fraile.

El contrato firmado permitiría disminuir a Parla, asegura esta web, cerca de un 40 por ciento de su consumo energético y de sus emisiones dióxido de carbono solo en el alumbrado público.

Por otra parte, dos agentes de la Guardia Civil han salido de la sede en Valencia de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), que registran desde esta mañana en el marco de la operación Púnica, custodiando a un hombre al que han ocultado su rostro de los medios de comunicación que esperan ante el portal del inmueble, situado junto a la plaza del Ayuntamiento.

La Guardia Civil está registrando desde primera hora de la mañana la sede en Valencia de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), creada por uno de los empresarios implicados en la operación Púnica, Alejandro de Pedro Llorca. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se están llevando documentación de la sede de la empresa, ubicada en el centro de Valencia, en un registro que ha comenzado poco antes de las dos de la tarde.

Alejandro de Pedro Llorca es uno de los empresarios relacionados en la operación Púnica contra una trama de corrupción destapada en varios ayuntamientos y comunidades autónomas.

Según su blog personal, es director general de EICO desde 2010, una consultoría de reputación, y "profesor de la UM", sin más especificaciones.

Ha desempeñado cargos de responsabilidad en Open Ideas, Grupo Demini, Libertas Consultores, Web to web, Tissat y Telecomunicaciones de Levante.

Entre 1996 y 2004 impartió cursos en centros homologados por la entonces Conselleria de Trabajo sobre redes locales, introducción a la multimedia, y Office avanzado.

De Pedro es uno de los dos "conseguidores"de los que se servía la red, junto al constructor David Marjaliza, muy próximo a Francisco Granados y que también ha sido arrestado hoy.

El exconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid y los alcaldes de las localidades madrileñas de Valdemoro, Collado Villalba, Parla, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle han sido detenidos.

En el desarrollo de esta investigación la Guardia Civil ha detenido a medio centenar de personas en Madrid, Valencia, Murcia y León -en esta provincia también el presidente de la Diputación Marcos Martínez-, acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de lograrse adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.

Uno de los detenidos es Francisco Granados, quien fue 'número dos' de Esperanza Aguirre al ocupar los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y quien fue también alcalde de Valdemoro.

En esta localidad también ha sido detenido su actual regidor, José Carlos Boza, del PP.

Por su parte, han sido detenidos el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP), y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (Unión Demócrata Madrileña-UDMA).

También se ha procedido al registro del Ayuntamiento de Móstoles, sin que se sepa si se ha producido alguna detención.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías"de las provincias citadas y lograba contratos públicos en "connivencia"de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.

Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

Además de los 51 detenidos, en la Operación Púnica se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de dTambién 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.