Alaya eleva a 265 la cifra de imputados en el «caso ERE» tras sumar otros 34

Nuevo incremento del número de imputados en el «caso ERE», que ya asciende a 265, después de la que instructora del proceso, Mercedes Alaya, haya sumado a tal categoría otras 34 personas.

Nuevo incremento del número de imputados en el «caso ERE», que ya asciende a 265, después de la que instructora del proceso, Mercedes Alaya, haya sumado a tal categoría otras 34 personas. Lo ha hecho tras recibir un «minucioso» atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a las subvenciones concedidas a la Sierra Norte de Sevilla que tienen un denominador común: «la ausencia de procedimiento» para su tramitación. Es más, en la mayoría de los casos carecían de solicitud y «de documentación justificativa», según consta en el auto de la jueza notificado ayer, al que ha accedido LA RAZÓN, y a través del cual amplía también sus acusaciones contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

¿La lista? Los ex consejeros Antonio Fernández y Martín Soler, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el ex viceconsejero Agustín Barberá; los ex directores generales de la ahora agencia IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano; y el ex gerente de la última en Sevilla, Manuel Enrique Rodríguez Contreras. En relación a los encausados ahora, ligados a más de una treintena de ayudas públicas que oscilan entre los 44.000 euros y los 1,2 millones distribuidas a partir de 2003, destaca la presencia de dos ex alcaldes socialistas de la comarca que, según los investigadores, fue regada con más de 56 millones. Se trata del ex regidor de Guadalcanal Carmelo Montero y el de El Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, socio de su esposa, Rosario Parrado, en una empresa de quesos y embutidos. A la luz de lo relatado en el auto, a estos últimos se les proporcionó una ayuda sociolaboral en noviembre de 2009 por un importe de 50.000 euros, tras entrevistarse con el ex director general de Trabajo Juan Márquez, «en una reunión en la que estuvo presente el delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas», y tras otro encuentro previo sin resultados con Guerrero.

La almazara del ex alcalde de Guadalcanal, por su parte, habría obtenido un millón de euros, gracias a «sus importantes relaciones de amistad» con los responsables de la Consejería de Empleo y del IFA –actual IDEA–, en especial con el ya encausado Rodríguez Contreras.

En el auto aparece otro nombre, Antonio Diana Expósito, identificado como «antiguo alcalde» de El Pedroso, si bien desde ese municipio aseguran que nunca lo ha sido. En cualquier caso, habría recibido, sin ni siquiera pedirlo, 60.000 euros para «la ampliación de una gasolinera de la que era concesionario». A cambio de esos fondos públicos, la instructora apunta que éste habría «regalado» a Guerrero «un equipo GPS con DVD y dos pantallas de televisión instaladas en un BMW». La resolución de la instructora recoge otra supuesta dádiva a este ex director general de Trabajo: unos «pasajes de avión a Menorca» para él y su mujer, que les habrían proporcionado dos de los copropietarios del hotel La Posada del Moro, de Cazalla de la Sierra, incluidos entre los agraciados con dinero público procedente del denominado «fondo de reptiles».

La jueza imputa además a una hilera de empresarios de la zona y al ex secretario de Organización del PSOE de Las Navas de la Concepción Luis García, quien, «en virtud de la influencia ejercida» sobre Rodríguez Contreras y Guerrero, «solicitaría una ayuda de 270.000 euros» en julio de 2003 para la almazara de aceite de la localidad. Todos los incorporados a la causa son citados para el 23 de marzo, un día después de las elecciones autonómicas.

Al margen de ellos, Alaya se refiere en su auto al ex consejero y diputado nacional socialista José Antonio Viera, cuya implicación en este caso analiza ya el Tribunal Supremo (TS). Los investigadores sostienen que pudo facilitar la concentración «desmesurada» de ayudas en la Sierra Norte.