Interior
Una "ambigüedad normativa" genera incertidumbre en la Guardia Civil
Una asociación de agentes exige a la Dirección General que aclare un término de una norma que está generando preocupación entre el colectivo
La incertidumbre reina entre los investigadores de la Guardia Civil. El término acuñado en una normativa ha despertado las dudas de los agentes que han acudido en masa a una de sus entidades representativas para pedir información. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha tenido que emitir una solicitud para intentar aclarar qué ocurre.
Este problema ha sido revelado por la Secretaría General de AUGC que han sido los encargados de remitir una solicitud a la Oficina del Consejo de la Guardia Civil. No han sido pocos los agentes que se han puesto en contacto con esta entidad ante las dudas que han aparecido en las últimas semanas.
La asociación, por el momento, no han obtenido respuesta y la preocupación ha hecho mella entre el colectivo. AUGC ha tenido que emitir un comunicado donde reclaman una "respuesta urgente que despeje estas incertidumbres". "Que refuerce la profesionalización en esta área clave y proteja de forma eficaz tanto a las víctimas como a los agentes que deben aplicar el nuevo sistema", señalan.
¿De dónde vienen estos problemas?. Pues la respuesta, o más bien la duda, se encuentra en torno a la aplicación de la Instrucción 1/2025 sobre el sistema VioGen-2, que fue presentado hace meses por el Ministerio del Interior.
El término que despierta las dudas
En concreto, desde AUGC se ha requerido información precisa sobre quién debe ser considerado "personal policial especializado", cuáles son los requisitos formativos para dicha consideración y qué funciones les corresponden de forma diferenciada. Este termino no aparece aclarado en la normativa que lleva meses en vigor.
La asociación explica que esta petición surge ante la "creciente preocupación" entre el personal de Policía Judicial y los equipos VioGen. Critican la "ambigüedad normativa actual", que está provocando situaciones de "inseguridad jurídica y una aplicación desigual del protocolo, en una materia tan sensible como la violencia de género".