Un año después de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso –se cumple el próximo viernes, aunque entró en vigor el 11 de junio, diez días después de publicarse en el BOE– la polémica norma deja un reguero de recursos, todavía sin resolver, sobre todo en el Tribunal Constitucional (TC) pero, también, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyo posicionamiento sobre una posible vulneración de la ley del derecho comunitario resultaría clave más allá de lo que diga la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido.

Toda esa batería de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, de demandas de amparo y de prejudiciales mantiene doce meses después a la espera tanto a los líderes independentistas condenados por el «procés» como a los políticos fugados, con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de condenados por el Tribunal Supremo ya fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero esa medida de gracia solo afectó a las penas de prisión, por lo que siguen inhabilitados para ser candidatos, lo que por ahora aleja a Junqueras de cualquier lista electoral hasta 2031.

En cuanto a Puigdemont, que con su fuga hace más de siete años ha eludido la acción de la Justicia española (aunque fue detenido en marzo de 2018 en Alemania finalmente no fue entregado a España y su visita fugaz a Barcelona el pasado agosto se saldó con un esperpento policial que dejó en agua de borrajas la orden de detención vigente), su regreso sigue bloqueado, porque el Supremo se niega a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado.

Tanto la Sala Penal como el magistrado Pablo Llarena, ante quien debe rendir cuentas el líder de Junts, coinciden en que la malversación del «procés» no está amparada por la amnistía, que excluye de su ámbito de aplicación a quienes obtengan «un beneficio personal de carácter patrimonial». Un enriquecimiento que el alto tribunal aprecia en los políticos que con cargo a los caudales públicos financiaron el proceso soberanista sin que sus bolsillos se resintieran.

El TJUE, determinante

Todos, condenados y procesados, observan con atención el pulso entre el Tribunal Constitucional, que espera pronunciarse sobre la ley la última semana de junio (todo apunta a un aval a la amnistía de los magistrados progresistas), y el Tribunal Supremo, que además de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma ante el propio TC parece dispuesto, según las fuentes consultadas, a acudir al TJUE si finalmente la corte de garantías valida la amnistía, en cuyo caso la aplicación de la misma quedaría paralizada a la espera del dictamen de la Justicia europea.

Hasta el momento, no obstante, cuatro tribunales españoles –(la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de lo Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)– han planteado a la Justicia europea sus dudas sobre la adecuación de la ley al Derecho de la Unión.

Precisamente esa decisión pendiente –LA RAZÓN ya informó de que el TJUE va a acelerar la tramitación del recurso del Tribunal de Cuentas sobre la amnistía tras la maniobra de Conde-Pumpido para intentar que el tribunal de los ERE no llevase a Europa la anulación de las condenas– ha provocado recientemente que tres magistrados del TC hayan instado a su presidente a aplazar la decisión sobre la amnistía hasta que Luxemburgo se pronuncie.

Tras la negativa de Conde-Pumpido, el PP –cuyo recurso contra la ley será el primero en abordarse– ha recogido el guante reclamando esa misma medida, o que el propio Tribunal Constitucional opte por plantear sus dudas sobre la norma al TJUE (lo que también acarrearía dejar en suspenso el procedimiento para resolver los recursos contra la amnistía).

En estos momentos, el foco está puesto en el Tribunal Constitucional, que tiene sobre la mesa 16 recursos de inconstitucionalidad (la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP), seis cuestiones de inconstitucionalidad (entre ellas las planteadas por el Tribunal Supremo y el TSJ de Cataluña) y varios recursos de amparo, incluido el de Oriol Junqueras pero todavía no el de Puigdemont, pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva su incidente de nulidad contra su negativa a amnistiarle. La hoja de ruta de Conde-Pumpido apunta a resolver el recurso del PP a finales de junio, lo que precipitará que ese aval a la amnistía (está previsto que se admita parcialmente ese recurso en cuestiones menores) se aplique en bloque al resto.

Las demandas de amparo, en lista de espera

Otra cosa será la resolución de los recursos de amparo, que se antoja se abordarán tras ese primer pronunciamiento sobre la norma, en la medida en que en este caso el TC debe discernir si el Supremo ha vulnerado algún derecho fundamental o principio constitucional al negarse a amnistiar la malversación del «procés» (Puigdemont, por ejemplo, centrará sus quejas en la falta de competencia del Supremo para instruir la causa del «procés», uno de los principales caballos de batalla de su abogado, Gonzalo Boye).

Con esos recursos de amparo todavía en lista de espera, o incluso sin plantearse ante el Constitucional, el pulso entre el TC y el Supremo se recrudecerá una vez el Pleno –de mayoría progresista– alumbre la sentencia que ratifique la constitucionalidad de la ley. Llegará entonces el momento de que el alto tribunal tenga que aplicarla, pero según las fuentes consultadas el Supremo –que dejó una puerta abierta a acudir a la Justicia Europea tras el pronunciamiento del TC– prevé acudir al TJUE y paralizar, por tanto, la aplicación de la sentencia de la corte de garantías. Y lo haría esgrimiendo las dudas sobre la adecuación de la amnistía al derecho comunitario en relación a la persecución de la malversación como exponente de la corrupción política y exponiendo incluso el riesgo para los intereses financieros de la UE de la intentona independentista en 2017.

Será entonces cuando Llarena tenga que decidir si mantiene o no las medidas cautelares a Puigdemont (sobre el que pesa una orden de detención y de prisión). Pero con un fallo del TC avalando la amnistía (y con una muy incierta posibilidad de que finalmente sea condenado), las fuentes consultadas ven escaso margen para que esas medidas se mantengan.