Tribunales

Anticorrupción reclama interrogar en el "caso Koldo" al mando del guardia civil que protegía a la trama

El fiscal solicita a la Audiencia que se impute a cinco colaboradores que habrían ocultado bienes en Portugal para Aldama

Comisión de investigación por el caso Koldo, con la declaración del propio Koldo García.
Comisión de investigación por el caso Koldo, con la declaración del propio Koldo García. © Jesús G. FeriaLa Razón

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que declare como testigo en el "caso Koldo" el coronel jefe de Información que era el superior jerárquico de Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil imputado por ofrecer seguridad y líneas seguras a los miembros de la trama de cobro de mascarillas que se investiga, según confirman a LA RAZÓN fuentes cercanas a la causa y adelanta ABC.

El fiscal Luis Pastor ha requerido al juez instructor, Ismael Moreno, para que interrogue también a otros siete agentes de la Benemérita, además de al coronel al que identifica como "agente 1".

No descartan estas fuentes consultadas que Moreno haya abierto una pieza secreta paralela para indagar en los encargos que habrían hecho para Villalba, como ingresos de dinero en efectivo en sus cuentas. El identificado como "agente 5", por ejemplo, le ingresó 6.150 euros en metálico en un año, de 2022 a 2023.

También quiere el Ministerio Público que sean investigados por un delito de pertenencia a organización criminal y otro de cohecho cinco personas vinculadas a Víctor de Aldama, considerado "líder" del entramado de cobro de comisiones, que habrían ocultado bienes del empresario a través de empresas en España y Portugal.

Se trata de Ignacio Díaz Tapia que se considera que habría participado en el entramado utilizado por Aldama para ocultar sus bienes como socio-gerente de la empresa portuguesa Etapinvisível Unipessoal LDA, de la que Tapia era dueño.

Otro es Alberto Escolano al que el fiscal sitúa como participe del entramado utilizado por Aldama para ocultar sus bienes como socio-gente de CuboFlamejante LDA y Agarróbvio Unipessoal LDA, de las que era dueño con el 100 por ciento de las participaciones, y con el 80 por ciento en Proezencontrada LDA, en esta última Aldama era titular del otro 20% de las acciones.

Lo mismo ocurre, expone el fiscal, con Javier Serrano habría participado en el entramado de Aldama como socio-gente de BravaPercepcao Unipessoal LDA y dueño al 100 por ciento, y César Moreno, propietario de Fenomenoesferico Unipessoal LDA.

En cuanto a María Piedad Losada, Anticorrupción la sitúa como cooperadora con Aldama en este mismo sentido, aunque reduce aunque su papel a que "tenía conocimiento del pago de comisiones con dinero en efectivo con motivo de los contratos investigados". Se refiere al informe de la UCO para recuperar que en una conversación con el empresario "relativa a la gestión administrativa de un contrato de alquiler con opción de compra", Piedad menciona que ha hablado "con Juan" para que una empleada suya realice este trámite.

"Esto en realidad lo estamos haciendo para evitar que tu tengas algún problema, pero hay que pagarlo" llega a decir, y de estas afirmaciones deduce la Fiscalía, que este inmueble se compró a través de la empresa Atmosferaudaz para "evitar problemas" a Aldama con las fuerzas del orden.

Otro día, señala el fiscal citando el informe policial, Piedad le informa a Aldama de que había estado hablando de nuevo "con Juan" y le explica que la sociedad portuguesa con la que planean adquirir este inmueble obligatoriamente tiene que estar registrada en España ya que si la mercantil va a tener ingresos mensuales por el alquiler de la vivienda, le iban a aplicar el IVA.

Además, sobre esta sociedad radicada en el país vecino, Piedad asevera que la idea inicial "no era esa" porque está dirigida a no tributar en nuestro país. Finalmente Aldama le ordena que vaya buscando otro inmueble en exclusiva urbanización de la La Moraleja para comprarlo con pago aplazado a su nombre.

En el informe de la UCO se expone, como recoge ahora Anticorrupción, que hay pruebas de la participación de todos ellos, menos Piedad, en negocios de distinta índole que Aldama puso en marcha durante el periodo de tiempo investigado que requirieron los trámites con las administraciones con Baleares y Canarias en la adjudicación de un contrato para el suministro de pruebas PCR a Eurofins Megalab, otra de las empresas vinculada a la trama de cobro de comisiones que se investiga.