Asesinos de «Pertur» y adiestradores de las FARC, al amparo del castrismo

En la lista elaborada por el CNCA, con el concurso de Policía, Guardia Civil, CNI y la colaboración de las Fuerzas de Seguridad francesas, se sitúa en Cuba al pistolero etarra Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, alias «Apala», nacido en Ataun, Guipúzcoa, el 16 de abril de 1955.

A este individuo, que pertenecía a los «comandos bereziak» (especiales) se le imputó en algunos medios el secuestro y posterior asesinato de Eduardo Moreno Bergareche, «Pertur», acción criminal en la que también habría participado Francisco Múgica Garmendia, «Pakito». Las razones del crimen, dentro del centralismo democrático que practican la banda y las organizaciones de su entramado, no podían ser más claras y contundentes: discrepar de la «dirección».

Otros presuntos terroristas que están en la isla son Jesús Abrisqueta, que habría contraído matrimonio con una cubana y tendría hijos; José Miguel Arrugaeta y José Ignacio Rodríguez Muñoa, a los que también se relaciona con el secuestro y asesinato del capitán Martín Barrios; Agustín Azkarate, al que se imputan cinco asesinatos; José Ignacio Echarte, que protagonizó un intento de fuga hacia Venezuela a bordo de un velero junto con otros dos etarras, que ahora están en Francia, por lo que cabe suponer que, en cuanto pueda, hará lo propio; Bernardo Iparraguirre, José Iza Dorronsoro, José Sarrionaindía y José Ángel Urtiaga. La Justicia española imputa a este último haber colaborado, junto con Echarte y Arrugaeta, en la formación de «comandos» de las FARC colombianas, para lo que viajaron a la selva venezolana en una operación supervisada por Arturo Cubillas Fontán, residente y protegido en el régimen chavista.

Precisamente, Fontán encabeza la lista de los 31 presuntos etarras residentes en Venezuela, muchos de los cuales disponen de negocios florecientes en distintas partes de la República Bolivariana o se han casado con ciudadanas de este país, con el fin de complicar posibles peticiones de extradición.

Si hay dos etarras peligrosos en Sudamérica son, sin duda, por su acreditada «carrera» criminal, Miguel Ángel Aldana Barrena, «Askatu», y Eugenio Barrutiabengoa, «Arbe». Ambos residen en Venezuela, el primero en Cumaná, si no se ha trasladado a otro lugar; y el segundo, en Caracas, en una conocida empresa de electrodomésticos que tiene su central en el País Vasco.

México es el mejor ejemplo en Suramérica de colaboración antiterrorista. En la década de los 90 era el país elegido por ETA como «segunda retaguardia», después de Francia, aunque mantenían en Uruguay un importante «aparato de falsificación» y la fuente de ingresos que les suponían los dos restaurantes, de nombre La Trainera, que tenían en Montevideo y Punta del Este.

En el caso de México, se llegó a hablar –cifra que después se comprobó–, de 150-200 etarras escondidos. Hoy, el número se reduce a 45, lo que da idea de los avances logrados.

Lo cierto es que los pistoleros que huyen prefieren el régimen bolivariano de Chaves –ellos sabrán por qué– y que los que se quedan en el país azteca, salvo casos de evidente peligrosidad, son individuos que se han asentado; algunos se han casado con nacionales y, al menos en apariencia, están desvinculados de labores operativas de la banda, que no de ETA.

Queda algún caso, que el propio sujeto está empeñado en convertir en una pieza de estrambote, como el de Luis Miguel Ipiña Doña que, para su desgracia como separatista vasco tiene el alias, asignado por la banda, de «Torero» o «Torerillo». No significa que las imputaciones que pesan sobre él no sean de una extrema gravedad, sino que frecuenta foros de internet en los que, de una manera abierta o con seudónimos (que se le atribuyen), se dedica a escribir, si es él, una serie de artículos que expertos antiterroristas consideran apologísticos.