La asociación mayoritaria de fiscales estudia recurrir el nombramiento de Dolores Delgado

Dos de las tres asociaciones de fiscales que reclaman la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuenta del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática aún no han dicho su última palabra al respecto. La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, sopesa la posibilidad de recurrir el nombramiento ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, según confirman a LA RAZÓN fuentes de la agrupación, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya ha anunciado que trasladará el caso a la Comisión Europea cuando cumplimente su informe anual para evaluar la situación del estado de derecho en España, algo que también piensa hacer –según esas mismas fuentes– la asociación que preside Cristina Dexeus.

Tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales como el único representante de APIF en el Consejo Fiscal se negaron el pasado jueves a participar en la votación en la que resultó designada la exministra de Justicia –con solo tres apoyos, pues el fiscal general no participa en la votación– como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos (un nombramiento que corresponde en último término al Gobierno, que se espera que lo certifique en el Consejo de Ministros del próximo martes).

Evitar la campaña electoral

García Ortiz adelantó la convocatoria del Pleno horas después de que Pedro Sánchez anunciase la celebración de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Y aunque tanto la AF como APIF le exigieron que lo aplazara, la reunión finalmente se celebró. Ya con el Consejo constituido, los vocales discrepantes instaron al fiscal general a dejar fuera del orden del día el nombramiento de Delgado para que la Inspección Fiscal intentase esclarecer si la exministra de Pedro Sánchez incurre en causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional, ahora abogado, Baltasar Garzón, al frente de la fundación Fibgar, especializados en la defensa de derechos humanos. La negativa del fiscal general a retrasar la designación llevó a estos vocales a dar la espalda a la votación.

Desde la Fiscalía General se justificó el adelanto del Consejo Fiscal en su intención de que los trámites administrativos que conllevan los nombramientos (además de la designación de Delgado se cubrieron otras plazas, entre ellas la de la Fiscalía de Delitos de Odio) no se vieran «entorpecidos por el periodo preelectoral», pero lo cierto es que de esta forma la toma de posesión se llevará a cabo antes de la campaña, evitando así que la polémica salpique a Pedro Sánchez.

Ahora, se abre un plazo de dos meses para interponer un posible recurso ante el Supremo. «Es una de las opciones que valoramos», señalan esas mismas fuentes, al mismo tiempo que admiten que hay que estudiarlo porque este tipo de recursos (la decisión del fiscal general, conviene no olvidarlo, es discrecional y la opinión del Consejo Fiscal no es en todo caso vinculante) «no son fáciles».

"No había ocurrido nunca"

No obstante, en la asociación mayoritaria persiste la convicción de que García Ortiz debió paralizar el proceso de designación. «No recuerdo un caso tan notorio de incompatibilidad, tan evidente», aseguran. Se trata, subrayan de una situación «novedosa, que no se había planteado en otras ocasiones». «No había ocurrido nunca que varios vocales plantearan retirar un punto del orden del día para estudiar la posible incompatibilidad del candidato y se rechazara, no participando los vocales en la votación».

«Hay que estudiar las aristas», precisan no obstante en relación a ese posible recurso judicial, que plantea también posibles obstáculos de legitimación. Los candidatos sí pueden recurrirlo al estar directamente afectados por la decisión, pero en este caso serían los vocales de la AF o la propia asociación la que daría ese paso.

La APIF, por su parte, ha denunciado en un comunicado que se imponga «la voluntad autoritaria de quien se dice progresista», y califica lo sucedido como «un escándalo sin precedentes». «Como no le gusta que se pueda votar algo que no controla, no deja votar», dicen en referencia a la negativa de García Ortiz, quien –insisten– «debería dimitir».