Las asociaciones judiciales reaccionan ante la Ley de Amnistía: es confusa y genera inseguridad jurídica

Una vez aprobada la Ley de Amnistía en el Congreso, las asociaciones judiciales también empiezan a valorar el alcance de esta norma que se aplicará a los delitos asociados al "procés " independentista catalán. También, de manera potencial, a causas como la de Tsunami Democràtic o la de los CDR, en los que el instructor ve indicios de delitos de terrorismo. Estos serán algunas de las causas más complejas y que más interrogantes planteen a los jueces, que se debaten entre tres opciones: aplicar la ley directamente y amnistiar a los procesados, plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La primera en emitir un pronunciamiento ha sido la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que ha puesto el acento en que se trata de un texto que "crea inseguridad jurídica porque no ofrece claridad, precisión y la taxatibilidad sobre lo que son delitos o no amnistiables" y han lamentado que no se hayan escuchado "las críticas y las alertas de muchos juristas" durante su tramitación parlamentaria.

Su portavoz, el magistrado Sergio Oliva, ha insistido en que "el texto es perverso porque busca trasladar al Poder Judicial la decisión y la determinación de qué conductas son amnistiables con una narrativa intencionadamente confusa, ambigua". Esto derivará en distintas escenarios procesales para los condenados o para quienes están siendo juzgados, dado que "será susceptible de variadas interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas".

Y esto generará un riesgo en el que Oliva pone el acento: "Cuando alguna interpretación potencialmente válida se aparte de los intereses independentistas del momento, inmediatamente será tildada como prevaricadora", vaticina. Además de reconocer que los jueces están obligados a cumplir las leyes -"y la ley de amnistía ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico"- también precisa que dicho ordenamiento jurídico es nacional y comunitario.

De ahí que los jueces, en el desempeño independiente de sus funciones, podrán optar por "aplicar directamente la ley de amnistía o bien plantear cuestiones de inconstitucionalidad o bien plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con los efectos pertinentes en el caso", en una clara alusión a los efectos suspensivos que tienen estas medidas. Los vitorinos inciden en que todas estas interpretaciones son "válidas" y están "dentro de la normalidad democrática".

Por ello, la segunda asociación judicial señala que ahora más que nunca "es fundamental defender la labor independiente de los jueces" que son "los últimos garantes y protectores de los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía".

Por su parte, la magistrada Pilar Astray, integrante del comité ejecutivo de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha asegurado que la Ley de Amnistía "socava el Estado de derecho con degradación para el Poder Judicial y la separación de poderes". Y ha recalcado la idea de que los jueces, cuando tengan que aplicarla, tendrán que plantearse si tiene encaje en la Constitución y en el Derecho europeo. En caso de que tengan dudas, podrán plantear las cuestiones en cada una de esas instancias.

Otra de las asociaciones judiciales, Foro Judicial Independiente (FJI), ha puesto el acento en que esta norma afecta al principio de igualdad e invaden las competencias de los jueces y magistrados porque son ellos "los que deciden quienes son condenados y absueltos". Su presidente, Fernando Portillo, considera que "es muy peligrosa la puerta que se abre ya que degrada el Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de la igualdad de todos ante la ley". Por ello, ha insistido en que ahora "los políticos dejen a los jueces que trabajen en paz y no hagan señalamientos" a los que tengan que aplicar la nueva norma.

Una visión distinta tiene la asociación progresista. El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha enmarcado la aprobación de la ley en la normalidad del funcionamiento democrático de un Estado de derecho ya que se trata de una norma aprobada por el Parlamento que "hay que respetar". En lo que sí ha coincidido con el resto de organizaciones es que si alguno de ellos tiene dudas de su encaje con la Constitución, podrán plantear la correspondiente cuestión ante el TC o en su caso ante el TJUE. "El sistema funcionará como con cualquier otra ley", ha aclarado el portavoz de JJpD a Efe.