La Audiencia activa el cierre de la primera investigación a exjefes de ETA por atentados bajo su mando

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha activado el procedimiento para cerrar la investigación a cinco exjefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 pregunta directamente a defensas y acusaciones -Fiscalía, la familia de la víctima, representada por su hermana, Consuelo Ordóñez, el PP, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo- que se pronuncien sobre la conclusión del sumario.

Si finalmente da ese paso -que acercaría al banquillo a los cinco exintegrantes del comité ejecutivo de ETA-, se trataría de la primera causa abierta contra exdirigentes etarras. por su responsabilidad por los atentados cometidos bajo su mando. que enfila el banquillo.

Además de esta investigación, que se reabrió en 2015 a instancias de Consuelo Ordóñez, permanecen abiertas en estos momentos una decena de causas tras las querellas interpuestas por Dignidad y Justicia, que abrió dos años antes su cruzada contra los exdirigentes etarras con una querella por delitos de lesa humanidad. Entre otros, hay procedimientos tramitándose por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco; el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol: los atentados de Santa Pola (con dos víctimas mortales, una de ellas una niña de seis años), la T4 (dos ciudadanos ecuatorianos resultaron muertos en la explosión) y la casa cuartel de Zaragoza (ocho asesinados, seis de ellos menores de edad); el perpetrado en Sangüesa en 2003, en el que murieron dos policías; o el asesinato en el año 2000 del concejal del PP en Durango José María Pedrosa.

La decisión del juez se produce horas después de que el pasado miércoles comunicara su procesamiento a Mikel Albisu, "Mikel Antza", el último investigado pendiente de esa declaración indagatoria, quien aseguró que no tuvo "ningún tipo de participación" el atentado contra el político del PP, cuya planificación atribuye De Jorge a los imputados.

Cierre o diligencias pendientes

En esa providencia, el instructor señala que una vez "practicadas todas las declaraciones indagatorias de los procesados", defensas y acusaciones disponen de cinco días de plazo para solicitar al juzgado "alguna otra diligencia que consideren pertinente" o, en su caso, para pronunciarse sobre "la procedencia de concluir este sumario" y remitirlo a la Sala Penal de la Audiencia Nacional "para su enjuiciamiento".

Además de "Mikel Antza", están también procesados por su supuesta responsabilidad en el atentado que el 23 de enero de 1995 costó la vida a Ordóñez, en esas fechas portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", Juan Luis Aguirre Lete, "Isuntza" (quienes el pasado día 10 también se desmarcaron de la acción criminal), Julián Achurra, "Pototo", y José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri". Por el asesinato de Ordóñez ya fueron condenados los etarras Javier García Gaztelu, "Txapote", Valentín Lasarte y Juan Ramón Carasatorre.

Todos ellos, según ha puesto de relieve la investigación, desarrollaron un papel "relevante" en el atentado, participando al menos "en la toma de decisión del asesinato" de Ordóñez. No en balde, la Guardia Civil reflejó en uno de sus informes que en las fechas de la acción criminal "nada se hace, nada se mueve en ETA que no conozca y coordine y en la mayoría de los casos autorice el comité ejecutivo" de la banda terrorista, en cuyas manos estaba la misión de "controlar y dirigir toda la actividad" de ETA.

En el auto de procesamiento, dictado el pasado enero, el juez enmarca el atentado contra el político del PP en la "estrategia de desestabilización" que puso en marcha la banda terrorista tras el duro golpe que supuso el descabezamiento de su cúpula en Bidart (Francia) en 1992, un vacío que según la investigación llenaron los investigados al asumir las riendas de ETA en sus distintos "aparatos". "Iñaki de Rentería" (quien se hizo cargo de los aparatos "militar" y logístico entre 1992 y septiembre de 2000, cuando fue detenido) y "Mikel Antza" (en la dirección del "aparato político) asumieron, según los informes policiales, la reestructuración de ETA. Mientras que "Kantauri", Aguirre Lete y "Pototo" se incorporaron a la cúpula etarra en los meses previos al atentado, entre finales de 1994 y principios de 1995.

Papel "relevante" de la cúpula

Es precisamente ese "relevante papel desempeñado por los investigados en ETA, y más concretamente en su comité ejecutivo, en relación con las órdenes para asesinar al teniente de alcalde de San Sebastián" el que el instructor tuvo en cuenta para acordar su procesamiento. Y más teniendo en cuenta, subrayaba entonces, que era precisamente la dirección etarra la encargada de seleccionar los objetivos "especiales", como sucedía en el caso de los políticos (y no así cuando se pretendía atentar contra miembros de las Fuerzas de Seguridad o de las Fuerzas Armadas, en los que la decisión final recaía en los "comandos").

"Sin la función coordinadora, controladora y suministradora de medios que llevaba a cabo el comité ejecutivo -dejó claro De Jorge- el funcionamiento de la organización se paralizaría y los atentados serían imposibles". En consecuencia, el magistrado considera este hecho base suficiente para atribuir a los integrantes de la dirección terrorista "la responsabilidad por todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA durante el tiempo de su integración en el comité".

En sustento de esa argumentación, dos etarras arrepentidos manifestaron en sede judicial en calidad de testigos protegidos (en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco) que era el comité ejecutivo de ETA el que tomaba la decisión de atentar contra políticos, a diferencia de lo que ocurría con militares, policías y guardias civiles, en cuyos casos los miembros del "comando" tenía autonomía para seleccionar a su víctima. De hecho, uno de ellos aseguró que "de ninguna de las manera" el "comando Donosti" pudo decidir asesinar a Ordóñez sin el visto bueno de la dirección etarra.