Balance del juicio del «procés»: “Ha habido una campaña feroz para masacrar la imagen del Supremo”

La vista oral ha sido «extenuante», dicen fuentes del Supremo, porque «los escenarios eran imprevisibles».

«Ninguna duda sobre cómo se ha actuado». Veinticuatro horas después de que el juicio del «procés» haya quedado visto para sentencia, en el Tribunal Supremo (TS) se respalda la actuación de los siete magistrados que han formado parte de la Sala encargada de juzgar a los doce líderes independentistas catalanes. Y no se muestran temerosos de que haya resquicios que esgrimir en ese sentido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la última orilla judicial de los acusados.

Fuentes del Supremo apuntan que la labor del tribunal ha sido «complicada» pero, sobre todo, «extenuante», al enfrentarse cada día a escenarios «imprevisibles». Cada mañana, añaden, la pregunta antes de que se reanudase la vista era obligada: «¿Ahora qué va a pasar?».

Esas mismas fuentes se muestran convencidas de que la imagen del Tribunal Supremo ha salido reforzada, pese a la catarata de denuncias de vulneración de derechos fundamentales realizadas por las defensas de los acusados. No obstante, en la cúspide del poder judicial español tienen claro que la institución ha tenido que hacer frente a una «campaña feroz» impulsada desde el independentismo con el único objetivo de «acabar con el prestigio del Tribunal Supremo». En esa misma línea, asumen la dificultad de contrarrestar a «un lobby que lleva dos años masacrando la imagen del tribunal fuera e intentando menoscabar su labor institucional».

Para el Alto Tribunal ha resultado especialmente chocante la constante celebración de «juicios paralelos, sobre todo en medios afines a las tesis independentistas, en los que «juristas que ni siquiera han prestado un minuto de atención a la causa han repartido autorías y absoluciones» a la ligera.

A la luz de la evidente carga política de los alegatos finales de los acusados, resulta inevitable preguntarse cuál ha sido el peso de la política en la sala de vistas a lo largo de las 52 sesiones de la vista oral. Pero en el Supremo creen que, más que en las intervenciones de los acusados, «la carga política» del juicio estaba, sobre todo, en las declaraciones de los testigos.

La sentencia, en septiembre

De ahí, recuerdan, el empeño del presidente del tribunal, Manuel Marchena, en impedir desde un primer momento –con la comparecencia del portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, por ejemplo, o de la alcaldesa de Barcelona Anda Colau, «que vino en campaña»– que los testimonios se desviasen hacia el terreno de las valoraciones políticas (un célebre adagio jurídico alerta de que cuando la política entra en la sala la justicia sale por la ventana).

«Si se hubiese permitido a los testigos dar opiniones el juicio se habría convertido en una tribuna política». Lo reiteró hasta la saciedad el presidente: «Al tribunal le interesa lo que usted vio, sus valoraciones no importan ni interesan a la Sala».

En el TS también ha sorprendido la imagen que han dado algunos abogados de la defensa, que «han presentado escritos en ruedas de prensa, repartidos entre los medios de comunicación, que han llegado al Tribunal Supremo 48 o incluso 72 horas después», buscando antes su resonancia mediática.

Las quejas sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales tendrán puntual respuesta en la sentencia, que esas mismas fuentes aventuran que se hará pública entre la celebración de la Diada y el 16 de octubre, cuando se cumplen dos años de la prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, lo que obligaría a prorrogarla. Pero puesto a precisar, creen que el fallo se conocerá con mayor probabilidad «en septiembre». Aunque eso suponga que los miembros del tribunal tengan que acortar sus vacaciones.

En el Supremo defienden que los dos asuntos más «delicados» que las defensas podrían llevar a Estrasburgo –el uso del catalán en el juicio y la presunta vulneración de derechos políticos de los parlamentarios electos «están resueltos». «Se les ofreció declarar en catalán», recuerdan, pero no con traducción simultánea «porque eso suponía acabar con el principio de publicidad».

Respecto a la segunda cuestión, distinguen entre la titularidad de los derechos políticos, «que se les ha reconocido», y su ejercicio, «que estando en prisión» se encuentra limitado. El tribunal, subrayan, «no ha interferido en la titularidad, sino en su ejercicio».

Respecto a las quejas por la pregunta que efectuó in extremis el presidente del tribunal al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, sobre sus advertencias a Carles Puigdemont el 28-S respecto a que en el 1-O se podrían producir enfrentamientos violentos, están tranquilos.

La pregunta a Trapero

«El Supremo ha validado, en recursos de casación por falta de imparcialidad, hasta 70 preguntas hechas por el tribunal en un juicio. Hay varias sentencias en esa misma línea». Y se remiten al artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que estipula que el presidente de la Sala, «por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren».

Otra de las decisiones de la Sala que ha contrariado a las defensas –que se acotaran sus interrogatorios a los lindes establecidos por las preguntas efectuadas al testigo por la parte que lo había propuesto– tampoco parecen perturbar la tranquilidad del Tribunal Supremo. Haberlo permitido, argumentan, habría convertido las testificales «en un enfrentamiento dialéctico porque cada tesis interrogatoria da lugar a una tesis distinta». Además, recalcan las fuentes consultadas, para que exista indefensión el testimonio cuestionado «debe ser determinante para el objeto de la causa», algo que en su opinión no ha sucedido.