Bancarrota moral

El acuerdo al que PSOE y Junts puedan llegar produce, además de indignación, cierto miedo y vértigo. Esta preocupación no tendría lugar si la ciudadanía confiara en que frente al Gobierno hay instituciones de control en disposición de impedir su arbitrariedad. Si así fuera daría lo mismo que Puigdemont pida la amnistía, un referéndum, y la recaudación y gestión del 100% de los impuestos que se paguen en Cataluña. El problema es que la colonización sanchista del Estado y su negación de la separación de poderes ha llegado a tal punto que parece imparable.

Los socialistas, en esta vuelta de tuerca autoritaria que es el sanchismo, han conseguido llevar a la realidad su viejo sueño. Ahora en España parecen la misma cosa el PSOE, el Estado y el Gobierno. Esta última semana Francina Armengol y Rafael Simancas nos han brindado dos ejemplos de esta situación.

La balear confundió su cargo institucional con uno de representación partidista. Hizo un discurso alejado de su papel de tercera autoridad de España, para presentarse como una hooligan del sanchismo. En su mentalidad es lo correcto, pero en realidad es propio de un régimen dictatorial. ¿O es que otra cosa hacían los presidentes de las Cortes franquistas? Es cierto que España no es todavía una dictadura, pero es indudable que algunos, con sus palabras y formas, albergan un parecido más que razonable. Hizo bien el PP no aceptando esa usurpación de Armengol. No puede haber aplauso de cortesía con quien traiciona el cargo que desempeña. Lo contrario hubiera sido asumir que el PSOE es el Estado.

La segunda muestra autoritaria la protagonizó Simancas, conocido agitador del sanchismo y muñidor de pactos con Bildu. El madrileño, estadista fijo discontinuo, quedó turbado porque el Tribunal Supremo negó que Magdalena Valerio fuera una magistrada de reconocido prestigio y que, por tanto, pudiera desempeñar la presidencia del Consejo de Estado. Simancas protestó. ¿Quiénes se creen esos juristas para negarse a una decisión de Sánchez? El Congreso es “soberano”, dijo. Simancas, licenciado en Políticas, debería saber que una democracia se fundamenta en la negación del poder absoluto de cualquier institución, aunque sea el Parlamento.

La realidad es que el sanchismo está cada día más envalentonado. A Sánchez ya no le avergüenza decir en una entrevista en TVE que cedió a la amnistía porque necesitaba los votos de Junts para seguir en Moncloa. Es el descaro del que se cree intocable. Esto es lo peor que puede pasar en democracia, que un cargo político se considere al margen de la ley y libre de la censura de la opinión pública. Por eso niegan la legitimidad del CGPJ y del Tribunal Supremo frente a las decisiones del Congreso.

La situación descrita es lo que alarma a las democracias de la UE. Preocupa la negativa del Gobierno a aceptar el control jurisdiccional que ejercen las instituciones constitucionales. En Europa saben que tras la deriva autoritaria solo está el deseo de satisfacer la ambición personal del secretario general del PSOE, lo que desacredita a la democracia española.

Los socialistas quieren un Estado de derecho líquido, moldeable para satisfacer a Sánchez. No es una cuestión de chantaje nacionalista, sino de responsabilidad y ética. Esa coacción no sería posible si al frente del Gobierno hubiera un líder comprometido con el orden constitucional. Esa es nuestra desgracia. Tampoco tendríamos miedo al acuerdo traidor al que el PSOE y Junts puedan llegar, con la negación de los pilares de nuestra comunidad política, si previamente los socialistas no hubieran colonizado las instituciones.

El sanchismo nos empuja a una bancarrota moral, que es la antesala a la indiferencia general hacia las maniobras de los autoritarios. Al contrario, no es tolerable que se niegue la legitimidad de las instituciones judiciales o de la oposición porque no bendicen al Gobierno. Debería ser justo al revés, que su firme tarea de fiscalización fuera el orgullo de nuestra democracia.