El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presionará al PP para que apruebe la reforma de la Justicia que el Gobierno va a enviar a las Cortes y que, entre otros asuntos, dará a los fiscales la instrucción. Bolaños ha reiterado en varias ocasiones este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que quitarle a los jueces la investigación penal es parte de un acuerdo "de Estado" entre ambos partidos que data de 2001.

Es más, el ministro ha recordado que ya hubo dos intentos de dos gobiernos -uno socialista y otro popular- para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ambos ejecutivos plantearon ese cambio. Por eso, tras el portazo de Junts de este lunes, que anunció que rompe formalmente con el PSOE, el Ejecutivo mete presión a Génova.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que sustituirá a la norma de 1882 y se convertirá en la primera ley procesal penal de la democracia. El texto, según el Gobierno, busca "garantizar un sistema penal más moderno, ágil y respetuoso con los derechos fundamentales".

Lo cierto es que el principal cambio que introduce la LOECrim es que el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de la investigación penal, como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea. Con ello, el Ejecutivo pretende dotar al proceso de "mayor eficacia y rapidez, reforzando al mismo tiempo las garantías de todas las partes".

Aunque algunas asociaciones judiciales han puesto el grito en el cielo, porque aseguran que violenta la independencia judicial. Además, cuestionan que se haga ese cambio ahora que el máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, está procesado por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso de evasión fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña.

La ley crea también la figura del juez de garantías, encargado de velar por los derechos fundamentales durante la fase de investigación y de ejercer el control jurisdiccional sobre algunos aspectos procesales.

El texto, que pasa al Congreso para su tramitación parlamentaria, simplifica, según el Gobierno, los procedimientos para hacerlos más ágiles. Entre otras medidas, permitirá que los decretos más relevantes del fiscal puedan recurrirse directamente ante el juez de garantías. Además, la organización y especialización de los fiscales y la posibilidad de asignar varios investigadores a un mismo caso contribuirán a acelerar la instrucción.

El proyecto incorpora una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Entre los cambios que esboza, destaca que el mandato del Fiscal General del Estado será de cinco años y no coincidirá con el del Gobierno. Pero no se cambia el modo de elección, que recae en el Ejecutivo.

Moncloa defiende que se refuerza la independencia porque no podrá impartir instrucciones sobre casos concretos, y todas las comunicaciones generales con la Fiscalía deberán ser públicas y registradas. El cese del fiscal solo podrá producirse por incumplimiento grave o reiterado, y requerirá un informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

También se refuerza la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio al del FGE si cuenta con el apoyo de tres quintas partes de sus miembros. La designación de fiscales para cada investigación se realizará mediante un sistema objetivo y transparente, avalado por la propia Junta.

La norma establece además que, durante la investigación, la policía judicial dependerá funcionalmente del Ministerio Fiscal, aunque se mantendrá su jerarquía orgánica dentro de los cuerpos policiales.

El proyecto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Solo se aplicará a los procedimientos iniciados a partir de esa fecha; los anteriores continuarán rigiéndose por la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma no afectará al actual Fiscal General del Estado, cuyo segundo mandato concluirá en 2027.