El PP busca saltarse el veto del Congreso a su ley "antiokupa" con su plan en las comunidades donde gobierna

Desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, las okupaciones han pasado de 12.000 a 17.000 cada año, una subida del 39 por ciento. Hay 80.000 viviendas en España y hasta 25.000 sufren "inquiokupación", según los datos que maneja el PP.

Es por eso que el año pasado, el PP aprobó en el Senado su "ley antiokupa" para lograr que el desalojo sea efectivo en 24 horas, una iniciativa que lleva 48 semanas bloqueada en el Congreso de los Diputados. Con la norma impulsada, los populares quieren evitar que los okupas puedan acogerse al derecho a considerar la vivienda okupada como morada y así desbloquear las dificultades para el desalojo de los usurpadores.

Si bien, el PP se ha conjurado para evitar el veto del Congreso que dirige Francina Armengol a la tramitación de su ley, que podría contar con el apoyo, por ejemplo, de Junts. Además de plantear acciones en los parlamentos autonómicos y denunciar el freno de PSOE y Sumar a su ley, las comunidades gobernadas por el PP se han comprometido a frenar la okupación garantizando un sistema jurídico seguro. Frente a la inacción del Ejecutivo, los populares trabajan en la implantación de oficinas telefónicas de atención a víctimas de la okupación. En concreto, un servicio de atención a las víctimas de okupación con asesoramiento jurídico para los ciudadanos. Los populares también plantearán que las comunidades de propietarios puedan proteger la convivencia vecinal con un protocolo específico con acciones preventivas contra la okupación.

Un plan que ya puso en marcha con anteriorirdad comunidades como Madrid, con un teléfono que gestiona los avisos de okupación ilegal de viviendas. El objetivo es frenar los delitos relacionados con la okupación ilegal de viviendas y ofrecer seguridad a los propietarios de viviendas vacías. Andalucía o Castilla y León también disponen de este sistema. En Badalona, el alcalde Xavier García Albiol, que encarna su particular lucha contra la delincuencia y okupación en Badalona, ha sido pionero en la creación de la primera oficina antiokupación en Cataluña, donde ha logrado rebajar significativamente los delitos en este ámbito. Según los datos oficiales, desde su puesta en marcha se abortan en la localidad hasta 20 allanamientos cada mes. Durante el primer semestre del año de 2024 se redujeron un 14,6% el número de okupaciones consumadas en la ciudad.

El "modelo Albiol" interesa en el PP y así pudo conocerlo la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, la pasada semana. En una visita a Badalona reclamó poner en marcha la ley del PP para echar a los "okupas" en 24 horas, endurecer las penas, declarar nulos los empadronamientos que se lleven a cabo en una vivienda okupada y dotar a las comunidades de propietarios de los instrumentos necesarios para que puedan actuar frente a la okupación. "Tolerancia 0 con la okupación ilegal y bromas ninguna con el patrimonio que los españoles han conseguido construir con su esfuerzo y trabajo", aseguró la dirigente popular.