Las actas de las Comisiones Provinciales de Coordinación contra la violencia de género reflejan en su mayoría los problemas generados por el cambio de las pulseras telemáticas. Los fallos de estos dispositivos eran recurrentes pero también hubo problemas en las asignaciones de las víctimas en la provincia de Barcelona, según estos documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Así, la Comisión Provincial de Barcelona, desde su creación, ha mantenido solo tres encuentros. En el primero de ellos, el 20 de diciembre de 2023, no se trató el tema de las pulseras telemáticas pero sí en los dos siguientes.

En el último, correspondiente al 20 de junio de 2025, se reflejó por escrito los problemas que se están produciendo en el Centro Cometa. Tanto a las "dilaciones que se producen desde que se dicta la resolución judicial en la que se adopta la medida hasta el momento de la colocación del dispositivo, así como a los fallos técnicos por localizaciones erróneas e incluso manipulaciones de los mismos".

No obstante, la más llamativa se produjo el 19 de abril de 2024, a los pocos meses de que se pusiera en marcha el nuevo servicio de las pulseras telemáticas con el cambio de la empresa adjudicataria. En esa reunión, uno de los puntos del día, eran las incidencias en la instalación y el uso de estos dispositivos.

Este tema se puso de relieve a instancias de la decana de los Juzgados de Barcelona. La magistrada Francisca Verdejo Torralba afirmó que estaban realizando un informe por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, tras haberse detectado "algunas irregularidades en la implementación de los dispositivos".

"El objetivo inicial del informe era comprobar la adecuada aplicación y funcionamiento en todo el proceso de implementación de los sistemas de seguimiento, ampliándose el mismo tras recibir quejas desde diferentes Partidos Judiciales", señala una de las actas a las que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Estas quejas se clasificaron en dos grupos. "El primero relacionado con deficiencias técnicas propiamente dichas que se han ido solventado", señalaban en el acta de la reunión que se celebró poco después de la implementación de este servicio.

El segundo de los grupos se refería a la tardanza de los responsables desde que el órgano judicial acuerda la imposición de esta medida hasta que el personal de la empresa acude al Juzgado para dar cumplimiento. "Ello ocurre, especialmente en Partidos Judiciales alejados de las ciudades, así como en determinadas Islas tanto del archipiélago Balear como del Canario, donde desde el punto de vista económico es inviable la instalación permanente del servicio en aquellos lugares", determinaba el documento.

Los errores de las pulseras en Barcelona

"En la fecha de la reunión el informe definitivo no ha sido elaborado, al comprometerse la Comunidad Autónoma de Andalucía a realizar un informe detallado sobre estas cuestiones, informe que se hará público una vez elaborado. Se pone en valor que los nuevos dispositivos utilizan una tecnología mucho más avanzada que los anteriores, y, acorde con el estado actual de la técnica", sentencia el texto.

No obstante, uno de los problemas que provocaron estos dispositivos en Barcelona es que, tras la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de seguimiento, se asignaron de forma errónea a la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona el control de unas víctimas. Los miembros del Instituto Armado tuvieron que realizar una comunicación urgente a Madrid para que se rectificara dicha asignación.

Una situación que fue suscrita por el responsable de los Mossos d'Esquadra que acudió a la reunión. De la misma forma, el representante de la policía autonómica defendió que "no le constaba ninguna incidencia" y que había un total de 97 dispositivos colocados en la Comunidad Autónoma de Cataluña, "no habiendo novedad, entre los que posiblemente se encuentren incluidos aquellos que erróneamente se comunicaron a la Guardia Civil".

Este fue simplemente uno de los escollos más a los que se tuvieron que enfrentar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los fallos de estas pulseras eran un secreto a voces y llevaban más de un año publicados en las diferentes actas de estas reuniones donde se vislumbraban y se exponían los problemas que tenían las víctimas de violencia de género.