Casado sostendrá a Cosidó salvo que le señale la Justicia

Génova defiende su apoyo: «Bastantes linchamientos injustos hemos sufrido».

De todos los casos de corrupción que vuelven del pasado porque aún no han terminado su proceso judicial lo que más inquieta en el PP es la investigación sobre la presunta operación organizada desde el Ministerio del Interior para robar documentación en manos del ex tesorero Luis Bárcenas, y que resultaba comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo en la etapa de Mariano Rajoy. Este caso plantea a Pablo Casado un problema directo por la situación del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, ahora portavoz del nuevo PP en el Senado. Fue un nombramiento de Casado después de ganar el Congreso de julio en el que se decidió la sucesión de Rajoy.

Fuentes solventes confirmaron a este periódico que pese a que crece la presión por la «operación Kitchen», Casado «mantiene su apoyo» a su portavoz en la Cámara Alta, y que así lo seguirá haciendo salvo que haya una acusación formal e indicios sólidos. «La confianza es absoluta en tanto no haya algo judicial que le señale directamente. No hay ninguna acusación formal y tiene que haber indicios sólidos porque bastantes linchamientos injustos hemos sufrido», añaden las fuentes consultadas.

Casado está obligado a marcar un antes y un después con la etapa anterior en cuestiones clave como la regeneración democrática y la gestión de los casos de corrupción que han afectado al partido. En Génova reconocen que esto exige diligencia y contundencia en la aplicación del mantra de tolerancia cero con las prácticas que no sean ejemplares. Pero la nueva dirección ha tomado ya el pulso al partido y asume que también debe ser equilibrada para no cometer injusticias ni dar pie a que se entienda que el «número uno» sacrifica a los suyos sólo por protegerse a sí mismo. Además de lo que afecta a la situación política de Cosidó, el «caso Kitchen» plantea a Génova la amenaza de una guerra interna entre dirigentes de la anterior etapa para liberarse de responsabilidades en la «operación Kitchen» que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Todos los mandos implicados han reconocido que existió un dispositivo policial para espiar a Bárcenas y que se usaron fondos reservados para sufragarlo.

La clave está en señalar quién tomó la decisión de encargar esta operación y quién la ordenó directamente. Del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez dependía, por ley, el reparto de los fondos reservados, aunque lo lógico es pensar que decisiones de esta trascendencia nunca se adoptan sin consultar a los jefes superiores. A Cosidó le coloca en el centro de la diana su condición de director general de la Policía en aquella etapa, al mando teórico de los comisarios implicados en este escándalo. Pero él sostiene que no tomó ninguna decisión ni tenía información sobre el espionaje a Bárcenas. Dentro de la división existente en la Policía, puede decirse que Cosidó no tenía una buena relación con los comisarios implicados, mientras que Francisco Martínez sí mantenía un contacto frecuente y próximo con ellos.

Conjeturas y cruce de versiones hasta que no avance la investigación judicial. En el plano político, ni el Gobierno ni los otros principales partidos están haciendo causa mayor de este escándalo. Las malas lenguas apuntan a la figura del ex comisario José Villarejo, en prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en la denominada Operación Tándem. Dicen que nadie «hace herida» con el material de Villarejo porque los dossieres afectan también a los socialistas y a otras altas instituciones.