Casi el 60% rechaza dar un trato especial a Cataluña en la Constitución

La Constitución celebró ayer su 36º aniversario. Una efeméride cercada por las voces que consideran que la Carta Magna debe someterse a una profunda renovación para adecuarse a la realidad del siglo XXI con la que convive. Así se deduce de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, según la cual el 72,3% de los encuestados considera necesario que se acometa un proceso de reforma en el texto constitucional. Esta necesidad de renovación se impone ampliamente sobre la segunda opción –que no la considera indispensable– y que tan sólo anota un 17,3%, por el 10,4 por ciento que no sabe o no quiere manifestarse sobre este aspecto.

Teniendo en cuenta que uno de los principales argumentos que se esgrimen para someter a la Constitución a un nuevo proceso de refrendo popular es que no fue votada por muchos de los ciudadanos sometidos actualmente a su acatamiento, sorprende que sean –precisamente– los sectores generacionales que sí la votaron en el 78 los que lideren su proceso de renovación. La necesidad de una reforma constitucional se impone mayoritariamente en los tramos de edad de entre 45 y 64 años –76,2%– y en el de más de 65 años –75,8%–.

Si finalmente se alcanzara el consenso necesario para abrir «el melón» de la reforma, para la mayoría de los encuestados el proceso debería alcanzar una magnitud «importante». Así lo expresa un 56,7% de los consultados, mientras que el 23,9 por ciento considera que la modificación debería ser de carácter «leve». En este caso, es el sector joven el que lidera una reforma profunda de la Carta Magna –un 68,1% considera que debe suponer un cambio sustancial–, mientras que según aumenta la edad, las posiciones pierden fuerza y se decantan por la sutileza en las transformaciones.

La complejidad de acometer una reforma de estas características y el actual escenario de confrontación territorial hacen que la mayoría de los españoles considere imprescindible que este proceso de renovación constitucional se produzca apoyado en una amplio consenso. Ésta es la postura adoptada por el 65,3% de los encuestados, mientras que el 28,3 por ciento consideraría suficiente una «simple mayoría» para abordarlo. Todas las horquillas de edad se decantan por un escenario similar al de la Transición para acometer cambios en la Carta Magna, y las dudas –un 6,4% no saben o no quieren manifestarse al respecto– crecen entre los mayores de 65 años, con un 15%.

A pesar del ánimo reformista que imbuye a los españoles, todos coinciden en destacar lo positiva que ha sido la Constitución para España. El 74,8% valora la efectividad y eficacia de la Carta Magna y lo beneficiosa que ha sido para el país durante estos 36 años. Ahora sí, el texto constitucional se gana el favor de sus contemporáneos, que aunque defienden su reforma también valoran sus servicios durante su periodo de vigencia. El 80,9% de los encuestados de entre 45 y 64 años y el 80,7% de los mayores de 65 años la consideran buena para España. Sólo el 16,2% de los entrevistados se muestra crítico con la Constitución, residiendo el conato detractor en los sectores de menor edad.

El «hecho diferencial» de Cataluña

Uno de los factores que ha propiciado el debate reformista de la Carta Magna es el conflicto catalán, que busca con una mayor atribución de funciones y financiación obtener un mejor encaje de Cataluña en España. Ante esta cuestión, el 58,3% de los encuestados se muestra contrario a reconocer en la Constitución el «hecho diferencial» de Cataluña. Por contra, sólo el 28,7% entiende que el reconocimiento de la «singularidad catalana» sería positivo y un 13% prefiere no expresar su opinión al respecto. Son los menores de 30 años los que mayoritariamente apoyarían esta tesis –44,2%– sobre el 39,8 por ciento que considera innecesario dotar el texto constitucional de alguna diferenciación. Y es que son precisamente las desigualdades entre territorios lo que más recelos despierta entre los españoles. Un 80,9% no acepta que existan unas comunidades autónomas privilegiadas sobre otras, y sólo un escaso 14,4 por ciento es capaz de aceptar tal diferenciación.

Cuando el Estado de las autonomías se pone en entredicho y surgen voces que claman por convertirlo en un Estado federal, los españoles vuelven a reafirmarse en que prefieren para España el modelo actual –37,6%– o incluso uno nuevo en el que las autonomías gocen de menores competencias y que éstas sean asumidas mayoritariamente por el Estado –33,1%–. Aquellos que, sin embargo, abogan por la descentralización y por dotar a los territorios de una mayor autonomía competencial y financiera se sitúan como tercera opción –en el 20,7%– y un 8,6% prefiere no expresar su opinión al respecto. En cuanto al modelo territorial se refiere, surgen notables diferencias generacionales. Mientras que los sectores de mayor edad lideran el mantenimiento del sistema actual o innovar hacia un mayor intervencionismo del Estado, los sectores jóvenes abogan por la asunción competencial de los territorios en detrimento de la Administración central.

La polémica sucesión de la Corona

Además del ámbito territorial, existe otra modificación constitucional que siempre sale a colación cuando se trata la reforma de la Carta Magna. Es el polémico capítulo de la sucesión de la Corona en España, en la que se discrimina a la mujer y se favorece al hombre. Un 69,3% de los encuestados se muestra proclive a reformar esta suerte de «ley sálica» vigente en España, que perjudicaría a la actual heredera, la Princesa de Asturias, en caso de que en el seno de la Familia Real naciera un varón. Sólo el 16,3% no consideraría necesario abordar este asunto en caso de que se abriera la reforma de la Constitución, mientras que el 14,4 por ciento no entra a valorar esta situación.

Existe un amplio acuerdo entre todos los sectores generacionales en cuanto a que este asunto debe atajarse, siendo los encuestados de entre 30 y 44 años quienes se muestran, con un 73,8%, más contundentes en la reforma del capítulo sucesorio. Los mayores de 65 años exhiben una tendencia más tradicional, pues son los menos fervorosos en ésta defensa y los más proclives a mantener el capítulo actual.

Plena vigencia

Los artículos, a debate

Art. 57. Sucesión de la corona.

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.