Hacienda confirmó ayer al instructor del "caso Begoña Gómez" la existencia de una serie de irregularidades en cuatro de las adjudicaciones públicas que recibió la empresa de Juan Carlos Barrabés, Innova Next SLU.

El juez Juan Carlos Peinado había ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabase los expedientes de estas contrataciones públicos concedidas al empresario vinculado profesionalmente a Begoña Gómez y al que esta avaló, pero en otras adjudicaciones que investiga la Fiscalía Europea.

El pasado 17 de julio la Intervención General del Estado (IGAE) recibió la documentación de todas ellas y este pasado 30 de mayo envió al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid las conclusiones en que se apunta a varios incumplimientos de la ley.

Uno de los contratos señalados es de Red.es, entidad pública estatal dependiente del Ministerio de Transformación Digital, y los otros tres del Ayuntamiento de Madrid. Dos de estos últimos son de la época en que Ciudadanos dirigía la concejalía de Economía y Hacienda del consistorio madrileño y otro de cuando Manuela Carmena era la alcaldesa de la capital.

El que entregó Red.es a la compañía de Barrabés -que formaba una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con KPMG-, por valor de más de dos millones de euros, tenía como objeto "dar servicios de apoyo y asesoramiento" a la Oficina Acelera pyme.

En esta adjudicación pública, la IGAE ha detectado que pesaron más los criterios que dependen de un juicio de valor, que el precio por el que ofrecía prestar los servicios. Por ello, la valoración de los criterios subjetivos debió haberla hecho un comité de expertos o uno técnico especializado, ajeno al órgano de contratación.

Al no haberse hecho, la Intervención del Estado apunta a que se produjo un incumplimiento del artículo 146.2 a) de la Ley de Contratos del Servicio Público (LCSP).

En cuanto a las adjudicaciones concedidas por el Ayuntamiento de Madrid al empresario amigo de la mujer del presidente del Gobierno, la primera es de la época en que Manuela Carmena era alcaldesa con Ahora Madrid. En 2016 la coordinación general de la alcaldía contó con la mercantil de Barrabés para dar servicios de apoyo a la gestión del centro de innovación La Nave.

Aquí el problema formal detectado, pese a que no supone "en sí mismo un incumplimiento de la normativa aplicable", es que se deberían haber incluido en el expediente una justificación de por qué se exigió a los candidatos cumplir con un requisito de solvencia técnica o profesional.

En el segundo de la administración local madrileña ocurrió lo mismo que con el de Red.es: fueron más determinantes los criterios fruto de un juicio de valor que el precio que llevaba aparejada a su oferta. Y, por ello, según Hacienda, incurrieron en un incumplimiento de la normativa de contratación en la Administración Pública al no haber intervenido un comité independiente en la valoración.

Estos trabajos, encargados en 2020 a Barrabés, iban dirigidos a hacer del Centro de Innovación en Economía Circular de Madrid

(CIEC) "un referente en materia de innovación y desarrollo empresarial". Contrató a Innova Next la concejalía de Economía y Haciendo que, en aquel momento, dirigía el edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo.

También desde esta concejalía en manos de los naranjas se concedió en 2021 un contrato al empresario imputado para dar servicios de apoyo para la gestión y desarrollo de la factoría industrial del madrileño barrio de Vicálvaro. A cambio, se le pagaron más de 150.00 euros.

En este caso, el departamento de Redondo no actuó conforme a la normativa local que él mismo había impulsado en lo relativo a que no se obtuvo para su tramitación la necesaria autorización previa de la secretaría general técnica del área. Obligaba a ello el hecho de que los criterios técnicos contaban menos del 75% del total de los ponderados.

El Ayuntamiento lo niega: "Fue conforme al procedimiento"

Fuentes de la concejalía de Economía y Hacienda del consistorio madrileño aseguran a LA RAZÓN que en ningún momento se incumplió la Ley de Contratos del Sector Público.

Explican a este diario que tanto en la adjudicación del CIEC y la factoría de Vicálvaro se aplicó un procedimiento técnico administrativo avalado por informes técnicos de su área, los servicios de asesoría jurídica y la intervención municipal.