La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) traslada al instructor del "caso Begoña Gómez" que ha detectado irregularidades en cómo se adjudicaron una serie de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés.

A este se le investiga por la presunta relación entre sus negocios con distintas administraciones públicas y su vinculación a la mujer del presidente del Gobierno.

Concretamente, los funcionarios apuntan al juez Juan Carlos Peinado que hubo incumplimientos de la legislación en materia de contratación pública en el proceso que medió para que el grupo empresarial de Barrabés recibiese adjudicaciones del organismo estatal Red.es y del Ayuntamiento de Madrid.

En el contrato que recibió de Red.es se tuvieron en cuenta más elementos que dependen de un juicio de valor para elegir al empresario amigo de la esposa de Sánchez.

Por ello, la Intervención General del Estado señala que la valoración de los criterios debería haberla realizado un comité de expertos o un organismo técnico especializado, y no la propia mesa de contratación, tal y como ocurrió.

Esta entidad pública, que ahora depende del Ministerio de Transformación Digital, incumplió "lo dispuesto en el artículo 146.2 a) de la Ley de Contratación en el Servicio Público (LCSP)".

En otra adjudicación que recibió una de sus empresas del Ayuntamiento de Madrid -para el centro de innovación La Nave-, según el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN, debería haberse incluido en el expediente "de forma motivada las razones" que justificaron que se impusiese la "solvencia profesional" como requisito para la valoración de los candidatos.

Sobre un tercer contrato analizado, también concedido a Barrabés por el consistorio madrileño para un centro de innovación (el de Economía Circular), la IGAE expone que debería haber intervenido un comité de expertos -independiente al órgano de contratación, el ayuntamiento- en la valoración de las compañías concurrentes, ya que los criterios basados en un juicio de valor eran mayores que los técnicos. Por tanto, de nuevo, se vulneró lo que establece la citada ley.

Por último, hubo también irregulares en la tramitación de otra adjudicación que recibió el empresario imputado, también de la administración local madrileña, relativa a una factoría industrial ubicada en el barrio de Vicálvaro de la capital.

Como indica la auditoría, no se obtuvo la autorización previa de la secretaría general técnica de Economía del ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, cuando era imprescindible para llevar adelante el contrato porque los criterios técnicos eran inferiores al 75% del total que determinaron quién se llevaba la prestación de los servicios.