Caso hermano de Sánchez: la Diputación de Badajoz carga contra la juez por buscar “alguna ilegalidad” contra él

La Diputación de Badajoz cierra el paso a la juez que investiga al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ente, que lidera el socialista Miguel Ángel Gallardo, ha cargado duramente contra la instructora por sus diligencias para investigar el proceso de creación de la plaza de coordinador de conservatorios y su posterior adjudicación a David Sánchez. Al respecto, ha dicho que se trata de una investigación "prospectiva" en la que se busca algún "indicio de ilegalidad" contra el músico.

El ente, que ha cuestionado las principales líneas de actuación de la instructora Beatriz Biedma, desacredita el procedimiento penal por haberse impulsado a través de una querella de Manos Limpias con informaciones periodísticas. Al respecto, denuncia que nació con el foco puesto en un presunto enriquecimiento ilícito de David Azagra -nombre artístico del músico- y que la causa ha virado hacia la creación del puesto de trabajo tras no haber encontrado nada en ese terreno.

"Las resoluciones dictadas en el curso de la causa vienen a avalar la convicción de que nos encontramos ante una investigación prospectiva desde el inicio del procedimiento y que las diligencias practicadas solo han contribuido (...) sustancialmente a la extensión progresiva del ámbito del mismo", reza el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

"Una investigación prospectiva"

El ente se opone a la última tanda de diligencias acordada por la instructora a raíz de las recientes declaraciones. La juez Beatriz Biedma ordenó investigar el contenido del puesto de coordinador de conservatorios que creó la Diputación de Badajoz, solicitó información al Teatro Real de Madrid para conocer sus vínculos con el hermano de Sánchez y acordó citar a dos testigos. Se trata de Francisco Serrano, el sindicalista de CSIF que se opuso a la creación de la plaza y de Álvaro Jaén, quien fuera secretario general de Podemos en Extremadura.

La magistrada explicó que ambos testimonios eran relevantes para la causa. El primero de ellos porque el sindicalista se opuso a crear un puesto de alta dirección en tanto que ya habían ejercido dicho cargo anteriores empleados de la Diputación de inferior categoría y, el segundo, porque denunció irregularidades con el proceso de creación de la plaza.

De hecho, un exalto cargo de la Diputación confirmó que hubo cierto clima de malestar por las críticas de la formación morada. El diputado denunció públicamente entonces aspectos que ahora investiga la Justicia, tales como que todo el proceso de creación se hizo con oscurantismo, que el cargo no existía hasta la fecha, que las bases parecían haberse hechas a medida del hermano de Pedro Sánchez y que no hubo tribunal, "solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial", en referencia a Elisa Moriano.

La Diputación recurrió la decisión de la instructora, pero ella se mantuvo asegurando que eran diligencias pertinentes. Al respecto defendió que era necesario conocer las funciones exactas de la plaza de coordinador de conservatorios y que, en relación con el Teatro Real, se tenía que recabar dicha documental para esclarecer si el músico tuvo intereses concretos o no en que se eliminase su incompatibilidad.

Contra el exlíder de Podemos en Extremadura

"Si bien es cierto que el procedimiento se inició con una denuncia de Manos Limpias, la continuación del mismo ha sido motivada por los indicios de criminalidad derivados de la amplia documental que ha sido requerida a la Diputación, de las declaraciones testificales y de investigados practicadas y del análisis de los correos corporativos intervenidos. No puede afirmarse que la base de la investigación la constituyen 'recortes de prensa'", expuso la instructora.

Los servicios jurídicos de la Diputación han recurrido su auto, dejando la última palabra en manos de la Audiencia Provincial de Badajoz. En su escrito precisan que las diligencias acordadas solo buscan encontrar alguna ilegalidad contra el hermano del presidente del Gobierno. En relación con la testifical del sindicalista, la Diputación alega que se opuso a la creación de la plaza no porque fuera innecesaria, sino "por la política sindical de oponerse a la configuración de puestos de trabajo abiertos en su provisión a empleados ajenos a la Diputación Provincial".

Tampoco quiere que declare el exlíder de Podemos en Extremadura porque, según defiende, no tuvo nada que ver con todo el proceso de creación del cargo que se gestó durante meses en el ente. "Su interés testifical nos parece cuestionable con independencia de la crítica política siempre respetable que el mismo pudiera aportar", razona.

"Consideramos que la investigación prospectiva que se está llevando a cabo desde hace algo más de ocho meses no debiera siquiera haber sido iniciada", responde. Así las cosas, también ha cuestionado la incautación de los correos corporativos de los investigados en esta causa, entre ellos el propio David Sánchez y el presidente Miguel Ángel Gallardo. Este material permitió a la instructora apuntalar los indicios de la causa abierta por delitos contra la Administración Pública y concluir que la plaza se hizo "a medida" del hermano del presidente del Gobierno.