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Catalá anuncia que las órdenes a los fiscales tendrán que ser por escrito

El ministro de Justicia ha avanzado que la reforma del Estatuto Fiscal recogerá expresamente la prohibición de las órdenes verbales a los fiscales por sus superiores

El ministro de Justicia, Rafael Catalá (i), conversa con la diputada Margarita Robles, del PSOE, antes de comparecer en el Congreso.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá (i), conversa con la diputada Margarita Robles, del PSOE, antes de comparecer en el Congreso.larazon

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado hoy que la reforma del Estatuto Fiscal recogerá expresamente la prohibición de las órdenes verbales a los fiscales por parte de sus superiores, que serán siempre por escrito y, además, públicas cuando sean indicaciones generales de actuación.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado hoy que la reforma del Estatuto Fiscal recogerá expresamente la prohibición de las órdenes verbales a los fiscales por parte de sus superiores, que serán siempre por escrito y, además, públicas cuando sean indicaciones generales de actuación.

Catalá ha comparecido hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder a las 14 peticiones realizados por los grupos parlamentarios que, al contrario que en otras ocasiones, no han criticado duramente al ministro pese a las últimas polémicas que han salpicado al Ministerio.

En la comparecencia más corta de Catalá ante la Cámara -apenas dos horas-, el ministro ha hecho hincapié en las reformas que pretende presentar en los próximos meses, sin hacer más anuncios que el ya citado sobre el próximo Estatuto Fiscal.

Ha explicado que las órdenes verbales que se emitan a los fiscales por parte de sus superiores deberán realizarse por escrito y, además, deberán ser públicas cuando se traten de órdenes generales de actuación.

Dicha reforma del Estatuto Fiscal, en la que también pretende dar más protagonismo al Consejo Fiscal, irá en paralelo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incorporará la figura del fiscal investigador en sustitución del juez instructor. Ambas, ha precisado, se presentarán “en breve”, aunque no ha dicho cuando.

Catalá ha querido zanjar también la polémica sobre las supuestas presiones que le atribuye la oposición en el relevo de la cúpula fiscal y en la decisión de la Fiscalía General de no acusar al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica.

“El Gobierno al que pertenezco jamás ha dado ordenes ni instrucciones ni recomendaciones ni consignas ni ha impuesto ninguna exigencia de ninguna clase al Ministerio Fiscal”, ha dicho el ministro. “Tenemos una Fiscalía que no se deja intimidar por nada ni por nadie, una Fiscalía cien por cien autónoma y libre”, ha añadido.

Igualmente, ha pedido a la oposición que no le atribuya “irregularidades” que no ha cometido “en absoluto”, en alusión a la información reservada sobre la Púnica que conoció Sánchez.

Asimismo, Catalá se ha desmarcado del relevo en la cúpula fiscal abordado por la Fiscalía General del Estado e incluso ha rebajado la envergadura de dichos cambios, puesto que de las 35 plazas vacantes solo se han cambiado a cinco fiscales. “Decir que eso es una renovación masiva objetivamente no es muy adecuado”, ha añadido.

Catalá también ha dado su opinión sobre polémicas como las condenas a tuiteros, entre ellos la joven de 21 años Cassandra por publicar mensajes ofensivos con las víctimas del terrorismo, o la investigación abierta contra el cómico “Gran Wyoming” por descalificar la cruz del Valle de los Caídos.

El ministro ha advertido que “no es conveniente mandar el mensaje de que se penaliza el humor, se penalizan los chistes” y que lo que hace la justicia no es coartar la libertad de expresión, sino aplicar los delitos recogidos en el Código Penal a cada caso particular.

“Por hacer chistes o bromas en España no se condena a ningún ciudadano”, ha reiterado Catalá, porque el español es un sistema penal “afinado” y “garantista” con un poder judicial, comparable con las principales democracias del planeta, que lo garantiza.

Y ha afirmado: “Hacer contraponer el derecho a la libertad de expresión con el respeto a las víctimas, la no humillación a las víctimas del delito, de todo delito y muy en particular a las víctimas del terrorismo, es una dialéctica improductiva que no nos lleva a ninguna parte”.

De Cataluña, el ministro no ha renunciado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución al recordar que “está ahí” pero ha apostado por abordar el debate catalán desde el diálogo.

La oposición ha rebajado el tono duro hacia el ministro pero ha mantenido las acusaciones de “injerencia” del Gobierno en la Fiscalía y le han reprochado sus críticas a las fiscales de la Púnica.

Juan Carlos Campo del PSOE ha dicho que “hay otras formas de proceder” en relación a las manifestaciones de Catalá sobre las fiscales.

El portavoz de Ciudadanos, Nacho Prendes, ha calificado de “increíble” que “el ministro de Justicia se permita criticar a aquellos que están combatiendo la corrupción en primera línea de fuego”, mientras que el portavoz de Podemos, Jaume Moya, ha denunciado la “intromisión” de Catalá en el poder judicial.