Cataluña, la comunidad más visitada por el Rey

Felipe VI ha viajado a tierras catalanas en más de 50 ocasiones desde que se intensificó el órdago secesionista en 2012. Es un objetivo prioritario de su reinado y eje común de sus discursos.

Desde aquella llamada a los catalanes del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, para convertirse en los «constructores de la libertad» en las elecciones de 2012, Cataluña no ha descansado como escenario de la continua ofensiva en pos de la independencia de España de los gobiernos secesionistas. Esta situación permanente arrastra a la Jefatura del Estado a hacer continuas llamadas en favor de la unidad, como la de ayer con motivo de la celebración del aniversario de los Juegos Olímpicos, y una significativa implicación en la comunidad: si Don Felipe fue proclamado Rey en junio de 2014, desde que dos años antes comenzase la escenificación sin «pudor» de los intereses independentistas, ha visitado la región 51 veces, contando con la de ayer. En todos estos años se palpa en el entorno del Monarca que una de sus principales preocupaciones para el Jefe del Estado es la situación que se vive en Cataluña sin tregua, y sus más íntimos llegan a decir que «le duele». Desde pequeño, Don Felipe ha sido educado para defender la integración del país y es algo que lleva tan dentro de él como cuando se le empañan los ojos al entonar La Salve Marinera en los actos castrenses.

La última vez que el Rey habló con rotundidad a favor a la unidad de España fue con motivo de los actos en el Congreso de los Diputados por el 40 aniversario de la llegada de la democracia. «Ningún camino que se emprenda debe conducir a la ruptura de la convivencia», aseguró el Monarca. «Nadie debe volver a ser enemigo de nadie». La reacción no se hizo esperar: miembros de las juventudes de la CUP rompieron fotografías de Don Felipe para demostrar que «no es bienvenido a los Països Catalans», y Esquerra anunció su intención de presentar una moción para declararlo, nada más y nada menos, «persona non grata». Estas reacciones se engloban dentro de las habituales, ante las que Don Felipe ni se achanta ni puede hacerlo como símbolo de la unidad del país. Un día después, en los Premios Princesa de Girona, prometió que volvería para «reafirmar nuestro compromiso con los valores que han agrandado Cataluña».

El ayuntamiento de Gerona, donde gobierna Convergència, apoyada con el PSC, aprobó una moción en la que se instó a la Fundación Princesa de Girona a cambiar de nombre con cuatro votos de la CUP y otros tantos de ERC. Esta moción también solicitó el retiro de las distinciones de la ciudad concedidas en 1977 a Don Felipe cuando, siendo Príncipe de Asturias, asumió el título. Cuando años después fuera el momento de que la primogénita de Don Felipe, Leonor, ostentase el título de Princesa de Asturias, en junio de 2014, Puigdemont aprobó otra moción contra el uso del título. Estas iniciativas no alcanzan ninguna repercusión real, ya que la fundación es privada, pero sirven para manifestar públicamente su posición respecto a la Monarquía, exactamente igual que cuando se amenaza, año tras año, con el órdago independentista. A estas iniciativas hay que sumar que un ayuntamiento de Gerona, el de Breda, declaró el año pasado «persona non grata» a Don Felipe, alegando que el Monarca es el máximo representante de un «Estado que impide el libre ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña». El Rey, aunque no puede responder públicamente a estas ofensas, sí se percibe lo que opina de ellas en algunos intencionados saludos fríos a Puigdemont y a su entorno para que capten las cámaras las imágenes, o decisiones como la de no recibir en Zarzuela a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que quería comunicarle la investidura del recién proclamado presidente de la Generalitat. La postura que se ha defendido, y se defenderá, desde la Corona, es el máximo respeto por el funcionamiento de la Ley y la limitación que ésta concede al Rey en sus movimientos respecto a Cataluña. Aunque, si de convocarse un referéndum se tratara, el único que puede hacerlo es el Jefe del Estado, a propuesta del presidente del Gobierno y con la autorización previa del Congreso. Cualquier otra vía unilateral es ilegal. La Casa del Rey ha seguido un procedimiento distinto que se refleja en la evolución de visitas a la región, la que más ha visitado. En 2016, debido al bloqueo político, apenas se desplazó en cinco ocasiones, pero en lo que lleva de año se ha desplazado en cinco ocasiones, por lo que se espera que alcanzará la media de más de una decena en los años anteriores.