La Fiscalía Europea estrecha el cerco sobre el empresario Juan Carlos Barrabés y los altos cargos de la empresa pública Red.es por los contratos adjudicados a sus empresas en 2021. El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta a un "fraude de ley" con las licitaciones al socio de Begoña Gómez apuntala los indicios contra los investigados y abre paso a la recta final de la investigación.

Fuentes del ente europeo así lo confirman a LA RAZÓN después de que Hacienda haya remitido sus duras conclusiones sobre las licitaciones que fueron a parar a la firma de Barrabés por más de 8 millones de euros. De hecho, las voces consultadas explican que el peritaje de la IGAE, que se recibió en la Fiscalía Europea en junio, ha abierto la puerta a la práctica de nuevas diligencias encaminadas a acotar la actuación de los investigados.

Con todo, se descarta -al menos por el momento- que la causa se dirija contra Begoña Gómez. Aunque el peritaje sí menciona las cartas de apoyo de la mujer de Pedro Sánchez en favor de Barrabés e incluso sostiene que dichas recomendaciones se tuvieron en cuenta a la hora de adjudicar los contratos, la Fiscalía Europea descarta implicar en esta parte de las pesquisas a la esposa del presidente del Ejecutivo. El motivo reside en que no tuvo poder de decisión de las licitaciones.

Begoña, fuera de la investigación

Por su parte, Gómez sigue investigada por estos hechos en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado, quien le atribuye tráfico de influencias y corrupción de los negocios por mediar presuntamente para que Barrabés -que también fue profesor en el máster que impartió en la Universidad Complutense de Madrid- se adjudicara dos contratos a través de su firma Innova Next S.L.U. Además, en el procedimiento troncal contra Gómez se añaden también los delitos de intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; delito este último que se ha desgajado en una pieza separada y que se tramita conforme a lo contemplado en la ley del Tribual del Jurado.

En cualquier caso, la Fiscalía Europea mantiene el foco en los contratos de Barrabés tras meses de investigación a puerta cerrada por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Cabe precisar que las conclusiones de la IGAE sobre los contratos adjudicados a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley han sido determinantes al respecto.

El documento en cuestión se presentó ante el órgano europeo en junio (coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario en la causa) y en septiembre se derivó a la causa que sigue Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El mismo arroja serias sospechas de ilegalidad en la adjudicación de dos lotes de contrato sobre formación para el empleo juvenil en la economía digital y otro lote más de un contrato por el servicio de formación para desempleados.

No ganó la mejor oferta

El perito de Hacienda que evalúa estas adjudicaciones concluye que los pliegos de la licitación en vez de dar certidumbre al proceso, transmitieron información errónea a los licitadores y que tuvieron más peso los criterios no evaluables que los evaluables. De hecho, se determina que esta fórmula podría constituir un "fraude de ley" toda vez que habría incumplido el artículo 145.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

De hecho, incluso se determina que, de haber tenido en cuenta otros baremos más convencionales, el adjudicatario de estos lotes hubiera sido Altia Consultores S.A y no la UTE ganadora. La primera firma presentó una oferta de 2,9 millones de euros frente a la oferta de 3,6 millones de la mercantil de Barrabés, por lo que la correcta licitación hubiera supuesto un ahorro de 641.03 euros.

A mayores, el peritaje de la Intervención General constata que se han borrado los metadatos de los informes de valoración, por lo que no se dispone de evidencias de que dichos documentos fueran elaborados por las personas que figuraban en los encabezamientos. "Algunos de dichos documentos en los que no han sido borrados los metadatos parecen haber modificados en fechas posteriores a la emisión de los informes técnicos y a la reunión de la Mesa de contratación en las que se efectuó la valoración de las ofertas. En uno de ellos, figura una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo", precisa el peritaje.

La anomalía de las cartas de apoyo

Además, se reprocha que Red.es (que entonces dependía del Ministerio de Economía) no nombró un comité de expertos ni encargó la valoración de criterios subjetivos a un órgano técnico, lo que se traduciría en un incumplimiento de la ley. También se advierte que las cartas de apoyo de la mujer del presidente del Gobierno fueron relevantes en la adjudicación, pese a que en los pliegos no se reclamaron.

"Los 'acuerdos' y las cartas de apoyo no solo han sido valoradas positivamente en la valoración de la oferta de las (...) sino que, de la redacción de los informes de valoración se deduce claramente que no ofrecer dichos acuerdos o cartas de apoyo (la terminología no siempre es la misma) se considera algo negativo", avisa Hacienda, que concluye que tener en cuenta estos baremos para puntuar las ofertas se traduce en una "adulteración de la valoración técnica".