23-J
Cerco de Sociedad Civil Catalana a la Generalitat para que frene el uso del DNI independentista en 11 municipios
La entidad constitucionalista dirige un requerimiento al president Pere Aragonès
Hasta once municipios catalanes permiten hacer trámites municipales con el DNI independentista ideado por el Consell per la República, la plataforma de Carles Puigdemont. Y tras las quejas de la diputada en el Congreso del PP Llanos de Luna contra el Gobierno, ahora es Sociedad Civil Catalana quien ha iniciado acciones para frenar esta iniciativa del independentismo y ha dirigido un requerimiento al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
En concreto, en el documento remitido al president y firmado por Elda Mata, la entidad constitucionalista de referencia reclama comenzar una investigación sobre los convenios suscritos entre el Consell de la República y los once municipios para comprobar la realidad del uso del DNI independentista y tomar las medidas necesarias para impedir su utilización en cualquier tipo de trámites administrativos.
En concreto, los once municipios que han suscrito acuerdos con el Consell per la República de Puigdemont para hacer uso del DNI independentista son Vic, Olvan, Amposta, Santa Eugènia de Berga, Bescanó, Torres de Segre, Artés, Arbúcies, Amer, Sant Pol de Mar y Sant Feliu de Pallerols. Todos ellos gobernados por partidos separatistas y, algunos son de ERC.
Según argumenta Sociedad Civil Catalana, los acuerdos de los municipios con el Consell per la República "se inmiscuyen en el ámbito de las competencias del Estado Español pretendiendo constituir una identidad digital catalana diferenciada de la española". "Resulta del todo incompatible con lo que preceptúa el artículo 1 de la Constitución Española", aduce la entidad. Además, la entidad presidida por Elda Mata también recuerda que "existen precedentes jurídicos en casos similares", ya que en el año 2003, en el País Vasco y Navarra se resolvieron recursos contencioso-administrativos presentados por la Abogacía del Estado contra acuerdos municipales referentes a la expedición de lo que se denominó documento de declaración de la nacionalidad vasca. Los tribunales declararon la nulidad de esos acuerdos municipales.
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