Que mucha gente ignora lo que es un fiscal es uno de los problemas. Cuando era pequeña, como mi padre era letrado, me preguntaban mis compañeras de cole si era «abogado defensor» o «abogado acusador». Había cierto recelo en la pregunta y yo me quedaba perpleja –porque no sabía la respuesta– y cruzaba los dedos para que fuese lo primero, que me parecía más benéfico. Deseaba que mi padre fuese héroe, no villano. Esta ignorancia popular de lo que es un fiscal no ha mejorado mucho.

La Fiscalía General del Estado vela por las leyes y por lo público, nos cuida a todos, el fiscal es, en realidad, otro «abogado defensor». Que se dedique a robar los datos de sus protegidos es una barbaridad. Es como si el sistema hubiese empezado a perseguirnos. Nos ha dejado con el culo al aire. La izquierda explicaría que, «frente a los abogados de los ricos y explotadores, los fiscales son los defensores de todos». Pero claro, como precisamente la izquierda ha señalado a los jueces como enemigos, el fiscal corrupto ha pasado a caballero andante. Es el mundo al revés.

A la gente de la calle le da exactamente igual que imputen a un fiscal…quiere su pensión y trabajar menos horas. Lo que ignora es que la llegada del nazismo o del comunismo a los tribunales se produjo, no tanto por culpa de los jueces, cuanto por el sometimiento totalitario de los fiscales, que acataron el retorcimiento de la ley. Si caen los fiscales, caemos todos.

Con el caso García Ortiz, los abogados del pueblo han dejado de serlo. Ahora son comisarios políticos. Naturalmente, el dolor entre los fiscales es grande y real. La presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, Cristina Dexeus, me dice que un fiscal general investigado es una falta de respeto a todos los fiscales, que tienen el deber no sólo de ser impecables servidores de lo público, sino de parecerlo. «La imparcialidad no sólo significa la ausencia de prejuicios en el fiscal, sino también la apariencia pública de su inexistencia». Esto es como lo del cura que vive con una mujer, pero jura que no se acuesta con ella, no sirve. García Ortiz debería de haber dimitido tan pronto fue imputado. La normativa prevé que el fiscal investigado por un delito sea suspendido de empleo y sueldo, cuanto más si es fiscal general.

Como no ha sido así, están ocurriendo burradas sin cesar. Por ejemplo, que en el juicio del fiscal general haga de fiscal su subordinada, que es una aberración mental. O que la Abogacía del Estado se permita cargar contra la guardia civil que actúa como policía judicial (la UCO), o que el fiscal general diga sin rebozo mentiras sobre un protocolo para borrar teléfonos, o que se elimine el deber del fiscal de no intervenir en política. En definitiva, un enorme daño institucional. En el mundo del derecho y los tribunales lo saben y se avergüenzan. En el poder lo saben y se alegran de prevaricar. En la calle, el personal «pasa».

¿Qué hacemos? Pues le toca a la oposición explicarlo, y no parece que se le dé muy bien. Que los defensores del pueblo ataquen al pueblo parece menos grave que el que la ley ómnibus sea derrotada. Pero, yo me digo, si es posible convencer a algunos de que la financiación de Cataluña es un bien para todos (ahí está María Jesús Montero), o si es factible convencer de que la amnistía de Puigdemont es positiva para la paz social, ¿cómo no va a ser viable explicar al común que los fiscales son sus abogados defensores y que se los están robando? Los que han denunciado que los jueces son un chiringuito malsano, de niños pijos de derechas, le quitan ahora al pueblo su derecho de defensa. El chiringuito, pa ellos.