El choque en la coalición pone en jaque las leyes de Podemos

El Gobierno no se va a romper. Todas las partes implicadas así lo atestiguan –incluso manifestándose con una seguridad rotunda–, pero la coalición dista de tener buena salud. Aunque en la parte socialista se afanen en defender que «este Gobierno merece la pena», que tiene proyecto por delante y avances que consolidar, lo cierto es que el clima es irrespirable. Las diferencias habituales se trufan –con demasiada frecuencia– de deslealtades, que eclipsan la agenda del Ejecutivo o que, incluso, la ponen en jaque. Si Pedro Sánchez se había conjurado para aparcar las polémicas en este año electoral y silenciar el ruido interno, nada más lejos de la realidad. El principal foco de desestabilización política –con unos datos favorables en lo económico– sigue dentro de su Gabinete.

La reforma de la ley del «solo sí es sí», presentada sin la connivencia de Podemos, y también la ley de Bienestar Animal, que se vota mañana con riesgo de no prosperar, son el mejor termómetro para pulsar el grado de ebullición interna en la coalición. En el ala morada hay malestar ante lo que consideran un «examen continuo» a las leyes que proceden de ministerios de Podemos. Ya ocurrió, recuerdan fuentes del espacio, con la Ley Trans, un patrón que creen que se reproduce ahora con las dos leyes que tensionan al Gobierno. Leyes que han sido aprobadas en el seno del Consejo de Ministros y que el PSOE «busca cambiar para evitar las mayores transformaciones» en el Congreso de los Diputados. Los morados ven «estrategia política» en la decisión del socio mayoritario de poner el foco en las normas que llevan su firma y creen que el PSOE está tratando de «ahogar» la capacidad de acción de Unidas Podemos con fines electorales.

El presidente del Gobierno reivindicó ayer, en su discurso ante la Interparlamentaria del PSOE, a su partido, como «el partido de Gobierno» y recordó el «compromiso histórico del PSOE con el movimiento feminista». «Si algo ha caracterizado nuestra labor es que los avances en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres siempre llevaron la firma del Partido Socialista», dijo. Sánchez defendió la Ley del «solo sí es sí» como una «una buena ley», pero no ocultó que la rebaja de penas ha supuesto «un problema» que hay que «resolver». «Se han constatado efectos indeseados. Y me quedo corto», admitió gráficamente. El presidente hizo una llamada al «diálogo» con sus socios, pero zanjando que «vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común, lo que es correcto: defender el avance que supone la ley y corregir el problema».

Por su parte, en Podemos siguen atrincherados en su defensa del consentimiento. Ayer mismo, la ministra de Igualdad elevó el tono contra la ministra de Justicia, a la que acusó de querer volver al «calvario probatorio» y al «Código Penal de La Manada» al asegurar Pilar Llop que con solo una «herida» queda demostrado que no hubo consentimiento. En la pugna por la ley, se evidencia la soledad de Montero. Solo la vicepresidenta Díaz aplaudió su interpelación en el Senado, aunque siga en una calculada ambigüedad, poniéndose de perfil.

Por si este conflicto no fuera suficiente, mañana se vota la Ley de Bienestar Animal. Una norma con sello del Ministerio de Derechos Sociales y en riesgo cierto de decaer por falta de apoyos. Los morados exigen que el PSOE retire su enmienda sobre los perros de caza –a los que reconocen un trato diferente al de animales de compañía–, algo que no va a suceder. Los socialistas elevan el pulso, asegurando que Podemos no votará en contra de toda una ley por una enmienda con la que no están de acuerdo. Abonando ya en el relato de las culpas, los morados aseguran que ellos no dejarán caer la norma, pero recuerdan que los números no dan debido a la oposición frontal de los socios. Y es que los aliados parlamentarios tampoco están por la labor de salir al auxilio de la ley.

En concreto, Esquerra (13 diputados), ha evitado concretar el sentido del voto para este jueves, pero ya ha advertido de que no puede dar su apoyo a una ley que «olvida a animales que se utilizan como si fueran herramientas y luego se les olvida o se les asesina». En la misma línea, se expresan en Más País (2), que acusan al Gobierno de dejar más desprotegidos a los perros de caza que algunas de las leyes autonómicas, y Compromís (1), quien exige al Ejecutivo que reconsidere la diferenciación de trato de «unos animales y otros» que proyecta la normas. Ambas formaciones descartan, por ahora, su apoyo a la ley. Tampoco el PDeCat (4) está por la labor de contribuir con su voto a salvarla, porque considera que supone una invasión competencial.

Por su parte, los socialistas siguen inmunes a la presión, han trabajado la enmienda con el sector rural y saben que las 800.000 licencias de caza que hay en juego pueden comprometer los resultados electorales del PSOE en Castilla-La Mancha o Extremadura. «Sería tanto como perder las elecciones», señalan. Los morados, aun así, no prevén votar en contra de su propia ley, –que supondría la ruptura de la unidad de Moncloa en el Congreso y un incumplimiento del pacto de coalición– aunque tampoco desvelan el sentido del voto. Un debate que ya se ha dado en el espacio confederal. Ante la certeza de que el PSOE no retirará su enmienda sobre los perros de caza, en el grupo parlamentario existe debate sobre si votar en contra de su propia ley – lo que supondría desgaste para la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que vería naufragar una de sus normas estrellas– o dejar que la ley salga adelante tal y cómo está, como mal menor con la exclusión de los perros de caza de la norma, para evitar perder el control de otra ley morada más.