Hacienda pide recurrir al Gobierno de Chivite para rastrear el patrimonio de Santos Cerdán

La Agencia Tributaria ha advertido al Tribunal Supremo que la investigación patrimonial de Santos Cerdán quedará bastante "limitada" si no se recurre a la Hacienda Foral de Navarra. El ente indica al magistrado Leopoldo Puente que el que fuera secretario de organización del PSOE tiene declarado su domicilio fiscal en la localidad de Milagro, por lo que sería conveniente dirigirse también al Gobierno de María Chivite.

"El contribuyente sobre el que versa la petición declara su domicilio fiscal en Navarra. Por este motivo, la información de que dispone la Agencia Tributaria -y que será objeto de remisión a ese Tribunal- es limitada. Por las circunstancias anteriores, la petición de información que contiene el mandamiento judicial debería dirigirse también, en sus mismos términos, a la Hacienda Foral de Navarra", reza el escrito que firma el director de gabinete de la Dirección General de la AEAT, Iván J. Gómez Guzmán.

El documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, ya se ha adherido al sumario y se ha dado traslado del mismo a Leopoldo Puente, por lo que se espera que en breves el magistrado se pronuncie sobre dicha petición. Cabe recordar que el instructor del caso Koldo ordenó rastrear el patrimonio del exdirigente socialista cuando éste renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados.

El patrimonio de Santos Cerdán

La pérdida oficial del aforamiento hizo que el alto tribunal pudiera investigarle formalmente sin necesidad de tener que cursar el suplicatorio a la Cámara Baja. Por ese motivo, tras el movimiento de Cerdán, el magistrado dio luz verde a la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar toda la información bancaria y fiscal del que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez en el PSOE.

La Policía Judicial solicitó esta información a tenor de lo incluido en su último atestado, en el que estrechó el cerco sobre la presunta trama de amaños de obras públicas. Dicho informe, que se incorporó a comienzos de junio, implicó a Santos Cerdán en la trama otorgándole el papel de presunto cabecilla al controlar el reparto de las supuestas comisiones que habrían percibido de las empresas beneficiadas.

Por todo ello, la Guardia Civil solicitó al juez que reclamara información sobre todos los productos bancarios en los que Santos Cerdán figurase como titular o autorizado (a excepción de las cuentas relacionadas con el PSOE o con la Fundación Pablo Iglesias). En concreto, se puso el foco en una cuenta del BBVA, dos de Caixabank y otras dos de Caja Rural de Navarra abiertas entre 1975 y 2022 tanto a su nombre como al de su mujer y su hermana.

La vivienda de Milagro

La UCO pidió al juez que en su mandamiento precisara que se debe remitir todos los movimientos realizados desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad. Los agentes establecen el punto de partida en esa fecha por ser cuando se fraguó la primera de las adjudicaciones bajo sospecha en Navarra. Además, hicieron hincapié en que las entidades deberían incluir en su respuesta "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" en las que hubiera participado el Sepblac.

Del mismo modo, solicitó que se recabara de la Agencia Tributaria toda la información fiscal y bancaria que disponga del exdiputado socialista desde 2014 hasta la actualidad. El magistrado aceptó la solicitud y remitió el 20 de junio el mandamiento judicial a la AEAT. El Tribunal Supremo dio un plazo de 15 días al fisco para que aportara toda la información relativa a fondos de inversión, valores, bienes inmuebles, bienes en el extranjero, facturas, planes de pensiones, pagos del tesoro, declaraciones fiscales y hasta cajas de seguridad.

Sin embargo, la AEAT ha advertido al magistrado que su respuesta será "limitada" si no recurren a la Hacienda Foral de Navarra, ya que Santos Cerdán tiene declarado allí su domicilio fiscal. El "ex número tres" del PSOE certificó en su declaración de bienes y rentas del Congreso de los Diputados que disponía de una nómina de 79.184 euros, una vivienda en Navarra adquirida en 1994 que es a la que se refiere ahora la Agencia Tributaria, un Volvo XC60 y 47.000 euros en una libreta de ahorro.

Tras el rastro de las comisiones

La propuesta de auxilio a la Hacienda navarra se produces después de que la presidenta de dicha comunidad, María Chivite, prometiera la máxima colaboración de su partido con la Justicia. El gobierno de la Comunidad Foral se ha visto salpicado en estas diligencias dado que algunas de las adjudicaciones que ahora se investigan se licitaron desde el Ejecutivo navarro, como es el caso de las obras de adecuación del pabellón del Navarra Arena.

De hecho, los investigadores apuntaron en su último informe a la necesidad de ampliar el foco de investigación y situar el punto de partida en 2014, por ser el año que arrancó la supuesta trama delictiva que dio el salto a nivel nacional tras el aterrizaje de Koldo García en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos en 2018. De hecho, en aquel entonces se creó también Servinabar, la empresa que obtuvo las grandes licitaciones en UTE con Acciona y detrás de la que opera el empresario Antxon Alonso.

Esta firma también aparece ligada a Santos Cerdán a través de un documento que ambos firmaron por el cual Alonso le vendió el 45% de las participaciones a su "buen amigo". Ambos niegan la validez jurídica del documento asegurando que no lo llegaron a llevar ante notario, pero el magistrado lo considera clave en aras a acreditar el vínculo de ambos y el poder de maniobra de Cerdán con esta firma.

Con todo, las investigaciones patrimoniales se enmarcan en el objetivo de los investigadores de indagar el destino final de las mordidas. La UCO ha detectado un supuesto reparto de comisiones ligeramente superior al millón de euros pero considera que la cifra podría ascender a los cinco millones si se calcula un porcentaje mínimo del 1% de mordidas por obra adjudicada. Ahora mismo el foco se pone en casi medio centenar de cuentas bancarias (algunas de ellas en el extranjero) que podrían ocultar un supuesto desvío de las mordidas que habrían abonado los empresarios de la trama.