Cinco exdirigentes de ETA, a un paso del procesamiento por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Por el asesinato de Gregorio Ordóñez ya fueron condenados Javier García Gaztelu, «Txapote», Juan Ramón Carasatorre, «Jon», y el etarra arrepentido Valentín Lasarte, pero la Audiencia Nacional mantiene viva aún una investigación que señala a la cúpula de ETA y a su supuesta responsabilidad en el atentado. La instrucción de la causa –que dirige el juez Francisco de Jorge– apunta directamente a cinco exjefes de la banda terrorista: Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Julián Achurra, «Pototo»; y Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza», a quienes el instructor atribuye un delito de asesinato terrorista con agravante de alevosía. A todos ellos les considera responsables por autoría mediata –dado el dominio de la organización criminal que ostentaban, sin una orden de la cúpula etarra no se asesinaba a un político–. La investigación –que las acusaciones han pedido al juez que prorrogue, pues el plazo de instrucción concluye el próximo miércoles– está ya en su recta final, hasta el punto de que según las fuentes consultadas en las próximas fechas el juez De Jorge acordará el procesamiento de los cinco exdirigentes de ETA, tal y como le ha solicitado el PP, respaldado por el resto de acusaciones: la que ejerce la familia del edil asesinado (su hermana, Consuelo Ordóñez, consiguió en 2015 la reapertura de la causa); la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT); Dignidad y Justicia (DyJ); el Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo.

Para atribuir responsabilidad penal a los integrantes de la Zuba o Comité de Dirección de ETA en el momento de los hechos –Ordóñez fue asesinado mientras almorzaba en el bar «La Cepa» del casco viejo de San Sebastián el 23 de enero de 1995– resultarán determinantes las declaraciones de dos etarras arrepentidos que precisaron al juez Manuel García Castellón –que investigaba también el papel de la cúpula etarra en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco– que la decisión de atentar contra políticos «la tomaba el Comité Ejecutivo».

Aunque sus testimonios se realizaron en el marco de la investigación por el asesinato del concejal del PP en Ermua, se han incorporado a varias causas contra exjefes de ETA impulsadas por Dignidad y Justicia.

Según señalaron los dos exmiembros de la banda terrorista, la autorización de la Zuba «era necesaria» cuando se trataba del asesinato de un político, pero no cuando el objetivo era atentar contra policías, guardias civiles o miembros del Gobierno, acciones criminales que dependían directamente de los «comandos».

Tal y como consta en sus declaraciones, a las que ha tenido acceso este periódico, el «comando Donosti» no habría podido asesinar a Gregorio Ordóñez «de ninguna de las maneras» sin autorización del Comité Ejecutivo.

Según un informe de la Guardia Civil de 2015 –que ha resultado clave para el devenir de la instrucción judicial– los cinco exjefes de ETA investigados participaron al menos «en la toma de decisión del asesinato de Gregorio Ordóñez». Pero tanto «Mikel Antza», exresponsable del «aparato político», como «Iñaki de Rentería» (antiguo jefe de los aparatos «militar» y logístico de ETA entre 1992 y septiembre de 2000, cuando fue detenido) negaron al juez García Castellón por videoconferencia que tuvieran responsabilidad alguna en el atentado. Los otros tres imputados –que se encuentran en prisión por otras causas– se acogieron a su derecho a no declarar.

En noviembre de 2015, el juez Santiago Pedraz –antecesor de De Jorge al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional– acordó la imputación de los cinco exjefes de la banda terrorista. En esa resolución, el magistrado señalaba que fue «Kantauri» quien ordenó al «comando Donosti» asesinar al portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y hacía referencia de forma expresa a la reunión que mantuvo, en octubre o noviembre de 1994, en la localidad francesa de Bayona, con Valentín Lasarte (uno de los tres condenados por estos hechos) para conminarle a matar a Ordóñez.

En la medida en que –sostenía Pedraz– los cinco exdirigentes de ETA formaban parte de su Comité Ejecutivo desde mediados de 1992, tras la reestructuración que se vio obligada a acometer ETA por la detención de su cúpula en Bidart (Francia), y seguían estando al frente de la organización cuando el líder del PP en Guipúzcoa fue asesinado, participaron en la decisión de acabar con su vida.

El magistrado dejaba claro que era precisamente el comité de dirección etarra el que durante esas fechas «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».