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Ciudadanos intenta frenar la ampliación del permiso de paternidad

Pide un informe a los letrados del Congreso sobre su legalidad y el PSOE le acusa de traer el “tongo y el chanchulleo” a la Cámara

El diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, en una imagen de archivo
El diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, en una imagen de archivolarazon

La norma, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de abril, no ha podido ser calificada por la Mesa de la Cámara, que este jueves volverá a reunirse para examinar el dictamen de los letrados.

La entrada en vigor de los permisos de paternidad ampliados, prevista para el 1 de abril, está en riesgo. El Grupo Parlamentario de Ciudadanosha pedido un informe a los letrados de la Cámara para dilucidar si el decreto del Gobierno vulnera la normativa al modificar una ley orgánica a través de un decreto ley. “Tenemos dudas de que sea posible y no sea inconstitucional”, ha asegurado el representante de Ciudadanos en la Mesa de la Diputación Permanente, Ignacio Prendes, quien ha anunciado la petición del citado informe.

La Mesa de la Cámara se reunirá de nuevo mañana para valorarlo, pero desde el PSOE denuncian las “artes tramposas” de la oposición que “rayan el delito de prevaricación”. En concreto, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, ha defendido que “no hay precepto legal afectado” y que se modifica una “legislación ordinaria y no orgánica”, por lo que no habría conflicto. Simancas ha acusado a Ciudadanos de traer “el tongo, el pucherazo y el chanculleo de sus procesos internos, al Congreso de los Diputados” y ha considerado que lo que busca el partido de Albert Rivera es torpedear la aprobación de una de las medidas estrella del Gobierno. “PP y Ciudadanos no pueden evitar que los reales decretos leyes se tramiten”, ha dicho Simancas, anticipando que el Gobierno “trabajará” para su convalidación.

En concreto, el artículo uno del decreto ley recoge la modificación de dos artículos de esta norma en lo referente a la elaboración de planes de igualdad por parte de las empresas.

El Gobierno cambia el artículo 45 para extender hasta las empresas de cincuenta trabajadores o más la obligatoriedad de negociar y aplicar estos planes. Hasta ahora, sólo era imperativo para las compañías de más de 250 empleados, mientras que en el caso del resto era una iniciativa opcional, informa Efe.

Además, hay modificaciones en el artículo 46 para la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, dependiente de la Dirección General de Trabajo, en el que deben quedar registradas todas las compañías con este programa. Y se recoge el desarrollo de un reglamento que servirá para determinar las materias, las auditorías salariales y los sistemas de evaluación y seguimiento de los planes de empresas, así como lo relativo a la constitución, características y condiciones, inscripción y acceso al nuevo registro.