Comienza el «calvario» de Chaves y Griñán

El martes se inician las declaraciones en el Supremo, como imputados, de los cinco aforados por el fraude de los ERE.

Cuando se van a cumplir seis meses desde que el Tribunal Supremo admitiese a trámite la exposición razonada remitida por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya para investigar a cinco aforados nacionales por el fraude de los ERE, esta próxima semana comenzarán a declarar como imputados ante el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro. Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno podrán dar su versión sobre las presuntas irregularidades en las concesiones de ayudas sociolaborales y si, como sostenía Alaya, las conocieron e incluso, en función de sus cargos, también las tuvieron que autorizar. Todos ellos, como señalaba el instructor en el auto donde acordaba su citación, están citados en «realización con los actos realizados en el desempeño de sus funciones» con motivo de la concesión de «ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas» de Andalucía, «así como las prestadas a personas físicas». La citada magistrada cifraba en 855 millones el fraude, en un periodo comprendido entre 2002 y 2012,

El primero en acudir al Tribunal Supremo será el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía y actual diputado del PSOE José Antonio Viera. Lo hará el próximo martes, día 7; y, a buen seguro, tendrá que dar explicaciones sobre 317 millones de euros que, durante los años en que fue responsable de la citada consejería –entre los años 2000 y 2004, nombrado por Chaves– su departamento repartió entre ayudas sociolaborales, así como subvenciones a empresas y facturas de «hasta 40 despachos de abogados y mediadores» que intervenían en los expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis.

El jueves, día 9, y el martes 16, serán los días de «especial relevancia», pues le tocará el turno a José Antonio Griñán – quien dimitió de su cargo de presidente de la Junta de Andalucía y dejó en el mismo a Susana Díaz– y a Manuel Chaves, ex presidentes del Gobierno andaluz y bajo cuyos mandatos se cometieron, presuntamente, los mayores fraudes en las concesiones de esas ayudas. La jueza Alaya sostiene que tuvieron que conocer el desvío de fondos públicos que se estaba produciendo y de los que había advertido la Intervención: resulta imposible que «el consejero de Hacienda Sr. Griñán y el presidente de la Junta Sr. Chaves no trataran el importante menoscabo de fondos públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención, cuando estos datos eran objetivos y reales y figuraban en la Memoria de las Cuentas Anuales de IFA/IDEA –Instituto de Fomento Andaluz/Instituto de Desarrollo Empresarial de Andalucía– y en sus informes de auditoría».

Además, según se recoge en la exposición razonada de Alaya, si las órdenes de abril de 201, y marzo de 2012, reguladoras de las Ayudas Sociolaborales dictadas por la Consejería de Empleo

Orden de 1 de abril de 2011 y Orden de 16 de marzo de 2012, sobre los procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, en las que se vulneraba indiciariamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía –al asumir como propia una competencia que era del Estado–, fue porque se trataba «de una decisión política, cuyas directrices se marcaron por el presidente de la Junta de Andalucía», José Antonio Griñán.

En cuanto a Chaves y Griñán, su hombre fuerte y quien deberá declarar el próximo día 14, la jueza Alaya es contundente al respecto: la existencia del pago de estas sobrecomisiones –pagadas en las empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo–, «indiciariamente debía ser conocido y autorizado por el presidente de la Junta –Chaves en unos años concretos– y por la persona de su absoluta confianza, don Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia que le asesoraba en todas las decisiones de Gobierno» autónomo andaluz.

La última en tener que acudir al Tribunal Supremo para declarar por estos fraudes será María del Mar Moreno, quien fue consejera de Presidencia con José Antonio Griñán al frente de la Junta, quien comparecerá ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro el día 21. Alaya sostiene que si Griñán avaló la «decisión política» de las mencionadas órdenes de la Consejería de Empleo, Moreno prestó una «permanente asistencia política y técnica».

Por otro lado, el instructor del Supremo de esta causa ya advirtió recientemente que los aforados podrían responder por las acciones de sus «subordinados» en los hechos investigados. «Todo apunta a que una mayor o menor responsabilidad de los no aforados que formaron parte de las juntas de Gobierno de al autonomía andaluza podría afectar en mayor o menor medida a la de los aforados que investiga» el Alto Tribunal.