Conde acusa a Anticorrupción de silenciar las «pruebas ilícitas» de la UCO contra él

Se queja a Pedraz de que la Fiscalía amparó la citación de imputados y testigos a sus espaldas.

Tras la polémica atribución delictiva a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, en una adjudicación –que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco desestimó– y las quejas del ex ministro Rodrigo Rato sobre su actuación «absolutamente contraria a la legalidad» en la causa en la que se investiga el origen de su patrimonio familiar, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha topado ahora con Mario Conde.

El ex presidente de Banesto acusa a la Fiscalía Anticorrupción de proteger lo que considera una «clara y rotunda usurpación de funciones judiciales» por parte de la UCO, que tomó declaración a una decena de imputados y testigos sin autorización del juez Santiago Pedraz, en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional contra el ex banquero por el supuesto blanqueo de 13 millones de euros que procederían del saqueo de la entidad.

«La corrupción más grave –asegura Conde en un escrito remitido al magistrado el pasado día 22– no es necesariamente la económica sino, al menos en igualdad de posiciones, la violación de la ley al servicio de fines espurios. Y si esa violación de la ley se ejecuta por quienes han recibido el encargo constitucional de velar por su cumplimiento, la gravedad asciende en lo que en matemáticas se denomina progresión geométrica».

La denuncia se produce en un momento en el que está vacante la jefatura de Anticorrupción tras la dimisión, el pasado día 1, de Manuel Moix, quien precisamente tenía entre sus objetivos acabar con la extralimitación de funciones por parte de las unidades policiales de auxilio judicial (como sucede, por ejemplo, con la habitual imputación de delitos a los investigados) lo que según él llevaba en ocasiones a los fiscales a asumir a ojos cerrados las conclusiones policiales.

Conde deja entrever su intención de denunciar en los juzgados ordinarios, por usurpación de funciones y amenazas, al mando de la UCO responsable de las citaciones, a quien imputa una «violación flagrante de los principios capitales del ordenamiento jurídico». Su actuación, dice, estaba «orientada a construir pruebas ilícitas» para sustentar la acusación contra él «a la vista del desmoronamiento» de las conclusiones de su informe, que dio origen a la causa y que, se queja, fue asumido sin rechistar por los fiscales del caso.

Además, el ex banquero reclama a Pedraz que, en aplicación del artículo 35 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tramite la apertura de un expediente disciplinario contra el agente que acordó esas comparecencias.

Después de que dos abogados se quejaran a Pedraz de que la UCO había decidido citar «por su cuenta y riesgo» a testigos e investigados a sus espaldas, el instructor urgió el 31 de mayo a la Guardia Civil a cesar en esas prácticas y a ceñirse a los que les ordenase en sus resoluciones. Pero, en una providencia del 13 de junio, el juez incorporó a la causa la documentación remitida por la UCO, incluidas las actas de declaración de un testigo y una nueva «imputada» por blanqueo, organización criminal y frustración de la ejecución, y la justificación del responsable de esas actuaciones, el teniente Israel Neira, de que lo había hecho para «seguir avanzando en la investigación».

Para Conde, se trata de una «clamorosa ilegalidad» al haberse arrogado la UCO «la potestad de citar a testigos» y «crear imputados por delitos graves a personas respecto de las cuales no se ha formulado querella alguna», usurpando de forma «flagrante y dolosa» unas atribuciones que «sólo corresponden al juez instructor». Ante una actuación «tan demoledora», se malicia que el mando de la UCO «tal vez nunca se hubiera atrevido a ello sin contar con la previa aprobación» de los fiscales del caso, Elena Lorente y Miguel Serrano, a quienes acusa de extender, con su silencio, un «manto protector» para amparar ese comportamiento.